Acuerdo de Escazú, una firma impostergable
El pasado 26 de septiembre venció el plazo para firmar como suscriptores originales del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.
¿De qué se trata este tratado internacional? El Acuerdo de Escazú desarrolla tres derechos interdependientes.
El derecho de acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente, y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de leyes ambientales o el resarcimiento de daños.
Además, es pionero en materia de protección ambiental, planteando el bienestar de la persona como prioridad, protegiendo a comunidades y defensores ambientales a través de una serie de disposiciones.
Estos puntos no surgen espontáneamente, sino que han sido desarrollados internacional y nacionalmente durante los últimos 30 años, desde la suscripción de la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo, y la promulgación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.
El Acuerdo de Escazú es heredero de esa tradición, destacando por ser un instrumento generado por los propios países de América Latina y el Caribe para atender nuestras necesidades de mejorar la democracia y la transparencia en materia ambiental.
Chile, por su parte, participó activamente en el proceso de redacción, siendo sede de la Decisión de Santiago de 2014 que le dio origen y copresidiendo junto a Costa Rica la comisión negociadora de 24 países interesados.
Esto se caracterizó por llegar a consensos, resultando un texto balanceado y reflejo de los intereses nacionales de los Estados participantes, de manera abierta y transparente -a diferencia de las verdaderas cajas negras que son los convenios comerciales, como TPP.
Por ello, es lamentable la decisión del Presidente Piñera de no querer firmar el tratado, luego de ser el blanco de críticas por posponer el apoyo en plena Asamblea General de la ONU en 2018, como por liderar la COP-25 en 2019 sin comprometernos con el continente.
Peor aún, durante dos años la Cancillería ha dado diversos argumentos que eran aparentes y falsos, como la incomodidad a la referencia de cooperación con los países sin litoral por los problemas con Bolivia, la afectación a la soberanía al señalar el Acuerdo que la Corte Internacional de Justicia es uno de los mecanismos de resolución de controversias, y que lo que establece Escazú ya estaría contenido en nuestra legislación interna.
Esto a la luz de la sinceridad de los ministros Allamand y Schmidt la semana pasada, señalando en reunión con su coalición política que el Acuerdo “vulnera la legislación chilena y dota de incertidumbre al Estado y a intereses privados”, apuntando a que “mezcla temas de derechos humanos con medio ambiente”.
Esto causa preocupación, puesto que la realidad de nuestro país muestra que no estamos ajenos a enfrentar crisis socio ambientales, ya sea a consecuencia de la sequía en el valle central, de las zonas de sacrificio como Quintero-Puchuncaví, la intensa explotación minera en el norte, la proliferación de la salmonicultura en el sur, entre otros.
Complementariamente, es importante que nos subamos a los nuevos estándares que propone el Acuerdo de Escazú, aprovechando los mecanismos de financiamiento, transferencia tecnológica y de capacidades, así como la cooperación técnica y financiera para lograr progresivamente los objetivos programáticos.
Como Estado tenemos tiempo para sumarnos al Acuerdo de Escazú. Aún se está a la espera de que entre en vigencia, ya que se requiere que 11 países de la región lo ratifiquen, cuando hasta la fecha lo han realizado 9.
Sin embargo, las señales contradictorias del gobierno en el compromiso con la comunidad internacional para garantizar un desarrollo sostenible y el bienestar de las personas son realmente vergonzosas.
Ojalá el Presidente Piñera comprenda el daño que le hace al país. ¡A firmar Escazú!
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