La universidad bajo asedio
El episodio que vivió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile debe ser catalogado como violencia política. Ocupar dicha categoría no es un capricho ni una forma de incrementar la gravedad del hecho de forma artificial. Por el contrario, asignarle el carácter político permite tomar en serio el asunto y diferenciarlo de otro tipo de violencia que exige otra forma de abordarla.
La violencia política tiene como principal objetivo anular o impedir que personas o un grupo de ellas participe en la discusión pública e influya en la toma de decisiones. A través de la fuerza ilegítima se busca imponer cierta agenda política que no puede alcanzarse a través del diálogo y el debate democrático. La democracia liberal descansa en la idea de que todos los seres humanos participen en igualdad de condiciones en los asuntos de la comunidad. Cuando un grupo se atribuye para sí el derecho de imponer sus preceptos bajo el uso de la fuerza física esa idea tan elemental se lesiona.
Desgraciadamente, este no es un hecho aislado. Basta aplicar un par de clicks para ver el historial de conflictividad en las universidades y advertir que allí se ha cultivado un espacio de intolerancia y violencia que solo se ha intensificado en las últimas décadas. La preocupación no solo reside en que una multiplicidad de autoridades hayan sido funadas y agredidas al interior de planteles de educación superior -con toda la paradoja que reviste que el espacio donde por naturaleza debe primar el diálogo y la búsqueda de la verdad esté repleto de estas lógicas-, sino que la respuesta política e institucional ha sido prácticamente inexistente.
La violencia política se ha expresado en ataques a autoridades, pero también en la lógica asambleísta que censura o amedrenta a quien piensa distinto y en las "tomas" como mecanismo de presión para imponer peticiones del mundo estudiantil. Estas últimas están ampliamente legitimadas en el estudiante de las universidades tradicionales y normalizadas en el mundo de las autoridades. Muchas de ellas ni siquiera aplican las atribuciones que les entrega la ley (por ejemplo, pedir el desalojo de los edificios), aun cuando todas estas acciones constituyen actos arbitrarios e ilegales. Es más, prácticamente todas las movilizaciones que incurren en estas herramientas exigen como condición negociadora la total impunidad para los involucrados, exigiendo que las autoridades no inicien los sumarios que por reglamento corresponde iniciar.
Solo el año pasado la Universidad de Santiago y la Universidad de Concepción (por nombrar algunas) enfrentaron largas movilizaciones que incluyeron usurpaciones de edificios institucionales. En esta última, se advirtieron episodios graves de violencia. Aunque no generó mucha repercusión pública, estudiantes le prendieron fuego al interior de la universidad a un muñeco que representaba al rector Carlos Saavedra, mientras gritaban "si no hay solución, quemaremos al rector".
Ante ese actuar temerario, la respuesta institucional ha sido débil. Las autoridades universitarias tienden a prescindir de la fuerza legítima del Estado para restablecer el imperio de la ley y el derecho a la educación de los estudiantes que se ven impedidos de ir a clases. Más bien, con el fin de no escalar el conflicto, prefieren renunciar a sus prerrogativas y acceden a negociar con estas medidas de presión bajo la mesa. Si no se admiten sus exigencias, por más que sean evidentemente excesivas y contrarias al sentido común, amenazan con intensificar las movilizaciones y extenderlas por meses, con todo el daño reputacional y educativo que eso significa para la institución.
De más está nombrar lo obvio: hay un ambiente de mucha hostilidad hacia quienes intenten oponerse a sus demandas, tanto académicos como el mismo alumnado. En las ocupaciones de edificios se impide regularmente a académicos y funcionarios ingresar a sus oficinas y desarrollar las clases con normalidad. Por su lado, los estudiantes que quieren ejercer su derecho a la educación asistiendo a clases, arriesgan interrupciones y funas en las inmediaciones de las salas. Estos episodios son más frecuentes de lo que uno podría pensar y están extremadamente normalizados; mientras tanto, la mayoría de los miembros de las comunidades universitarias ven con resignación cómo grupos minoritarios imponen por la fuerza sus términos y condiciones.
La agresión de la que fue objeto la ministra es solo el clímax de una cultura universitaria que relativiza la violencia y la utiliza para sus propios fines. Aunque en general son grupos minoritarios los que la usan como herramienta, han conseguido un poder real en el último tiempo. El problema, por tanto, excede por mucho a este episodio puntual; es solo el reflejo de la captura de la discusión política universitaria por parte de grupos que actúan por fuera de la institucionalidad. Este punto de inflexión nos debe llevar a trabajar, con todos los actores, para restablecer los mínimos civilizatorios de convivencia y la resolución pacífica de conflictos.