Representación indígena en el Parlamento

Está puesto en el debate público el proyecto que apunta a eliminar el sistema binominal de elección parlamentaria. Es una deuda con nuestra democracia terminar con sus efectos y es un deber de la Nueva Mayoría cumplir con el compromiso de establecer un sistema electoral más representativo.

Es un tema duro. No será fácil asumirlo. Están en juego experiencias pasadas, ganancias electorales pírricas, intereses cruzados.

Se trata de que esta reforma amplíe la representación de las regiones, que otorgue mayor espacio a la diversidad social existente y, justo es decirlo, que no implique mayores gastos para el Estado.

Todas estas son ecuaciones no fáciles y se hacen más complejas cuando se contempla la idea de que ningún sexo supere el 60% de los integrantes del nuevo Congreso y esto abre merecidos espacios para las mujeres, considerando incluso "premiar" a los partidos políticos con un bono financiero según la cantidad de mujeres que logren elegir.

Estos temas entran ya al debate nacional.Lo importante es que se aborda de verdad una reforma muy demandada pero que nunca fue asumida totalmente en serio.Hoy estamos a las puertas de que esto se convierta en algo distinto.

Grandes ausentes en la idea son, sin embargo, los Pueblos Originarios. No hay mención a cuotas ni de formas de participación parlamentaria. Y dicho así, evidentemente resulta extraño, toda vez que se cuenta con un Programa Presidencial en asuntos indígenas que es mucho más avanzado que otros programas anteriores y en el horizonte se vislumbra una nueva institucionalidad (Ministerio de Asuntos Indígenas y Consejo Nacional de los Pueblos).

Para ser precisos, el programa indígena no entró en el detalle de este tema en términos de cuotas o cupos más o menos en el parlamento. El primer criterio programático es el de considerar el respeto a los tratados internacionales.

Se dice: "Es un deber del Estado de Chile implementar los tratados que ha ratificado en materia de Derechos de los PPII y adecuar su legislación para que sea acorde con dichos estándares y elaborar una nueva política con un enfoque de Derechos".

Recordemos que, a diferencia de años anteriores, entre los principales tratados internacionales ratificados por Chile está el Convenio 169 de la OIT que hoy es Ley de la República y sus normas determinan, de manera taxativa, la participación indígena en todos los órganos del Estado, lo que incluye el Parlamento.

La doctrina imperante en el debate nacional e internacional es que esta inclusión no puede ser voluntaria o quedar dependiente de la voluntad de los partidos políticos en razón de la experiencia acumulada y por tal razón, en diversos Estados, la norma del C169 se aplica con una lógica de discriminación positiva.

En el programa presidencial indígena tuvimos especial cuidado de cautelar que el mecanismo de inclusión de los Indígenas en los órganos del Estado fuese remitido al mecanismo de consulta que el C169 determina.

Cito. "Debemos analizar en conjunto la mejor forma de participación de los Pueblos lndígenas en su propio destino y en los del país".

El enfoque de derecho se cumple en la siguiente afirmación que desarrolla esta metodología: "Garantizaremos la participación plena de los Pueblos Indígenas en todo el proceso de debate y decisión sobre una Nueva Constitución, teniendo presente la idea de un Estado pluricultural que garantice sus derechos colectivos".

Esto implica que cualquier referencia a la participación indígena en el parlamento va a requerir un debate específico con los Pueblos Indígenas y los resultados de esta consulta deberán ser incluidos en el debate mayor, que es la Nueva Constitución, pues -entre otros principios fundantes- está el del pleno reconocimiento de Chile a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.

En consecuencia, cualquier sistema electoral futuro, en términos democráticos, deberá contener -entre otros aspectos- la plena representación de los Indígenas en el Congreso y esto ha de ser resultado de un consenso entre el Estado y los Pueblos Indígenas. Lo mismo ocurre respecto de la creación del Consejo Nacional de los Pueblos, una especie de Parlamento indígena en Chile.

En este caso, hay mayores posibilidades de debate pues -entre otros aspectos- en el propio mundo indígena se preguntan si acaso no será mejor considerar un Parlamento por cada Pueblo. Claramente esto representa otras dimensiones.

En cualquier caso, la creación del Consejo o Parlamento de los Pueblos no excluye la participación de los indígenas en el Senado y en el Parlamento, por cuanto el Congreso Nacional deberá ser el espacio de representación nacional de nuestra diversidad cultural. Y la diversidad indígena en Chile es nacional y no solo regional.

En consecuencia, junto con valorar el inicio de un proceso que abre el camino para terminar definitivamente con el sistema binominal, está bien que un primer tema de debate sea la inclusión del Derecho de género.

Luego, habrá que terminar con las prohibiciones que dicho sistema instala respecto de las incompatibilidades (entre ser dirigente sindical y parlamentario, por ejemplo) y posteriormente y como expresión de una Nueva Constitución, la participación de los Pueblos Indígenas en el Congreso Nacional no será la expresión de una suerte de "concesión graciosa" de las élites partidarias, sino el ejercicio pleno de un derecho político que el Estado y la sociedad han negado sistemáticamente a nuestros Pueblos Originarios.

La señal del cambio cultural es que, así como ocurre en naciones civilizadas del mundo, los Pueblos Indígenas de Chile estarán representados en el Congreso.