Matar de hambre al Estado y un par de dogmas sin evidencia
Hay una expresión que los extremistas del ala más radical del Partido Republicano estadounidense convirtieron en programa político: "starve the beast", matar de hambre a la bestia. La metáfora, popularizada por el director de presupuesto de Reagan, David Stockman, designa una estrategia deliberada para reducir el tamaño del gobierno mediante recortes de impuestos que priven al Estado de ingresos, forzándolo así a achicar sus programas sociales. Su formulación más descarnada la ofreció el lobista Grover Norquist, quien sintetizó el objetivo en una frase que se hizo célebre: "La meta es reducir el alcance del gobierno drenando su fuente de vida".
Muchos analistas y políticos norteamericanos calificaron esta doctrina como una de las más perniciosas de la historia fiscal, responsable del incremento explosivo de la deuda estadounidense desde los años '80.
Lo que pocos recuerdan es que la evidencia empírica pulverizó esa tesis hace décadas. Un par de ejemplos: estudios de William Niskanen ("la ilusión fiscal") y Peter Van Doren, del Cato Institute, mostraron que hasta el año 2000, recortar impuestos no redujo el gasto, sino que lo incrementó. En la misma dirección, Christina y David Romer, del National Bureau of Economic Research, encontraron en 2007 que los datos no sostienen en absoluto la hipótesis de que las rebajas impositivas frenen el gasto; por el contrario, sugieren que podrían incrementarlo.
La curva de Laffer -argumento teórico de cabecera de quienes justifican rebajas tributarias como si fueran autosuficientes en ingresos- no corrió mejor suerte empírica. El propio George H. W. Bush la ridiculizó en 1980 al denominarla "economía vudú": la afirmación de que recortar impuestos conjuraría un milagro económico tal que los ingresos fiscales incluso aumentarían. Las décadas siguientes le dieron la razón. En el primer mandato de Reagan, los ingresos tributarios cayeron del 19,1% al 17,2% del PIB, mientras el gasto subió del 21,6% al 22,2%; con George W. Bush, los ingresos bajaron del 20,1% al 17,1% del PIB, mientras el gasto subió del 17,6% al 20,2%. En ambos casos, el déficit fiscal se disparó.
La evidencia más sofisticada disponible apunta en la misma dirección. Se estima que hoy la mayoría de los países desarrollados opera por debajo del punto de maximización de ingresos tributarios, lo que avalaría argumentos para subir -y no bajar- las tasas. Dicho de otro modo, el escenario en que bajar impuestos aumenta la recaudación es la excepción, no la regla, y requiere condiciones muy específicas que raramente se dan en economías como la chilena, donde las tasas distan de ser confiscatorias.
Llama la atención que algunos estrategas del nuevo gobierno chileno orbiten, sin matices, alrededor de esta misma configuración ideológica -aunque aún con la cautela táctica de no nombrarla explícitamente-, ya que el terreno local difícilmente soporta ese argumento. El gasto del gobierno central chileno en 2024 alcanzó el 24,8% del PIB, cifra que, leída en perspectiva comparada, es modesta: el promedio de gasto total de los países OCDE, incluyendo todos los niveles de gobierno, ronda el 43% del PIB. En síntesis, Chile no tiene hoy un Estado de tamaño desmesurado.
El daño, sin embargo, no se agota en la aritmética fiscal. Una rebaja tributaria en impuestos progresivos que no se compense con el alza de otros impuestos redistributivos existentes o con el establecimiento de nuevos tributos de esas características, produce efectos regresivos que la retórica del crecimiento milagroso suele silenciar. La estructura de los sistemas tributarios hace que los recortes beneficien desproporcionadamente a quienes más tienen: rebajas al impuesto a la herencia o a las utilidades empresariales concentran sus ventajas en los deciles superiores, mientras el grueso de la población -que tributa principalmente vía IVA- percibe un alivio marginal o nulo. El resultado dista de ser políticamente neutro: es una transferencia encubierta desde el presupuesto público hacia los estratos más acomodados. Sobran los ejemplos comparados. En Chile, donde el sistema tributario ya descansa sobre impuestos al consumo y donde la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada, pese a los avances conseguidos en democracia, el riesgo distributivo de una rebaja sin contrapeso no es mera especulación.
A pesar de los avances en la reducción de la desigualdad gracias al gasto social, la sostenibilidad del modelo chileno dependerá de la capacidad del Estado para mejorar la eficiencia del gasto y garantizar fuentes de financiamiento sostenibles. Aquí se encierra el verdadero dilema, que no consiste en si el Estado debe ser más pequeño, sino en si puede ser más eficaz.
Lo anterior no exime a la oposición democrática y reformadora de responsabilidades. Una postura meramente defensiva del gasto -"lo que hay que defender es lo que existe"- resultaría intelectualmente perezosa y políticamente insuficiente. Hay un problema real, aunque distinto de la quiebra del Estado que los ultraliberales criollos vocearon hasta hace unos días.
El Consejo Fiscal Autónomo lleva años documentando con rigor lo que denomina "estrés fiscal". En su último informe de marzo de 2026, el organismo concluyó que el balance fiscal estructural de -3,6% del PIB representa un desvío de 2,5 puntos porcentuales respecto de la meta original de -1,1% del PIB, y advirtió que no se trata de un fenómeno coyuntural, sino de la expresión de errores reiterados en la proyección de ingresos fiscales durante años consecutivos. El CFA fue más lejos: en 15 de los últimos 17 años, Chile ha registrado déficits estructurales, lo que configura un patrón, no un accidente.
El estrés fiscal no es la quiebra del Estado, pero sí una señal de que las holguras se han estrechado peligrosamente. El gasto compatible con la meta de balance estructural en el período 2026-2029 estaría en torno al 24,9% del PIB, cifra muy similar al gasto ya comprometido, lo que implica escaso margen para implementar nuevas políticas o responder a shocks adversos.
Frente a este cuadro, la respuesta inteligente no es la hemorragia impositiva ni el desmantelamiento del aparato público, sino un programa serio de calidad del gasto: combatir la corrupción, eliminar el despilfarro y revisar la asignación de recursos. La propia OCDE estimó que, mejorando la eficiencia del gasto, Chile podría obtener ahorros reales y sostenidos a mediano y largo plazo mediante revisiones selectivas en áreas como gastos operativos, tecnologías de la información y gestión de personal: una palanca concreta que apunta en la dirección correcta.
Ese es el campo donde debería librarse el debate: no entre quienes quieren matar de hambre a un Estado que en Chile solo come lo indispensable, sino entre quienes discuten cómo lograr que ese Estado invierta mejor lo que recauda, redistribuya con mayor eficacia y recupere la confianza de una ciudadanía que desconfía de la política no porque el Estado sea demasiado grande, sino porque no siempre le resuelve los problemas más apremiantes.
La crisis de representación y la desafección política tienen raíces distributivas e institucionales. Revertirlas exige un Estado más capaz, no uno más delgado. Esa diferencia no es baladí: es la que existe entre política y dogma. Porque cuando el Estado falla en distribuir y representar, el espacio que deja vacío no lo ocupa la virtud cívica: lo ocupan los discursos antipolítica y los outsiders que prometen demoler lo que no funciona y los ultraliberales que llevan décadas esperando exactamente esa oportunidad. Reducir ese margen es también tarea de la oposición democrática y reformadora, y no la menos urgente.