La retroexcavadora del Estado en gloria y majestad
Concibo y trato aquí al Estado como la organización del bien común de un pueblo o nación. El pueblo de Chile desde la Conquista, pasando por la Colonia y la Independencia instaló una enorme organización para su bien comunitario.
Desde las escuelas parroquiales y organizaciones educacionales de la Iglesia Católica y luego de otras confesiones, y más tarde de la educación no confesional plural, al separar la Iglesia del Estado, en el plano educacional; el Servicio Nacional de Salud en el plano de la salud; las instalaciones de granjas de comuneros incluidas todas las de los amerindios, la reforma agraria posteriormente y las formas cooperativas de administrar la tierra, en el plano agropecuario y de relación con la tierra; los movimientos obreros, sindicales, de empleados públicos en la organización social; los colegios profesionales con la tuición ética en el plano gremial, y en muchos otros planos, hasta llegar a las formas políticas de preponderancia del Estado para atender a los problemas sociales y culturales o a las empresas del Estado para canalizar la producción y ganancias para todos en forma equitativa, justa, plural y al más bajo costo.
Esta enorme instalación estatal de propiedad de todos los chilenos, de un sistema social enormemente productivo, no tan sólo en bienes materiales sino en bienes socioculturales, civilizacionales y de desarrollo de la autonomía individual y comunitaria, desafortunadamente, fue vista como un apetitoso botín de guerra por la Dictadura-Cívico-Militar-pseudo-Neoliberal y por los gobiernos democráticos, que la sucedieron.
Más de 800 empresas del Estado (de todos los chilenos) que costó instalar y desarrollar decenas y centenares de años, con esfuerzos enormes de los trabajadores, fueron prácticamente regaladas a la empresa privada, sin el consentimiento de sus propietarios, es decir, de todos.
Una gran cantidad de tierra que, constitucionalmente, pertenece a todos (la tierra es propiedad del Estado reza la Constitución), mucha de ella en manos de comunidades de personas adjudicada legalmente por la reforma agraria, fue expropiada y entregada por la Dictadura y los Gobiernos posteriores a privados (explotación agropecuaria y forestal). No poca tierra pertenecía a la Araucanía creando el problema insoluble que todos conocemos.
No sólo se entregó tierra, se ayudó a la instalación de forestales con cerca de U$ 20 millones anuales, del bolsillo de todos los chilenos y sin su consentimiento, desde 1974 a 2014, a esas empresas forestales.
Más aún. Una gran parte, sino toda, la instalación de las clínicas privadas y la atención privada de la salud se sostiene hasta hoy con recursos salidos del bolsillo de los chilenos a través de FONASA y del Estado.
La Educación privada se instaló, matando, exonerando, exiliando a académicos de las universidades estatales, reduciéndoles el presupuesto drásticamente, obligándolas a financiarse por los negocios externos y reajustando salarios muy por debajo del alza del costo de la vida, con el objeto de dejarles plazas a las universidades privadas, a las que se les dio dinero estatal, incluso en cantidades superiores al que se da a sus universidades estatales; este dinero se les sigue regalando a través de la mal llamada “educación con gratuidad (CAE y muchos otros instrumentos)” sin el permiso de los contribuyentes .
Chile hipócritamente habla de gratuidad en educación, sabiendo todos que la educación gratuita no existe, porque es imposible y viola el primer principio de la termodinámica (conservación de la materia y energía); ésta es educación pagada por los gobiernos que fraudulentamente le sacan plata al erario nacional, sin la autorización de los contribuyentes, y no se atreven a decir pagada por el Estado en vez de gratuita porque esto implicaría inmediatamente decir que debe ser controlada por el Estado, ya que el que pone la plata pone la música.
Pero donde se descuadra este latrocinio al Estado, por su injusticia, es en el reajuste anual de todo el sector público incluido el educacional superior donde la situación es la más crítica.
La retroexcavadora del Estado constituida desde la dictadura y posteriores alianzas políticas, nunca ha dado un reajuste (excepto a Codelco y unas pocas empresas del Estado que todavía quedan) a los trabajadores del Estado de acuerdo al alza real del costo de la vida, de tal modo de estrangular por asfixia económica al trabajador estatal, especialmente al académico y al profesional, para que no le quede otra alternativa que irse al área privada.
La crueldad, al igual que ante las jubilaciones misérrimas, en esta caso ante sueldos miserables (comparados con trabajo equivalente en el área privada) se ve al argumentar, que ese estado de hambre y de falta de toda perspectiva de desarrollo humano profesional se justifica por el modelo económico, que no quieren reconocer como destructivo del Estado.
Nos dicen que todos los trabajadores del Estado tenemos que aguantarnos con salarios 3, 4, 10, 100 y hasta 1000 veces inferiores a los trabajadores del sector privado o a los de empresarios de esas instituciones, porque así Chile se mantendrá como “productivo” y con una alta ganancia que redundará en un mejor bienestar aún de aquellos a quienes se niega una participación es esa ganancia y en ese bienestar, los que deben aguantar esta situación en aras de mantenerla afín al llamado modelo económico.
Pero, la situación es insostenible y explosiva ya que hay una estampida de profesionales, técnicos, y personal capacitado desde el sistema público al privado. La harían los trabajadores si pudieran hacerlo. Son cientos y en algunos años han alcanzado a miles los médicos que migran anualmente del sistema público al privado y más críticamente en el caso de los especialistas.
Se ha querido la destrucción del Estado y se ha conseguido. Chile en este momento es un país sin Estado, los gobiernos lo han retro-excavado.
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