Proyecto constitucional de Kast: el lobo vestido de oveja, es siempre lobo

Estamos viviendo una situación difícil, por cuanto se ha ido revelando la verdadera naturaleza del gobierno de José Kast. Muchos veían con recelo un gobierno de ultraderecha, pero la sonrisa del candidato, el apoyo de Matthei, de Evópoli y de muchos autodenominados centristas, más los votos nulos que no fueron pocos, terminaron dándole a Kast un porcentaje espléndido. Él lo interpretó como un apoyo a su programa, cuando en realidad era miedo o rechazo a la candidata comunista.

A poco andar y con dos macroproyectos, se ha caído la careta de gobierno moderado para proponer la reinstalación de los estilos y parámetros que caracterizaron al pinochetismo, ahora con un ropaje de apariencia democrática. Yo fui de aquellos que nunca le creyó y no me sorprende lo que está haciendo. Era cuestión de tiempo.

El diseño pinochetista

He sostenido en diversos artículos que el proyecto del gobierno de Kast se sustenta en el diseño político, social y económico del gobierno cívico-militar de facto, que se vio interrumpido por el inicio del gobierno de Aylwin. Si bien en 1990 la nueva autoridad detuvo el diseño social y atenuó el político, mantuvo en sus líneas principales el proyecto económico con sus consecuencias culturales y morales respecto de las personas y la sociedad en su conjunto.

Desde ese momento, las candidaturas derechistas posteriores (Alessandri, José Piñera, Joaquín Lavín, y otros precandidatos que no llegaron a puerto) intentaron reponer el modelo, yendo fracaso tras fracaso. Sebastián Piñera concentró su quehacer en lo económico e intentó en sus dos gobiernos -en los demás aspectos- seguir la línea de sus antecesores cercanos, incluyendo la posibilidad de cambiar radicalmente la Constitución de Pinochet y Guzmán que, con sus acomodos y retoques, nos rige hasta hoy.

Una especie de semidemocracia, sustentada sólo en el derecho a elegir, y en la desaparición de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos como política de Estado, no ha logrado responder satisfactoriamente a otras aspiraciones de la población. Afincado en el consumismo, el endeudamiento, el arribismo cultural, la desestructuración de las organizaciones sociales, el fortalecimiento del individualismo, para nombrar solamente los aspectos principales, el neoliberalismo ha deteriorado las bases culturales históricas del país.

Recuperando terreno

Mediante una propaganda sostenida en la exacerbación de temas como la inseguridad o la precariedad económica, culpando de ello a los gobiernos desde 1990, el pinochetismo fue recuperando sus fuerzas, reaglutinando a quienes desde la derecha se habían contentado con lo que había. A la derecha le acomodaba la vigencia de la Constitución pinochetista, el sistema económico, la realidad social del país con sus limitaciones y ciertos progresos asistencialistas, haciendo esfuerzos por evitar los planteamientos de la izquierda más radical. Con eso bastaba. Y "eso" fueron las candidaturas de Sichel y Matthei, derrotadas por Kast en las dos últimas elecciones y que terminaron apoyando al republicano.

El mensaje de Kast ha sido radical: todo lo hecho antes está mal (incluidos los gobiernos de Piñera). La culpa de los problemas económicos de Chile y del avance de la delincuencia y el crimen organizado (narcotráfico) son culpa de la izquierda que en los hechos ha conducido al país, aunque haya sido gobernado por personas de distinto pensamiento. Y, por supuesto, dice que todo fue peor desde que ganó Boric. El país estaba necesitando orden, disciplina, voluntad de trabajo, respeto por los "valores tradicionales" y terminar con las aspiraciones excesivas y los reclamos desmedidos que conducen, a juicio del equipo del candidato presidencial Kast, a las protestas, el desorden social, la violencia y el auge del delito.

Otra cosa es conducir el buque

Con un gobierno que se ve errático en muchos asuntos, con situaciones imprevistas, como por ejemplo que en cinco meses de esta administración ya han renunciado o han sido destituidas 44 autoridades (ministros, subsecretarios, seremis), la delincuencia no ha disminuido y la economía no ha mejorado, las encuestas han reflejado un desplome de las actuales autoridades gubernamentales.

Pese a la propaganda falaz sobre la situación en la que se recibió la hacienda pública y a decir que el país estaba en quiebra, no se ha logrado obtener el apoyo que se supondría después de haber sido elegido con casi 60% dela votación popular. Con un discurso populista y contrario a la política democrática, tiende a fortalecer la "guerra contra el delito" usando argumentos falsos, que orientan la discusión a sostener que los que se oponen a sus proyectos son protectores de los delincuentes.

Y con ese discurso se quiere implementar una reforma constitucional que pone en riesgo los derechos conquistados en años de trabajo y lucha y que son consustanciales a la democracia, aún en las condiciones precarias en que ella se encuentra hoy.

Espectáculo, falsedades y populismo

El aparato comunicacional le funciona bien, pues permite crear distracciones para eludir la verdad de lo que sucede. Se necesita subir en las encuestas y entonces los "voceros" oficialistas (no oficiales) llegan a decir que están dispuestos a preguntar, mediante encuestas o plebiscitos, si la gente prefiere proteger a los delincuentes o defender a la sociedad como lo estaría proponiendo Kast y su equipo. A ver quién gana.

Este gobierno genera mucho humo para ocultar las cosas o distraer la atención de los ciudadanos, pero justamente eso es lo que va dejando en claro que tras las verdades a medias, las mentiras, los mensajes detrás de los hechos, los planes que se ejecutan en una especie de línea oscura con tinta invisible, hay un proyecto central que no puede ser ocultado.

Los ejes y las figuras

Tres son las figuras centrales que desde el gabinete responden a las líneas fundamentales del gobierno. La primera gran iniciativa ha sido la ley miscelánea propuesta y defendida "a muerte" por Quiroz, encargado de la hacienda pública. No olvidemos que este señor ministro, mientras estuvo en el mundo privado, fue el artífice de las colusiones de pollos, farmacias y papel higiénico. Una de las "vigas maestras" del gobierno de Kast es su plan económico que fue recientemente aprobado en un alto porcentaje de su proyecto inicial. El objetivo es fortalecer el apoyo del gran empresariado y asegurar los beneficios económicos que se pueden generar si se fortalece la inversión privada. Junto a eso se apunta a la disminución de la presencia del Estado en la economía. Eso es el fortalecimiento del modelo neoliberal.

Tranquilos y satisfechos los grandes potentados de la economía, toca a Fernando Barros, el abogado pinochetista indiscutido, asegurar el segundo aspecto fundamental para el gobierno: mantener la quietud en las Fuerzas Armadas, lo que está logrando incluso a costa de confrontar al ministro de Relaciones Exteriores y al gobierno de Trump, cuando dice que "Chile no es el patio trasero de nadie".

En tercer término, fracasado el intento de que Steinert manejara los proyectos de "seguridad", claves para fortalecer el poder presidencial en la línea de lo que fue la dictadura de Pinochet, le correspondió al hombre fuerte del Partido Republicano asumir el ministerio al que se opuso desde que era un mero proyecto del gobierno de Boric. Este ministro ahora nos propone un plan basado en Bukele, en las medidas tomadas en Italia actual y en la añoranza del pinochetismo que quiere tener el país bajo su control total.

El híbrido insostenible

Para ello ha presentado un proyecto de reformas constitucionales que se acomode a sus verdaderas intenciones: recuperar para la presidencia del país las facultades que ejerció Pinochet con el tristemente célebre artículo 24 transitorio de esta constitución. En un híbrido que será pronto insostenible, Kast intenta mantener en el esquema democrático (aunque sea esta democracia restringida, semisoberana) las políticas de Pinochet para mantener acorralada a la ciudadanía con facultades excepcionales que les limiten sus derechos.

Los distractores son los mismos: los que no apoyan mis decisiones son partidarios de la violencia.

Lo que hace este gobierno cuando su proyecto es contrario a la Constitución, es proponer modificar la carta fundamental. Le gusta mucho esta Constitución que es básicamente la del pinochetismo, pero como ellos quieren imponer decisiones que afectan los derechos de las personas, se produce un conflicto. En lugar de cambiar su proyecto, quieren cambiar la norma. Además le pone urgencia, para evitar que se pueda discutir con la profundidad que necesitaría una reforma en estas materias.

El plan de seguridad, con un nombre que imita a lo que fundó Bukele en su país, se sustenta, según propia declaración inicial de Arrau, en los mismos documentos que ya existían en tiempos de Boric y que habían sido preparados por el Ministerio de Seguridad. Pero se le hacen agregados que afectarán los derechos humanos en diversas disposiciones, con el propósito de amedrentar a la sociedad y hacer creer que una cierta "mano dura" para los delincuentes requiere limitar algunos derechos.

En el corto plazo, quiere subir en las encuestas. Para eso se hacen anuncios con tono de espectáculo -tal como fue el traslado de presos a Talca- y pretenden que sus proposiciones sean consideradas como una cuestión que podría resolverse casi de inmediato, pues nadie en su sano juicio, según el Gobierno, podría estar en contra de estas ideas. Paralelamente se presentan proyectos de ley que se van entregando con cuenta gotas.

Si esto se aprueba, lo que vendrá después puede ser muy duro. Hasta sectores de la derecha más tradicional han debido alzar su voz en contra de estas propuestas. Eso ha impulsado un debate que probablemente morigerará algunas de las propuestas. Sin embargo, mi propósito en estas líneas es el de referirme al proyecto que se presentó y cuya discusión se ha iniciado.

El proyecto y plan

En un sólo artículo, el proyecto propone ocho modificaciones al texto constitucional vigente en la actualidad. Un plan de seguridad, proyectos sobre esta temática tan relevante, debe tener por finalidad central fortalecer la seguridad de la sociedad, de las personas que la integran en sus derechos y libertades, incluidos los bienes materiales.

Pero, el proponente considera que su plan no puede aplicarse sin llevar adelante una reforma a la Constitución. Le parece indispensable reformar la institucionalidad establecida en la Constitución Política del Estado, pues no le parece viable su plan de seguridad para las personas y el combate al delito -especialmente al que se ha dado en llamar "crimen organizado"- sin esas nuevas disposiciones que quiere introducir.

¿Es que acaso el plan es inconstitucional?

Mi primera crítica apunta al fondo del problema y de las soluciones. Al gobierno de Kast le parecen insuficientes los recursos jurídicos e institucionales que tiene a su disposición, sin hacer un verdadero análisis de ellos.

Podría decir, en una mirada quizás sarcástica, que entonces Kast blinda a sus antecesores en el cargo, al decir que si ellos no fueron eficaces en el combate al delito se debía a que no contaban con las atribuciones suficientes desde el punto de vista jurídico y no, como se ha sostenido por quienes apoyan al actual mandatario, a la incapacidad de hacer bien las cosas o a la falta de interés por dar solución a los problemas que se les atribuyó con insistencia.

No coincido con esa mirada. Por el contrario, tengo la impresión de que las cosas son de otro modo. Los gobiernos de Bachelet y Piñera, que coparon 16 años de la jefatura del Estado y de la cabeza del gobierno, tuvieron errores de diagnóstico frente a las situaciones que concurrieron a dar forma a la sensación de inseguridad de la población, por un lado y, por otro, no se sintieron con la fuerza suficiente para atacar el problema desde sus raíces.

Boric continuó estas políticas, pero según lo que han dicho los generales a cargo de Carabineros y las autoridades de la Policía de Investigaciones, puso especial énfasis en el tema de los recursos para esas instituciones. Sin embargo, pese a las señales claras de deterioros institucionales y a los errores en la conducción de sus organizaciones policiales, tampoco tuvo las agallas suficientes para proponer -y menos para hacer- los cambios indispensables sin los cuales la realidad no mejorará.

La urgencia de lo importante

Porque, finalmente, el gran tema está en la ejecución de las medidas y esas tareas radican en las policías, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el gobierno que tiene la obligación de coordinación a través del Ministerio de Seguridad (sigo creyendo que bastaba con el Ministerio del Interior).

Y frente a eso, tanto Boric como todos sus antecesores elegidos democráticamente, fueron incapaces de resolver el problema. El tema de la existencia y magnitud del delito en la sociedad tiene que ver con cuestiones éticas, culturales, educacionales, económicas, todo lo cual deberá ser enfrentado con una mirada global de país.

Probablemente coincidiré con muchos que ésa es una mirada profunda que reclama decisiones de largo plazo, que tienden a desvanecerse ante las urgencias de que dan cuenta la televisión y la prensa. Pero lo que no se ha entendido de modo suficiente es que no por ser tareas de lenta ejecución deben dejarse de lado, privilegiando el inmediatismo. Es como si lo importante dejara de ser urgente. Ejemplo: cuando se daña una calle, hay que poner un parche para tapar el hoyo. Pero si la calzada está llena de parches, seguirá dañada hasta que se cambie el pavimento.

Es indudable que los cambios -incluso de pavimento- no se hacen de una sola vez, pero siempre de acuerdo a un plan completo.

El contenido del proyecto de reforma constitucional

El Gobierno ha presentado un proyecto de reforma constitucional y ha iniciado la redacción y presentación de otros proyectos como un plan para combatir lo que llama "el crimen organizado y el terrorismo". Lo que he afirmado recién en cuanto a una mirada compleja de un plan que apunte a la seguridad de las personas y a la protección de sus derechos no es el enfoque de la propuesta. Se centra, tal como lo indica su ideología y estilo, básicamente en la represión y quiere incorporar a una norma que debe ser estable (como corresponde a la Constitución Política del Estado) su plan de políticas públicas represivas. Así se instala un Estado represivo, con la amplitud necesaria para perseguir a quienes quiera la autoridad que esté ejerciendo el Poder Ejecutivo.

Es verdad que la sociedad chilena no ha pensado con seriedad y me ha impresionado observar las reacciones de izquierdistas, derechistas y centristas a ciertas propuestas que algunos hemos formulado en orden a tomar medidas de reorganización que impliquen a los agentes destinados a aplicar las normas de seguridad. Las respuestas o comentarios apuntan a una defensa global y corporativa de las policías acompañadas de la frase "nuestros carabineros", como un modo de apropiarse de la entidad e impedir las críticas.

Estas debilidades son las que motivan a Kast a sostener que todo deberá basarse en la represión.

Con el camino de la represión sucederá lo que vemos en otros países: que los delincuentes organizados mejoran sus métodos criminales, fortalecen sus armamentos y sus redes de protección, eluden de mejor manera el peso de la ley y la justicia. Esto no sólo vale para los traficantes de drogas o asaltantes organizados para robar autos y casas. También se aplica a quienes mediante colusiones violan la legislación antimonopolios y las demás leyes que rigen el funcionamiento de la economía nacional (por ejemplo, abuso de información privilegiada o administración desleal en perjuicio de los socios accionistas de una empresa).

Esas "organizaciones criminales" de distinto carácter funcionan al límite de las leyes que se van dictando y eluden sus responsabilidades. La mera represión no sirve. El crimen se combate con prevención y castigo.

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