Tres años de Piñera: El "oasis" fue un mito
El 8 de octubre de 2019, antes del estallido social, Sebastián Piñera dijo que Chile era un "oasis", gobernando feliz a gusto del sector ultraconservador del país al que se acopló como si fuera discípulo de Jaime Guzmán, quien sentía hacia él solo rechazo porque según decía, en privado, no tenía base doctrinaria, pero si una desmesurada codicia.
En ese tiempo era parte de la "patrulla juvenil", grupo de poder dentro de la derecha con Evelyn Mathei, Andrés Allamand y Alberto Espina, una sociedad de mutua conveniencia donde estos últimos eran los aperturistas en política y Piñera hacía el rol de hombre de fortuna que aceptaba el retorno a la democracia.
Era tiempo de deshielo. El terror quedaba atrás. Chile superaba el miedo. Las luchas y movilizaciones sociales que permitieron el triunfo del NO en el plebiscito de octubre de 1988, en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 89, y la instalación del gobierno civil en marzo del 90, fueron gestas unitarias que repusieron las libertades y la gobernabilidad democrática necesaria para el cambio del escenario político y social, moral y espiritual, después del terrorismo de Estado y las crueles violaciones a los Derechos Humanos.
Terminar "la paz de los cementerios", como llamara al período dictatorial el cardenal Raúl Silva Henríquez, no fue un acto simultáneo e inmediato a la transmisión del mando al volver la gobernabilidad democrática, el poder civil se afianzó con lentitud, paulatinamente, forcejeando con el afán tutelar del estamento castrense y fue necesaria una amplia unidad nacional para derrotar la pretensión desestabilizadora de Pinochet y la derecha fáctica.
Gobernar con la institucionalidad limitada y bloqueada por los enclaves autoritarios, pero bajo la autoridad civil, ha sido parte de un largo tiempo de luchas y contradicciones, porque el andamiaje institucional aguantó, aun cuando la dictadura había concluido, pero el fin del terror y la instalación del gobierno civil permitió ampliar y profundizar el ejercicio de las libertades y derechos que fueron impulsando las demandas que hoy están en la agenda nacional.
La democracia "semisoberana" (según el término de Carlos Huneeus) aún con sus limitaciones fue decisiva para crear espacios sociales e institucionales para el ejercicio de más libertades y se repuso el imperio de la voluntad popular, a través de la realización de elecciones universales, secretas, libres e informadas para la nominación de autoridades.
La reducción de la pobreza y la extrema pobreza, así como el sostenido aumento del gasto social marcaron una diferencia profunda con la dictadura. Ello explica 4 elecciones presidenciales sucesivas, y sus respectivas parlamentarias, que tuvieron mayorías sucesivas de la Concertación lo que permitió reinstalar, en lo esencial, la gobernabilidad democrática.
No hay que renegar de lo hecho y de lo mucho que costó a las fuerzas sociales y políticas de izquierda y centroizquierda la reimplantación del Estado democrático luego del aberrante régimen dictatorial, pero hay si el conformismo ante la desigualdad y los abusos, y no hay que olvidar que la derecha y un empresariado ultraconservador han defendido fieramente el Estado subsidiario y fueron el soporte del negacionismo en la sistemática y generalizada violación de los Derechos Humanos en la dictadura.
Iniciada la transición democrática no hubo inmediata subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, fue un proceso con altibajos y tensiones. En los hechos se instaló una funesta autonomía fáctica. Esa fue la gran incoherencia del sector que quiso ser la derecha "liberal", tener el hábito de someterse a las expresiones más aberrantes de supremacía militar, que amainaron pero no desaparecieron, una vez que Pinochet dejó la comandancia en jefe del Ejército.
Incluso, hubo un claro retroceso con la destemplada declaración sobre la estatua del general Baquedano y habrá un definitivo retorno a la militarización de la política si se impone el plan de la extrema derecha de ocupar con fuerzas castrenses La Araucanía.
La estabilidad democrática necesita el aporte del conjunto al bien común, pero los grupos monopólicos fueron incontrolables en su afán de ganancias y de reproducirlas como fuera, nunca aceptaron que la estabilidad democrática requería distribución de la riqueza para concluir con la segregación urbana y rural e incluir en el bienestar social a la clase trabajadora y fortalecer a la clase media, así como diseñar un crecimiento sustentable y no hacer sólo dinero fácil estrujando a los trabajadores y depredando el medioambiente hasta que aparecieran las "zonas de sacrificio" y otras aberraciones.
También es efectivo que en las fuerzas democráticas en el gobierno hubo exceso de concesiones, como las que se hicieron en la agenda pro-crecimiento suscrita por el ministro de Hacienda en el 2002. Es duro decirlo, pero hubo conformismo ante el desenfreno de la codicia. Asimismo, la tecnocracia se apropió de espacios y decisiones políticas y socioeconómicas que no le correspondían, coadyuvando a la concentración de la riqueza.
El deterioro de la credibilidad del sistema político fue un proceso acumulativo. No hay como precisar el momento exacto en que comenzó, aunque hubo hitos que afectaron duramente a la entonces Concertación como el caso de las llamadas Casas Copeva, en 1997, que tuvo un impacto funesto para el prestigio de las políticas sociales por el deplorable estado de las viviendas sociales construidas con el subsidio del Estado.
Así también, fue nefasto y paralelo el "caso Chispas", un negociado originado en las privatizaciones de la dictadura, que benefició en decenas de millones de dólares al grupo de tecnócratas, operadores de la UDI, que se auto asignó el control de la empresa Enersis al traspasarla al sector privado. En ese escándalo también apareció beneficiado el entonces senador Sebastián Piñera.
Más tarde, el MOP-Gate creó una situación crítica por su impacto en las fuerzas democráticas al afectar severamente el gobierno liderado por Ricardo Lagos. En definitiva, hubo "operadores" que cayeron en las peores prácticas.
Posteriormente, vinieron los pactos de colusión en las farmacias, en la industria del papel higiénico y de producción de carne de pollo, también se denunció el financiamiento irregular de la política por los grupos Penta y SQM, con un desfile de personeros políticos, encabezados por ME-O, recibiendo dinero de Ponce Lerou, así como se denunciaron las empresas de papel en paraísos fiscales para burlar el pago de impuestos, en fin, irregularidades y abusos que rompieron la legitimidad de la política ante la ciudadanía.
En suma, el año 2019, por la desigualdad económico-social y por los abusos de poder, el "oasis" era un mito. Además, Piñera despreciando la paz social, partió socavando la gratuidad en la Educación aplicando medidas regresivas para reinstalar el total dominio del mercado. En La Moneda se dedicó a ello, ignorando la concentración de la riqueza y el impacto de las colusiones monopólicas y abusos del club de poderosos del que forma parte, vio sólo las utilidades de los consorcios y no los costos para la población, como otros neoliberales su realidad era el 10% del país.
Por eso, lo sorprendió la rebelión social. El motor de partida fue la movilización de los estudiantes secundarios ante el alza de las tarifas del transporte público, el salto de los torniquetes que se inició 10 días antes del 18 de octubre, cuando irrumpió una eclosión social multitudinaria pero espontánea de una diversidad cultural y generacional, pluralista en su composición social y política. Un movimiento autónomo, de una magnitud no registrada hasta entonces en Chile.
Piñera fue remecido y el sistema político vivió un reto sin precedentes. El 18 de octubre, en los hechos, concluyó el Gobierno en funciones. Los ministros de Interior, Hacienda y la ministra vocera fueron reemplazados, es decir, los conductores de las áreas principales: la intocable conducción política y el todopoderoso jefe de la dirección económica vieron rodar sus cabezas sin salvación posible. El gobernante no tenía ni plan ni respuesta coherente ante la magnitud de la crisis generada en el país. Un análisis de conjunto de los hechos indica que las fuerzas de oposición tampoco esperaban un desafío social al gobierno de la magnitud del que se vivió en esas horas.
En la búsqueda de explicaciones el gobierno quiso hallar una respuesta en un "big data", que descubría una conspiración desde Europa del Este, o sea, el fantasma del "comunismo soviético" reaparecía en Chile. Luego se intentó inflar un nuevo "Plan Zeta", como el de Pinochet en 1973, con un fantasmal batallón de guerrilleros cubano-venezolano. Una ficción en toda la línea. La conclusión del Ministerio Público fue que esa hipótesis era "humo".
Hubo advertencias acerca de la fractura social instalada bajo la superficie del "país oficial". El año 2012, como presidente del Senado, pedí a la Biblioteca del Congreso Nacional el estudio "Retrato de la desigualdad en Chile", donde se confirma qué hay dos países opuestos entre sí, configurando una gravísima fractura social de alcance incalculable. El sistema político no sacó las debidas conclusiones de los datos objetivos sobre la desigualdad y sus consecuencias.
Tanto la rutina gobiernista de las fuerzas de derecha y ultraconservadoras, como también las diversas formaciones de izquierda y centroizquierda fueron sorprendidas por el "estallido social" del 18 de octubre, su magnitud y repercusiones superaron cualquier pronóstico. Tan magna fue la multitudinaria movilización social que la derecha tuvo que aceptar un acuerdo político, suscrito el 15 de noviembre, para llevar adelante un proceso constituyente que lleva al cese de la Constitución del 80 y a la redacción de una nueva Constitución, en una Convención Constitucional electa, con paridad de género y cupos reservados a los pueblos indígenas.
La inmensa mayoría del APRUEBO, el 25 de octubre recién pasado exige un nuevo modo de vivir, con "dignidad". La réplica de ultraderecha, de la oligarquía empresarial y la tecnocracia neoliberal, oculta en forma sistemática el principal factor: el Estado subsidiario impotente de hacerse cargo de los requerimientos económicos y sociales, de tipo estructural, desnudados por la crisis en curso. Se requiere un Estado social y democrático de derechos que materialice las urgentes demandas de la ciudadanía.
Piñera en Cúcuta se creyó un prócer como Bolívar, Sn Martín y O'Higgins, sin campos de batalla pero con grandes negocios como expectativa. La codicia lo nubló, vio un "oasis" y era sólo su imaginación, si pretende militarizar La Araucanía, como hiciera en la Plaza de la Dignidad el viernes pasado, será otro error garrafal. Piñera convirtió a Carabineros en un estamento de ocupación militar que le permite abusar del poder.
No obstante el proceso de vacunación, el errático manejo de la pandemia que aumentó el número de contagios a tan peligroso volumen que volvió la cuarentena el fin de semana a la ciudad de Santiago confirma que Piñera ha dado tumbos entre las urgencias sanitarias y las presiones económicas agravando la situación social a un nivel dramático.
La real solución a la crisis nacional es que Piñera abandone su plan de confrontación y exclusión y acceda a un "Acuerdo por la Paz", que permita el pleno reconocimiento del pueblo mapuche, se haga cargo de la devolución de tierras, así como, investigue y ponga término a los montajes, incendios y abusos de poder.
Chile debe lograr un camino de dignidad y justicia para que resurja la paz social. Ahora bien, el proceso constituyente es la vía principal hacia metas de cambio e inclusión social que son fundamentales para rehacer la legitimidad de la institucionalidad democrática. Hay que alcanzar la meta de una nueva Constitución, nacida en democracia.
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