La Polar: ¿El modelo no se toca?

Son dos las grietas que ha dejado al descubierto el escándalo de La Polar:

La primera, una normativa regulatoria que no es lo suficientemente exigente con los agentes supervisores para que ejerzan su labor con el detalle y rigurosidad necesarios; tanto los organismos de gobierno básicamente Superintendencias, como aquellos privados empresas auditoras y calificadoras de riesgo hacían su pega y emitían opiniones, que no reflejaban la realidad de la empresa, y que hicieron posible la colocación de emisiones de deuda o adquisición de acciones por actores institucionales, principalmente bancos y AFPs.

La segunda, se refiere a la normativa legal que permite entregar una tarjeta de crédito al sector no bancario en particular del retail y que además permite a las empresas renegociar las deudas impagas aplicando tasas de interés, multas, comisiones, montos de cobranzas, activaciones de seguros, DICOM y otras, que en definitiva, obligan a la persona a pagar con usura manifiesta la deuda contraída. Transformando en mejor negocio la excepción como debiera ser la mora, que la transacción real realizada.

Ambas situaciones requieren de ajustes a la normativa legal en el corto plazo, muchas de ellas por largo tiempo postergadas o congeladas como es el proyecto que obliga al retail a incorporarse a la consolidación de la deuda de sus clientes, ya vigente para el sector bancario, o como el estudio de la tasa máxima convencional, en que aparece razonable cambiar la base de los bancos privados al banco central y aplicar esa tasa a un monto máximo menor al actual, reglamentar las cobranzas y hacer transparente los seguros, son entre otros temas de la máxima prioridad.

No es explicable que hasta ahora no se conozcan sanciones a auditores y clasificadores de riesgo de la empresa, particularmente los segundos grandemente responsables de las inversiones institucionales de AFPs y Bancos.

Es evidente que la renegociación de deudas sin autorización del titular es un delito grave, tan grave como obtener lucro de instituciones que legalmente no están facultadas para eso.

No se explica porqué un gobierno que ha usado las urgencias legislativas con tanta manga ancha, no haya todavía informado a la ciudadanía de su timing respecto a los necesarios ajustes regulatorios que el modelo requiere.

Aún cuando para el Ministro de Economía esto sea un accidente, fueron justamente los accidentes con resultado de muerte los que obligaron al uso del cinturón de seguridad en los vehículos.

Cómo aseguramos que las personas paguen sus deudas sin ser víctimas de la usura, cómo fomentamos el consumo tan relevante para el modelo, impidiendo la exposición desmedida, y como aseguramos a los inversionistas institucionales que sus inversiones han sido bien hechas, es como pasamos del ideologismo excesivo de algunas autoridades actuales al pragmatismo necesario al bien común.

Es de toda lógica que el modelo requiere de otros cinturones de seguridad, aunque ya no sea tan puro ni tan casto.

Desde Facebook:

Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado

Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
Columnas recientes
Columnistas