El 5 de octubre de 2020, a un año del fatídico estallido social, el diputado Gabriel Boric exigió la salida del general director de Carabineros y llamó a presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior de aquel entonces, Víctor Pérez: "Desde el Frente Amplio exigimos salida inmediata de Rozas, respaldaremos acusación constitucional contra Víctor Pérez, y llamamos a intervención y refundación de Carabineros. Hemos hecho propuestas. No permitiremos más violaciones a los derechos humanos".
En otro comunicado, añadió: "Desde el Frente Amplio rechazaremos presupuesto de Carabineros hasta destitución de Rozas y renuncia de Víctor Pérez, como responsables de esta barbarie. Además exigimos refundación de Carabineros e intervención civil. Llamamos a la oposición a actuar unidos y sin medias tintas. (...) espero que esta vez a ningún parlamentario/a le tiemblen las cañuelas".
Ante la supuesta "acción criminal" de Carabineros de Chile producto del caso Pío Nono, del cual se comprobó la inocencia del uniformado, y que terminó absuelto por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Boric agrupo a sus huestes en base a supuestos, conjeturas y aprovechamiento político para trabar el presupuesto de Carabineros y exigir la renuncia de las principales autoridades de la seguridad pública. El tiempo y la investigación judicial han demostrado que gran parte de la "barbarie" que acusaba el en ese entonces diputado no provino de abusos u opresión de Carabineros contra la ciudadanía, sino que se ha demostrado que realmente fueron vándalos, delincuentes y verdaderos bárbaros romantizados por la ideología frenteamplista, los cuales a partir del estallido delictual, deterioraron la calidad de vida de los chilenos y sembraron la violencia en los espacios comunes en los cuales se respetaba el respeto y la paz social tan extrañada por estos días.
Peor aún, la pesadilla del crimen organizado transnacional combinada con la delincuencia común desatada que perdió el respeto a la autoridad, precisamente por los malos precedentes arrastrados desde el estallido y un gobierno inoperante e incapaz de resolver con eficacia la grave crisis de seguridad que enfrentamos, esa si parece ser realmente una barbarie.
Según la encuestadora internacional Gallup, Chile es el quinto país en el mundo donde la gente tiene más miedo a caminar sola de noche. Los portonazos, homicidios y asaltos con armas de grueso calibre abundan, y ya no solo en la capital, sino que en distintas ciudades de nuestro país. Si observamos con detalle la tasa de homicidios consumados registrados en 2023, ésta asciende a 6,3 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2022, la cifra fue de 6,7 homicidios cada 100 mil habitantes (en 2018, la tasa era 4,5). En las pasadas celebraciones de Fiestas Patrias, 37 personas fallecieron producto de actos de violencia, la mayoría a balazos. El escenario es tristemente deplorable, y el Gobierno parece estar en un mundo paralelo. La ministra Tohá respondió que estos eran "crímenes habituales" para estas fechas.
El famoso escritor Isaac Asimov alguna vez mencionó: "Nos acostumbramos a la violencia, y esto no es bueno para nuestra sociedad. Una población insensible es una población peligrosa". El problema es cuando aquella insensibilidad e irresolución surge de aquellos que debieran estar trabajando arduamente por limitar el avance de la criminalidad proponiendo medidas coherentes. Ni el Presidente, ni la ministra del Interior, ni sus equipos han demostrado resultados concretos frente a la barbarie que hoy enfrentamos en una crisis de seguridad pública sin precedentes.
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