Piñera: la bofetada de abril

La Encuesta ADIMARK del mes de Abril es el peor resultado obtenido por el Presidente Piñera y llega en un muy mal momento ya que el gobierno esperaba iniciar, en un clima político de mayor adhesión ciudadana, el relanzamiento de sus políticas.

Pesan en esta fotografía la mala evaluación en los llamados atributos blandos del Presidente, es decir, la escaza credibilidad, confiabilidad y afectividad que la ciudadanía tiene hacia él.

Ellos adquieren, respecto de Piñera, una importancia muy significativa puesto que el Presidente más que concentrarse en los atributos que efectivamente tiene, y que lo han transformado en uno de los empresarios más exitosos del país, busca notoriedad comunicacional para ganar en la esfera de la subjetividad donde difícilmente podrá penetrar.

Un líder podrá no ser querido, esto no se compra ni se impone, nace simplemente, pero podrá ser respetado por su sobriedad, valorado por su seriedad política y su esfuerzo en beneficio del país y es a esto que debe apuntar Sebastian Piñera aún a costa de renunciar al estilo personalista, mediático y grandilocuente que reviste su forma de gobernar.

Se produce, además, un arrastre hacia abajo en la evaluación del gobierno por temas sensibles para la opinión pública como la más absoluta falta de transparencia con que ha sido abordada la tragedia de Juan Fernández, o el tema de la salud, donde Mañalich aparece fuertemente cuestionado por la gravedad de los hechos que acecen en la Posta Central y donde el Ministro jugó a ocultar la información a la población.

O en educación, donde la gestión del Ministro Beyer se deteriora porque la gente siente que no se dan respuestas efectivas a los temas de fondo del cambio del modelo educacional impuesto por la dictadura y que ha sido planteado por las movilizaciones estudiantiles y, también, por la mala evaluación de la conducción económica porque, pese al crecimiento de la economía y del empleo, la ciudadanía siente que está peor, que este crecimiento no implica un mejoramiento en las remuneraciones y por el contrario observan un deterioro de su calidad de vida en virtud de las alzas en los combustibles, alimentos, transporte e inflación en general.

Pesan también en este resultado la mala evaluación del gobierno en temas como delincuencia en el país y el transporte en la Región Metropolitana, que resultan agobiantes para la vida cotidiana de las personas, y que debían ser, de acuerdo a las promesas , elementos de diferenciación fuerte de este gobierno respecto del pasado y donde no se observan resultados, lo cual es catastrófico para quien prometió soluciones rápidas en ambos aspectos.

Hay, también, un deterioro en los datos duros de los atributos del Presidente, especialmente en la evaluación de su capacidad para solucionar los problemas del país, en su autoridad y liderazgo.

Un aspecto preocupante es la mala evaluación y el verdadero castigo de la opinión pública al equipo político del gobierno, que es el que debiera servir de protección al Presidente, y cuya gestión es cuestionada básicamente porque la ciudadanía no percibe que este sea capaz de dar conducción política al gobierno y al país.

La propia reforma tributaria, anunciada como un elemento estratégico de la segunda fase del periodo, no cambiará positivamente la evaluación del Presidente y del gobierno ya que se trata solo de un ajuste tributario que está muy lejos de lo que el país de hoy espera y porque se internaliza en la población que ella no comporta un cambio sustantivo en la tributación, que no se afecta a las utilidades de las grandes empresas, que no influirá en el tema de mayor igualdad en la distribución de ingresos y que ella no favorece a las capas medias.

Es decir, la reforma tributaria del gobierno no logrará el impacto que  pretende porque hay una gran distancia entre las expectativas de una población más informada y el proyecto real enviado al parlamento.

El tema a resolver, por tanto, no es esencialmente comunicacional sino político. El Presidente genera en sus anuncios grandes expectativas que posteriormente no se cumplen o quedan a medio camino.

Este es un gobierno que tiene además una escasa capacidad de controlar e imponer su agenda y que opera más bien de manera reactiva, sin línea estratégica y sin capacidad de conducción política.

Por ello, con este resultado al inicio de lo que debía ser la segunda fase de su mandato, el Presidente debiera evaluar un rediseño de su equipo político para hacer frente al descontento y trabajar por definir una estrategia acorde con los principios del gobierno pero que tenga en cuenta la profundidad de las demandas sociales.

El síndrome del “pato cojo” golpeará seguramente con fuerza al ejecutivo, puesto que cuando un Presidente y un gobierno tienen una baja adhesión, la disputa dentro del gabinete por la candidatura presidencial lo debilita aún más, pues divide, genera una competencia que tiende a tergiversar la gestión gubernamental, a instrumentalizarla y, sobre todo, porque este es un tema que hoy no interesa a la población que cree que los ministros son pagados para preocuparse de sus problemas.

Este es un aspecto no menor de la conducción política que el Presidente debe ordenar o resolver de manera definitiva

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