¿Qué hacer? Simple pregunta, compleja respuesta

José Orellana Yáñez

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^{Coescrita con Hernán García Moresco, licenciado en Educación en Matemática y Computación, diplomado en Big Data y diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública}

Con el propósito de profundizar el análisis, parece necesario partir de una premisa central: la llamada "restauración del orden" ha sido presentada por la derecha republicana como el mandato inicial del futuro gobierno, que ya se encuentra instalado, en pleno ejercicio y con futuros ministros ya desplegados. Esta consigna se construyó sobre expectativas electorales que, aun cuando podrían cumplirse, por el bien del país, es altamente probable que terminen revelándose como un malentendido propio de la campaña. La consecuencia natural de ello sería un incremento del desprestigio de la actividad política.

No obstante, una de las consecuencias recurrentes de las elecciones nacionales -tanto en escenarios de victoria como de derrota- es el reacomodo de alianzas, coaliciones o pactos políticos.

En el caso de quienes resultan derrotados, es decir, el actual oficialismo, este proceso suele adquirir mayor intensidad. No solo se produce una "sangría" interna, sino también una verdadera diáspora, derivada de las lecturas, interpretaciones y conclusiones -frecuentemente parciales- que se extraen de los resultados electorales. En particular, tras la reciente derrota presidencial, con efectos también en el plano congresal, es previsible observar una dispersión de fuerzas políticas. Hoy, unos responsabilizan a otros por aquello que se hizo o se dejó de hacer, por ejemplo en la evolución judicial del denominado caso Gatica, operando este episodio como un catalizador para acelerar y profundizar el proceso de reconfiguración política.

Cabe preguntarse a quién beneficia esta supuesta actitud honorable de protección y defensa de nobles idearios. La respuesta parece clara: al futuro gobierno. La relevancia y trascendencia del congelamiento del Partido Socialista en la alianza oficialista es comprendida solo por un porcentaje muy reducido de la población y, más bien, es percibida críticamente por una ciudadanía crecientemente distante de la actividad política y de los valores que se declaran defender. No obstante, ser un gran problema de relaciones intraalianza.

Esta situación se inserta, además, en el marco de un relato ampliamente difundido sobre un "Chile que se cae a pedazos" en materia de seguridad pública. Dicho imaginario ha sido anclado, desde las derechas -con distintos matices-. Primero con la idea de que el estallido o revuelta social fue esencialmente una amalgama de delitos, logrando con ello un notable éxito comunicacional. En ese contexto, una parte significativa del sistema político concluyó que avanzar en determinada legislación resultaba razonable. Volviendo al caso Gatica, tal fue el nivel de consenso que el propio Gobierno impulsó y aceleró su tramitación legislativa, al punto que hoy es presentada como la medida número 306 de las 1.000 iniciativas difundidas por la administración de Gabriel Boric. Este episodio constituye, así, un eslabón más dentro del proceso de desgaste y fragmentación de la denominada "Alianza de Gobierno Sin Nombre", que dio sustento al Ejecutivo saliente y a la candidatura presidencial derrotada en segunda vuelta.

Se trata de la coalición configurada tras el triunfo de Gabriel Boric en 2021, en contexto de voto voluntario, Gobierno que intentó reordenarse luego de la derrota en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022. Pasando por Temucuicui e indultos. Posteriormente, se asentó de manera colectiva, aunque con diferencias internas, en la elección de Consejeros Constitucionales de 2023, donde obtuvo una representación menor (29%), para luego volver a perder en el segundo plebiscito de diciembre de 2023 con la opción "En contra". En 2024 enfrentó nuevamente, de forma colectiva, pero con tensiones internas, las elecciones locales y regionales, cerrando el ciclo en 2025 con la compra de una casa que no se debía comprar, errores en el cálculo de la cuenta de luz o las licencias fraudulentas pavimentaron un resultado presidencial adverso y logros parciales en el ámbito congresal. En síntesis, un gobierno que enfrentó derrotas sucesivas año tras año, igualmente mantuvo 30 % el apoyo presidencial (incluidos los errores consignados, más otros).

Este conjunto de escenarios de derrota, análisis descarnados y horizontes poco auspiciosos se debe superar para la construcción de una oposición democrática, responsable y cohesionada en el Congreso, no obstante una parte pareciera no haber sido suficiente para alcanzar un nivel adecuado de madurez colectiva. Aun así, dicha tarea resulta ineludible: forma parte de una larga travesía en el desierto, mientras el gobierno de las derechas comienza a desplegar sus propias contradicciones.

Desde la ciencia política, la teoría de las coaliciones sostiene que las cercanías ideológicas y el pragmatismo político explican, en términos de elegibilidad electoral, la conformación de estas asociaciones tanto en sistemas parlamentarios como presidencialistas. Sin embargo, en la coyuntura actual resulta imprescindible incorporar, con toda su complejidad, las señales que emergen desde los territorios concretos, por más incómodo o "woke" que pueda parecer hablar de territorialidad.

El progresismo, al situar en el centro de su acción política la dimensión territorial o local -entendida como una expresión de relaciones espaciales de poder, atravesadas por tensiones de clase en contextos urbanos y rurales, así como por la relación concreta entre capital y trabajo-, podrá identificar las contradicciones necesarias para construir un relato certero por medio de la participación políticamente pertinente. Se trata, en definitiva, de lograr participar y representar el sentido común, capaz de articular mayorías y de avanzar hacia la unidad, siempre buscada y estratégicamente necesaria en la acción política. Así de simple y, a la vez, de profundo.

La formación ciudadana en y desde el territorio local constituye un eje clave para ese propósito futuro de reconstrucción del centro y la izquierda. Ello implica establecer un mínimo común denominador del hacer concreto, recuperando a los partidos como instrumentos efectivos de representación local. Representar las demandas e intereses de las comunidades, ancladas en realidades sociales que se expresan en espacios geográficos cotidianos como la cuadra, el barrio o la comuna, sin desconocer los contextos regionales, nacionales e internacionales. Con todo, la primera vivencia política de las personas ocurre siempre en su propio territorio.

A esta tarea se suma la urgencia de desarrollar una comunicación política asertiva que avance de manera responsable hacia el territorio virtual. En un contexto de máxima conectividad, resulta ineludible reconocer que las redes sociales y los medios de comunicación -incluidos los programas matinales y sus voceros- se han consolidado como una vía central de entrada y disputa política, tal como lo evidenció con claridad la última elección (también anteriores). Las redes sociales importan, y mucho, pero el mensaje también.

Finalmente, la selección de la próxima generación de liderazgos que emergerá en los próximos tres años no provendrá necesariamente de los actores del gobierno que concluye su mandato. La ciudadanía ya ha emitido su veredicto. En general, será la colectividad (es lo deseable) -y en menor medida la figura individual- la que logre posicionar, desde espacios más humanizados y comunicacionalmente "pertinentes a realidad", ideas traducidas en acciones concretas que representen genuinamente el sentir comunitario y las demandas sociales, más allá de las etiquetas simplificadoras o despectivas asociadas a lo "woke".