Con el firme propósito de contribuir a elevar los estándares en materia de seguridad pública y funcionamiento judicial penal, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estamos impulsando una serie de acciones orientadas a resolver los principales problemas que arrastra por décadas el sistema penitenciario chileno, haciéndonos cargo, además, de aquellos fenómenos más recientes, como el crimen organizado y su impacto en las cárceles.
En esa perspectiva, solucionar la crisis de sobrepoblación penal es prioritario y, a la vez, determinante para fortalecer la seguridad penitenciaria, sostener el control de los establecimientos penitenciarios y facilitar la reinserción social, siendo este último, un objetivo que tiende a diluirse en el debate, pero que es requisito ineludible para cualquier sistema penitenciario que pretenda ser sustentable.
Precisamente con ese foco y dando respuesta a lo mandatado por el Presidente de la República en su Cuenta Pública del 1 de junio del año pasado, nuestra cartera actualizó e introdujo mejoras sustanciales al Modelo de Reinserción Social del Sistema Penitenciario, elaborado y presentado en 2022.
En esta nueva versión, se consideró recomendaciones de estudios efectuados los últimos 15 años y la revisión de experiencia comparada y literatura especializada sobre prácticas efectivas en este ámbito, para los tres subsistemas que administra Gendarmería -abierto, cerrado y postpenitenciario-, sumando alrededor de 150 mil personas. De ese total, 60 mil personas están privadas de libertad, la cifra más alta en la historia del país, ratificando lo clave que es avanzar en infraestructura y desde ahí, generar condiciones para poner un corte a la vinculación con el delito, de la manera más temprana posible.
Para ello, el modelo de reinserción social, aprobado recientemente, contempla un sistema de medición de reincidencia para apoyar el levantamiento de indicadores y su posterior evaluación. De igual forma, incorpora aquellos cambios en la composición de la población penal -aumento de personas extranjeras y mujeres privadas de libertad-, y la prevalencia y tipología de ciertos delitos, aumentando los vinculados al crimen organizado y homicidios.
Por cierto, este proceso contó con un acucioso trabajo de los equipos de nuestra División de Reinserción Social y de Gendarmería de Chile, además de la colaboración de expertos internacionales y nacionales, al alero del 5° Diálogo Regional de la Red de Gestores Penitenciarios del Bien Público Regional, instancia que organizamos de manera conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en septiembre de 2024.
De esta manera, hemos logrado desarrollar un instrumento robusto, para establecer una hoja de ruta clara en un ámbito tan sensible, cuyos resultados repercuten directamente en la calidad de vida de todas y todos los habitantes de nuestro país.
La experiencia señala que el sistema penitenciario debe tener la capacidad y la versatilidad suficiente para ejercer un control estricto sobre la población penal de mayor compromiso delictual y, al mismo tiempo, generar oportunidades para fortalecer los procesos de reinserción y disminuir las probabilidades de reincidencia. Lo primero no es excluyente de lo segundo y viceversa.
El combate a la delincuencia, también, se gana con reinserción.
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