Revolución pendiente

En el contexto del proyecto que modifica el sistema electoral binominal por uno proporcional, la Presidenta Bachelet ha decidido incorporar la fijación de cuotas que tiendan a la paridad entre hombres y mujeres de manera que ningún sexo pueda estar nominado como candidatos en menor proporción que el 40% y por sobre el 60%.

Es esencial que la ley de cuotas se incorpore junto a la modificación del sistema binominal. Esto porque el binominal es en sí mismo un límite para la incorporación de mujeres en el parlamento dado que crea un estímulo perverso en los partidos a presentar candidatos que tengan altos grados de electividad y a reproducir los liderazgos instalados, preferentemente masculinos, que excluyen históricamente la presencia significativa de mujeres.

Ello implica dejar de lado los liderazgos femeninos existentes en la base de la sociedad – juntas de vecinos, organizaciones sociales y comunitarias en general donde la presencia de la mujer es muy mayoritaria – pero que tienen insuficiente visibilidad comunicacional.

El sistema binominal contribuye a mantener el gobernar como un privilegio masculino y paradojalmente obliga a la mujer, con su voto, a decidir que hombres gobiernan. Un sistema proporcional, en cambio, abre la competición, permite un mayor número de candidaturas y, por ende, una mayor integración de mujeres con capacidad de ser electas, ampliando así la representatividad de la democracia.

Colocar el debate junto a la modificación del sistema binominal implica también plantear a los partidos políticos el desafío de un cambio en la propia composición de género en sus estructuras internas que históricamente se han configurado en torno a la presencia masculina.

Esto debiera también regularse jurídicamente para hacer obligatorio que en los reglamentos y normas internas de los partidos se establezca que en sus cargos directivos haya una composición equilibrada de género que potencie justamente la incorporación de mujeres en el liderazgo político y en los espacios donde efectivamente se adoptan las decisiones.

La ley de cuotas es una acción afirmativa, un acción positiva, que ya se aplica desde hace años, en diversas modalidades, en otros países latinoamericanos y europeos, y que ha permitido duplicar y en algunos casos triplicar la presencia de la mujer en los parlamentos.

Chile tiene un atraso histórico en la regulación jurídica de inclusión de los grupos discriminados de la sociedad.La cruda experiencia empírica internacional desmiente las afirmaciones de la derecha chilena que se opone a la ley de cuotas y demuestra que en aquellos países donde hay regulación jurídica para la incorporación de mujeres al sistema este ha funcionado y ha permitido acrecentar el peso de la mujer en las instituciones especialmente parlamentarias y municipales.

En Argentina la ley de cuotas se instala ya en el lejano 1991 y con sus sucesivas modificaciones ha permitido que el número de mujeres en el parlamento ascienda a un 38%. Hay ley de cuotas de género, con resultados graduales y exitosos, en Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil.

En Europa los mayores progresos se observan en los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, donde se alcanza una presencia sostenida de mujeres en el parlamento entre 30 y 40%.

Francia es el primer país con una normativa nacional sobre cuotas y las listas se configuran sobre la base del principio de paridad de “un hombre, una mujer”, y el resultado está a la vista : alto porcentaje de mujeres en el parlamento, importantes liderazgos femeninos que están presentes incluso en la designación de las candidaturas presidenciales.

Es decir, se trata de un instrumento de mejoramiento de la calidad y de extensión de la democracia, de mínima paridad de género en lo político, que se ha demostrado útil, necesario, eficaz, que tiende a equilibrar la disminuida presencia de mujeres en el parlamento y otras instancias electivas y a reconocer la subrepresentación que, especialmente en Chile, afecta al sector mayoritario de la población y del padrón electoral y que por la forma como originariamente se estructuró la política y el poder, desconociendo a la mujer sus derechos ciudadanos, ha quedado fuera de sus momentos fundativos y ello tiende a repetirse casi como un paradigma de la exclusión en la política.

Es por tanto, un cambio jurídico, político y, por cierto, cultural, no solo para terminar con la discriminación de la mujer en la política sino para incorporar otra alma, otra mirada, otros temas, otra simbología, que son claves para una visión plural que democratice las estructuras de poder de la sociedad.

Pese a la disminuida presencia de mujeres en el Parlamento chileno, muchos cambios progresistas o al menos el enunciado de ellos cuando los proyectos no han podido aún transformarse en leyes, se deben a la presencia de mujeres y de los nuevos temas que ellas incorporan en las políticas públicas.

Leyes como las de tolerancia, abuso y violencia sexual, femicidio, derechos reproductivos, mejoramiento del pre y pos natal, igualdad de remuneraciones y protección de los derechos laborales de la mujer, protección de la infancia y muchos otros, tienen el sello de la presencia de mujeres en el parlamento chileno.

¿A qué teme la derecha que se opone a la ley de cuotas ? Seguramente al cambio cultural, a que la ruptura del poder patriarcal, masculino y la irrupción de la diversidad de género en el poder, trastoque valores conservadores que consagran una sociedad donde la derecha asienta su poder político.

Apoyando fuertemente este proyecto de ampliación de la ciudadanía de la Presidenta Bachelet, hay que decir que las leyes de cuotas de género son correctivas y deben ser parte de un proyecto más amplio de encuentro de género que reformule más radicalmente el rol y el acceso de la mujer al poder.

Esta es una revolución aún pendiente que debe dinamizar y llenar de nuevos contenidos a una política que para reformularse, para volver a ocupar un espacio central en la vida de las personas y en su idealidad, debe incorporar una profunda integración de género.