Más policías, ¿mejor seguridad?: el riesgo de las promesas fáciles
El anuncio de duplicar la dotación de Carabineros de Chile hasta alcanzar 90 mil efectivos operativos en un período de cuatro años puede sonar atractivo en el plano político, pero se desmorona rápidamente cuando se contrasta con la realidad institucional, presupuestaria y operativa del país.
No se trata simplemente de una meta ambiciosa; es, derechamente, una promesa que bordea lo inviable. Aumentar en tal magnitud el contingente policial no es equivalente a abrir cupos y esperar que estos se llenen. Implica transformar profundamente la capacidad de reclutamiento, formación y sostenimiento de una institución compleja. Pretender hacerlo en tan corto plazo supone ignorar las restricciones más básicas del sistema.
En primer lugar, el reclutamiento. Para alcanzar una cifra de esa envergadura, sería necesario absorber prácticamente a todos los postulantes disponibles, eliminando o reduciendo significativamente los filtros de selección. Esto no es un detalle menor: implica una caída inevitable en los estándares de ingreso, afectando directamente la calidad del personal y, por extensión, el desempeño policial. En un contexto donde la legitimidad de la acción policial ya enfrenta cuestionamientos, debilitar los criterios de selección parece una decisión particularmente riesgosa.
En segundo término, la formación. Carabineros de Chile no cuenta hoy con la infraestructura suficiente para formar simultáneamente a decenas de miles de nuevos efectivos. Aulas, residencias, instructores, programas formativos: todo debería expandirse de manera acelerada y masiva. Este tipo de crecimiento no solo es costoso, sino que también tiende a deteriorar la calidad del proceso formativo, generando egresados menos preparados para enfrentar escenarios cada vez más complejos.
A ello se suma una dimensión frecuentemente omitida en el debate: el costo real de "poner un carabinero en la calle". No basta con formar a un efectivo; hay que equiparlo, uniformarlo, dotarlo de tecnología, armamento y logística. Cada nuevo ingreso implica una inversión significativa y sostenida en el tiempo. Pensar en duplicar la dotación sin un aumento presupuestario proporcional -y permanente- es, en el mejor de los casos, ingenuo.
Pero el impacto no termina ahí. El crecimiento de la institución arrastra consigo presiones adicionales sobre sistemas asociados, como la salud institucional. El Hospital de Carabineros, por ejemplo, debería absorber una demanda considerablemente mayor, lo que exige nuevas inversiones en infraestructura, personal médico y capacidad de atención. Este tipo de efectos secundarios rara vez se incluyen en los anuncios, pero son determinantes para evaluar su viabilidad.
Ahora bien, aumentar la dotación no es, en sí mismo, imposible. De hecho, en el pasado se han impulsado incrementos relevantes durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, con metas del orden de 6 mil y luego 10 mil nuevos funcionarios. Sin embargo, incluso esos objetivos -mucho más acotados y realistas que una duplicación- enfrentaron dificultades importantes en su ejecución y no lograron cumplirse completamente. La experiencia reciente, por tanto, no solo demuestra que los aumentos son posibles, sino también que existen límites operativos concretos que no pueden ignorarse sin caer en promesas poco serias.
La seguridad no se construye con cifras grandilocuentes, sino con políticas públicas coherentes, sostenibles y técnicamente respaldadas. Prometer sin estar seguros de que se puede cumplir erosiona la credibilidad de las instituciones. Una política seria en esta materia requiere planificación de largo plazo, aumentos progresivos, inversión consistente y, sobre todo, una comprensión integral del problema.