¡Y viene la desmunicipalización…!

El Gobierno asumió el compromiso de enviar un proyecto de ley sobre la educación pública durante el mes de septiembre.

Anuncios y declaraciones recientes, más la disposición de los alcaldes a entregar la administración de la educación, hacen pensar en que el proyecto incorporará la desmunicipalización y la generación de una nueva fórmula de institucionalidad de la educación pública.

Pero, ¿basta “desmunicipalizar” para mejorar la educación pública?

Ciertamente que no.

Es innegable que existen algunas causas de la crisis actual de la educación municipal que se deben a problemas derivados de su carácter municipal –como la gran desigualdad en tamaños y recursos de los municipios- sin embargo los mayores límites de la educación municipal radican en su desequilibrada relación con la educación particular subvencionada.

Será, por lo tanto, imposible fortalecer la educación pública si no se la examina y transforma analizando y afectando al conjunto de la educación financiada por el Estado.

En concreto, no hay solución posible para la educación pública, sin suprimir el financiamiento compartido, sin regular la entrada de nuevas escuelas al sistema y sin aumentar el monto de los recursos invertidos en ella. Revisemos cada uno de estos puntos.

1. Financiamiento compartido. Como es sabido, en Chile el Estado cumple la obligación de entregar educación gratuita, en los niveles en que la educación es obligatoria, a través de la educación municipal.

La educación particular subvencionada, en los mismos niveles, recibe recursos equivalentes a la municipal, pero se le permite cobrar sumas adicionales a los padres; es el sistema que llamamos financiamiento compartido. El resultado es que existe toda una gama de colegios de distintos precios en los cuales las familias, según sea su nivel de rentas, van matriculando a sus hijos e hijas.

Al proceder de este modo, los padres juzgan hacer lo mejor por su prole, ¿quién puede pensar que un servicio de mayor precio no es de mejor calidad?

Pedirles que actúen de otro modo es pedirles que no den a sus hijos algo bueno que pueden darles.

En este contexto, cada vez que una familia pueda llevar a sus hijos a un establecimiento mejor (esto es más caro) lo hará e inevitablemente la educación pública, municipalizada o no, irá perdiendo matrícula y se quedarán solo con los estudiantes de familias más pobres.

Por tanto, mientras se mantenga el financiamiento compartido es inviable el mejoramiento de la institucionalidad de la educación pública gratuita.

2. Regulación de entrada de nuevos establecimientos educacionales. En Chile se entiende la libertad de enseñanza como libertad de emprendimiento en educación y, a su vez, la libertad de emprendimiento como ‘el derecho’ a abrir establecimientos educacionales que deben ser financiados por el estado, aunque no se requieran.

Se trata de una situación que no produjo excesivo ruido mientras el sistema escolar estaba en proceso de expansión, hasta aproximadamente el año 2002, pero que se ha revertido desde entonces, ya que el número total de estudiantes no solo dejó de crecer sino que ha disminuido (en 2009 hubo 113.212 escolares menos que en 2002).

Es urgente, por tanto, generar una regulación para la entrada de nuevos establecimientos al sistema; regulación que debe vincularse a la existencia de un grupo de familias que desean para sus hijos el nuevo proyecto educativo aportado por la nueva escuela.

Esto puede lograrse a través de un número de firmas de personas dispuestas a matricular a sus hijos en el futuro establecimiento y de la obligación del establecimiento de tener un número mínimo de alumnos por curso al tercer año de funcionamiento (por ejemplo, al menos 30 estudiantes matriculados en cada uno de los primeros tres cursos).

3. Financiamiento adecuado para la educación pública. La regulación actual del sistema escolar propicia la igualdad de trato de parte del Estado para la educación pública y para la particular subvencionada.

Esta pretendida “igualdad” no es tal, ya que la educación pública tiene mayores obligaciones, pese a lo cual no recibe mayores recursos.

En efecto, la educación es un derecho y es obligación del Estado asegurarlo en todo el territorio, para todo tipo de personas y en las más diversas circunstancias.

Esto indudablemente supone mayores recursos que los que necesita un sostenedor particular, quien abre un establecimiento donde supone que hay interesados en su oferta y no tiene responsabilidades por los estudiantes que no puede recibir.

Chile necesita una educación pública fuerte, que asegure su calidad.

Ello pasa por un reordenamiento de la educación financiada por el estado, que incluya la desmunicipalización y una mejor gestión al sector y que incluya, también, un nuevo tipo de regulación a la educación particular subvencionada con procedimientos claros para crear establecimientos y la finalización del financiamiento compartido.