La cuestión indígena, los plazos son breves

Con lluvia y frío, más de 2.000 personas, en su inmensa mayoría comuneros mapuches de la Araucanía y de otras regiones, acompañaron el ceremonial funerario del comunero mapuche Rodrigo Melinao. Circulan en la red virtual imágenes de videístas independientes que muestran las horas y el recorrido de los dolientes.

Debiera llamar la especial atención de los chilenos y especialmente del oficialismo y de la oposición, la masiva presencia de familias, adultos mayores, mujeres, niños y muchísimos jóvenes indígenas que forman parte de la masiva concurrencia.

La investigación sobre los sucesos que culminaron con la muerte violenta de Rodrigo, en la madrugada del 6 de agosto están en pleno desarrollo y no se debe descartar ninguna hipótesis.

Cualquiera sea la verdad, sin embargo, el hecho claro y definitivo es que para el Pueblo Mapuche el crimen de Melinao está inevitablemente inserto en un contexto de tensión y conflicto que el Estado ha instalado desde hace mucho tiempo en ciertas zonas de la Araucanía. Chiguaihue en Ercilla es uno de ellos.

Se trata de un territorio que tiene un largo historial de tensiones con hasta ahora cuatro mapuches asesinados: Carlos Collio (1962), Alex Lemun (2002), Jaime Mendoza (2009) y Rodrigo Melinao (2013).

En los tres primeros intervinieron civiles y policías. Claramente, entonces, no debe extrañar la masividad de los funerales de Melinao, en donde se ha expresado la profundidad de un reclamo por justicia que no ha sido escuchado de manera suficiente por la sociedad chilena y el Estado y que hoy es un indicador de una profunda indignación.

¿Cómo abordar esta delicada situación? ¿Cómo evitar que la legítima indignación se convierta en un detonante mayor político, ideológico y social? ¿Cómo responder para que Chile no entre en un escenario de conflicto étnico de mayor envergadura?

Primero se requiere comprender la nueva realidad indígena y abrir caminos no violentos para encauzar adecuadamente sus demandas de inclusión y reconocimiento de sus derechos colectivos.

El Estado chileno suscribió la Declaración Universal de DDHH Indígenas de Naciones Unidas el 2007 y se convirtió en Ley de la República (después de 18 años de espera) el Convenio 169 de la OIT.Contamos entonces con el marco jurídico pertinente.

Sin embargo el país se empeña en mantener una mirada de lo indígena propia del siglo XIX, sin entender que debemos cambiar el enfoque tradicional de pobreza por un enfoque de derechos.Esta mirada es todavía persistente en importantes sectores de la derecha y aún de la centro-izquierda.

Prueba de ello es que todavía los partidos políticos no logran incluir con decisión la representación indígena en sus plantillas parlamentarias. Y esto viene desde 1989 sin ningún cambio relevante de conducta. En suma, discriminación política.

Los Pueblos Indígenas de Chile no están pidiendo nada nuevo que no haya sido planteado ya con anterioridad. En consecuencia, es tarea de hoy saber reconocer las demandas y constituir una agenda de prioridades políticas para dar respuestas a los compromisos inconclusos e incluir a los indígenas en un nuevo proceso político. Los plazos son breves. En todo sentido.