El silencio de Cancillería

A principios de julio pasado, al término de su visita a EE.UU., el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna declaró a los medios de comunicación que "Estados Unidos era el principal socio estratégico de Chile". Parece haber incurrido en una muestra de confianza excesiva y quizás algo de ingenuidad, con la convicción que el TLC suscrito hace más de 20 años entre ambos países, con relaciones diplomáticas que cumplen 200 años y la afinidad política mostrada hacia el gobierno del presidente Trump serían suficientes para evitar sanciones arancelarias.

Por desgracia para Chile y el gobierno del Presidente Kast, no pasaron 30 días y se conoció la decisión de Washington de gravar con un arancel de 12,5% a importantes productos de exportación, con un dañino efecto en la competitividad de nuestros exportadores.

Ello importa una grave vulneración de la letra y espíritu del TLC existente, que no puede ser modificado unilateralmente, ya que es una ley que obliga a las partes contratantes y establece una institucionalidad jurídica que debe ser respetada en conformidad a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el Derecho Internacional.

Frente a esta injusta decisión del gobierno norteamericano y el extraño silencio de la Cancillería, que cumple la ejecución de la política exterior que por mandato constitucional corresponde privativamente al Presidente de la República, y que debió haber rechazado el señalado gravamen, los ministros de Agricultura, Jaime Campos; y de Defensa, Fernando Barros; salieron públicamente -con la dignidad que el caso ameritaba- a rechazar la unilateral decisión de Washington, por vulnerar el TLC vigente entre ambos países.

El embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, se permitió criticar e interpelar a los ministros chilenos que habían defendido la soberanía del país, infringiendo el principio de no intervención en los asuntos internos del Estado receptor y que los agentes diplomáticos están obligados a respetar de acuerdo al artículo 41 numeral 1 de la Convención de Viena sobre Relaciones diplomáticas.