“Frenesí legislativo” o urgencia del cambio

El Obispo Alejandro Goic ha llamado “frenesí legislativo” al ritmo con que la Presidenta Michelle Bachelet busca cumplir con su programa de reformas apoyado por una amplia mayoría de chilenos.

Sorprende que Monseñor Goic – reconocidamente uno de los prelados con mayor sensibilidad en los temas sociales – desconozca el hecho que estos cambios constituyen un antiguo anhelo de la ciudadanía que en gran medida ha sido quien ha colocado en la Agenda política las transformaciones impulsadas por el gobierno.

La celeridad no es un capricho. Es asumir que Chile es uno de los países con mayores niveles de desigualdad que la exitosa lucha contra la pobreza, emprendida por las políticas reformistas de los gobiernos de la Concertación en veinte años, no logró modificar.

El país y la economía han crecido pero con una pésima distribución del ingreso y ello redunda en altos niveles de desigualdad que no son mas tolerables para la mayoría de los chilenos. La urgencia y la firme decisión de la Presidenta Bachelet de cumplir con su Programa tiene que ver con que la estabilidad política y el desarrollo del país pasan hoy por construir mayores niveles de igualdad , con tener una sociedad más integrada socialmente.

Para ello hay que terminar con el paradigma impuesto por uno de los modelos más extremos de neoliberalismo existente en el mundo donde el mercado y los negocios dominan en todos los ámbitos de la vida nacional incluidos aquellos que en otros países son bienes públicos que el estado debe garantizar.

Educación privada hay en todos los países, también históricamente en Chile y seguirá existiendo y haciendo un aporte a la formación de los jóvenes en diversos niveles. En el mundo y también en Chile hay miles de familias que pueden pagar una educación particular y escoger el carácter de ella y los valores que la impregnan. Ello está completamente garantizado en la reforma que impulsa el gobierno.

Lo que es desconocido en el mundo es que los privados lucren con recursos del Estado que debería servir para garantizar una educación pública de calidad para todos. El copago a la educación particular subvencionada es un subsidio del Estado que se transforma en utilidad para los sostenedores y ello es algo completamente anormal a nivel internacional.

El financiamiento compartido de las familias y del estado y el modelo en virtud del cual el sostenedor se apropia en forma de utilidades de parte de estos recursos, es decir lucra, no existe en ninguna otra experiencia comparable.

Terminar con el copago, el lucro y la selección, que segrega y discrimina a los niños desde su más pequeña edad, significa efectivamente un cambio de paradigma : la educación no es un bien de mercado cualquiera, es sobre todo un bien público porque de ella depende el futuro personal, familiar y del país y por ello debe ser consagrada como un derecho que el Estado debe garantizar.

En defensa del lucro privado en la educación se ha mentido para crear temor en los padres que tienen hoy a sus hijos en colegios particulares subvencionados.Lo planteado es que en un lapso de diez años el Estado reemplazará gradualmente el aporte de las familias construyendo un sistema de gratuidad universal.

Los sostenedores deberán convertirse en corporaciones sin fines de lucro, más allá de la remuneración que cada uno de ellos reciba y de los gastos de reposición y de gestión, el resto , con lo que hoy se lucra, deberá reinvertirse en el colegio.

Si el sostenedor desea mantener el lucro deberá renunciar a la subvención del Estado y transformar el colegio en una institución privada o cambiar de giro. Pero no se podrá lucrar con fondos del Estado entregados a la educación como no se lucra privadamente con ellos en ningún país del mundo. Se pone fin, simplemente, a una anomalía, a un sistema injusto y sin precedentes.

Con la misma celeridad se plantea la reforma tributaria para financiar la educación gratuita, se aumentan los impuestos de los que más utilidades reciben, se termina con franquicias inaceptables que hoy no tiene ninguna justificación y que de manera alguna pone en riesgo la inversión extranjera o nacional porque los márgenes de utilidades continuarán siendo muy elevados y Chile es un país legal e institucionalmente serio, estable, que da garantías al inversionista respecto de sus negocios.

Hay, por cierto, urgencia de aumentar el impuesto a la renta, terminar con el FUT, que es un préstamo, existente solo en Chile, que el Estado hace a los empresarios y del cual muchos han abusado abundantemente, normas contra la evasión y elusión, normas para el ahorro y la inversión, más atribuciones de fiscalización al SII , cuestión vital en el país de las trampas de los grandes grupos económicos.

De igual manera, terminar con el sistema electoral binominal y reemplazarlo por un sistema proporcional es urgente para dar mayor legitimidad al parlamento, lograr un respeto mas pleno a la soberanía popular y dar sentido al voto de los ciudadanos hoy tergiversado por un sistema ideado para subsidiar a la minoría o reproducir un empate permanente que impidiera justamente los cambios.

Es injusto calificar esta reforma, como muchas otras, en la categoría de “frenesí legislativo” toda vez que se han presentado más de una docena de proyectos de ley en los últimos veinticuatro años que siempre fueron paralizados o rechazados por la derecha y en especial por la UDI que es la principal beneficiada con el actual sistema.

Si no se cambia el sistema electoral y se mantiene el binominal el riesgo de una mayor desafección de la ciudadanía hacia el sistema político es mayor y con ello el aumento del abstencionismo que golpea fuertemente al sistema.

El voto es el elemento esencial que la democracia ofrece a los ciudadanos como factor de participación política. Si este se encuentra socavado por un sistema electoral excluyente, el ciudadano siente que su voto no cuenta, que no hay real competencia, ni certidumbre electoral, y que son los partidos los que realmente resuelven , como ocurre con el binominal. De allí la premura del cambio. Nada hay más importante que tener un sistema político representativo, participativo y transparente y el binominal es un enorme obstáculo para ello.

Ciertamente, como bien dice el Rector Carlos Peña la aprobación en las elecciones de un Programa no aprueba a la vez los medios como este se lleva adelante. Pero tanto Monseñor Goic como el Rector Peña deben estar tranquilos. La Presidenta Bachelet es demostrablemente partidaria del diálogo con todos los sectores políticos y especialmente con la ciudadanía.

El Parlamento no es un buzón. Es la sede para escuchar a todos, entre otros a las Iglesias y a las Universidades, para debatir, para introducir modificaciones que obviamente, y es legítimo de parte del gobierno y de la Nueva Mayoría defender el “corazón” de sus proyectos, no alteren el sentido de fondo respecto de lo que se pronunció la ciudadanía.

Por ello, la vocación de Michelle Bachelet por cumplir su Programa no puede ser confundida con un “frenesí legislativo”, ni con una política refundacional. Se trata, también en el ritmo, de responder a un deseo de los chilenos de que finalmente ahora se aborden las transformaciones largamente esperadas, se frenen los múltiples abusos empresariales, se establezca una sociedad más igualitaria y democrática.