Un mal común en los sistemas de salud y educación de Chile

Salud y Educación comparten un mismo mal: políticas de mercado aplicadas a ultranza en servicios sociales de amplia necesidad pública, privilegiando un lucro privado en muchos casos desmedido.

Vemos a diario las dificultades y el sufrimiento de miles de chilenos por servicios de mala calidad y de insuficiente cobertura en ambos sectores.

La dictadura diseño una política bajo el principio de la subsidiariedad del Estado que en Educación significó someter a las Universidades del Estado o de vocación pública a la competencia del mercado y al privilegio del financiamiento privado. En la educación escolar abrió el apetito de los medianos y pequeños empresarios para incursionar en la apertura de colegios para lograr un beneficio económico que les permitiría generarse un sustento y, en muchos casos, una ganancia desmedida, sin tener siempre preocupación por el fin último del sistema: formar buenas personas que aporten a una sociedad saludable en el amplio sentido de este término.

En Salud, bajo el mismo principio, se abrió una política de incentivo a la iniciativa privada creando el sistema de seguros de salud conocido por la sigla ISAPRES, con una lógica del mayor lucro posible con el subsidio de la cotización obligatoria del 7% de los salarios más el aporte individual de los afiliados para acceder a un mejor plan.

Ambas iniciativas, que no han tenido cambios significativos desde la recuperación de la democracia, nos han llevado a dos Chile: uno con la posibilidad de acceder a servicios educacionales y de salud de mediano y alto estándar y otro, postergado, resignado a colegios de mala calidad y servicios de salud saturados en su demanda con respuesta inoportuna, muchas veces de calidad insuficiente y con trato deficiente.

Se ha hablado mucho de estos dos Chile. Vemos en nuestra vida cotidiana y en los medios de comunicación el esfuerzo muchas veces heroico de los sectores medios y pobres de nuestra población para acceder a los privilegios de los sectores más acomodados. Esfuerzo sin probabilidades de éxito en el sistema socioeconómico que tenemos y de un nivel de riqueza que hace imposible que el chorreo del capital le permita a toda la población llegar al sector ABC1.

Lo central para resolver este grave problema, que nos conducirá irremisiblemente a una creciente tensión social, que ya vivimos en el siglo pasado, es resolver la condición estructural que lo determina, que es restarle peso al factor capacidad económica de un individuo, familia o grupo social, como elemento determinante para acceder a servicios educacionales y de salud de calidad.

Para esto se requiere tomar la decisión de optar por un rol activo del Estado en financiar y organizar un sistema público de educación y salud predominante, que le permita a los sectores más postergados del país tener reales oportunidades de desarrollo.

Es lo que el actual gobierno está intentando hacer en educación. Está pendiente un esfuerzo similar en salud.

Cuando el gobierno plantea pasar todo el sector de educación particular subvencionado a una lógica de sistema educacional público, no pretende eliminar el aporte de los medianos y pequeños empresarios a un modelo diverso en sus propuestas educativas, sino que, junto con elevar el nivel del sistema de actual de gestión municipal, permitir que el factor económico no sea el determinante en la opción de los padres para elegir el proyecto educacional que estimen mejor para la formación de sus hijos.

Los sectores que apoyan la mantención del modelo actual, utilizando el natural temor de las familias frente al cambio, lo único que hacen es seguir apoyando que la educación sea un elemento de capitalización de la economía, al igual como la dictadura lo hizo en salud.

Es preciso que se imponga el mayor beneficio para la estrategia de desarrollo del país, que es contar con un fuerte sector público de educación, bajo la dirección y gestión de actores públicos y privados, sin perjuicio de que continúe existiendo un sector particular costeado totalmente por los que opten por el, sin subsidio público.

En salud, por su parte, tampoco se logrará poner a disposición de la mayoría de la población un buen sistema de salud, si no se termina con el incentivo al desarrollo de los seguros y empresas privadas de salud. Además del 7% de cotización obligatoria que cada uno de nosotros entrega, el Estado apoya el desarrollo del Sector Privado con el Sistema de Libre Elección de FONASA, con la compra de servicios desde el Sistema Público y con la fuga de profesionales especializados en cuya formación y desarrollo ha invertido ingentes recursos.

Basta con ver el diferencial de financiamiento per cápita entre el sistema público y privado para darse cuenta por qué ambos brindan servicios de distinta calidad.

Confío en que existirá la fuerza necesaria en la mayoría de la ciudadanía, especialmente en los más perjudicados por el modelo actual, para romper con esta lógica en que el Estado se ocupa más de beneficiar a quienes lucran ilegítimamente con los servicios sociales que de destinar esos recursos a contar con sistemas públicos de educación y salud de calidad para la mayoría de la población.

Seguramente muchos males sociales como la pobreza, la delincuencia y el tráfico de drogas, se verán disminuidos si Chile tiene éxito en las transformaciones en las que el gobierno se está empeñando.