Medidas del Gobierno en Colchane: Inconsistencia política y violación de obligaciones internacionales

El Gobierno de Sebastián Piñera ha sido uno de los más activos en la región en denunciar la crisis humanitaria en la Venezuela de Nicolás Maduro. Sus acciones y comunicados han sido realizados de manera unilateral, así como en coordinación con otros países de la región o dentro del Grupo de Lima.

Por ejemplo, en febrero de 2019, en el contexto del viaje a la frontera colombo-venezolana para apoyar la campaña de Juan Guaidó, Piñera sostenía: "Creo que dentro de las tradiciones republicanas más hermosas de nuestro país y que estoy seguro comparten todos los demócratas, es nuestro compromiso y defensa, sin reconocer límites ni fronteras, de la democracia, la libertad y el Estado de derecho. Por tanto mi viaje a Cúcuta es un fiel reflejo y compromiso con esos valores básicos".

Meses después, en una entrevista a un periódico español, el Presidente sostenía que en Venezuela "hay una crisis humanitaria, literalmente muchas personas se están muriendo de hambre por falta de alimentos o por falta de medicamentos, y todo eso es responsabilidad de una dictadura corrupta e incompetente".

Chile fue uno de los seis gobiernos en denunciar al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Al igual que otros países sudamericanos, Chile ha recibido un alto número de emigrantes venezolanos que buscan mejores condiciones.

Estas acciones son consistentes con los compromisos en materia de protección de los derechos humanos y de la democracia codificados en instrumentos como el Pacto de San José, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, o la Carta Democrática Interamericana. Así mismo, van en línea con la doctrina de la Responsabilidad para Proteger promovida por las Naciones Unidas.

Sin embargo, dicha consistencia ha sido reemplazada por el doble estándar y por la franca violación de principios básicos del Derecho Internacional como ha quedado patente en las últimas medidas adoptadas para enfrentar lo que se ha tildado como la crisis migratoria en la frontera norte. La medida anunciada por el canciller Andrés Allamand consiste en expulsar a inmigrantes irregulares -aquellos que no cuentan con la visa consular de turismo- y deportarlos a Venezuela.

El Presidente Piñera ha justificado la decisión en términos morales aduciendo que los migrantes venezolanos que han ingresado al país por pasos no autorizados faltan a la verdad y no respetan las leyes y principios chilenos.

En el contexto de una crisis humanitaria y, por tanto de una migración forzada por la violencia y la pobreza extrema, estos argumentos son falaces. Como ha detallado una investigación académica (A pie por Colchane: cómo la política de gobierno forzó un ingreso desesperado de migrantes a Chile, CIPER, 05.02.2021), los migrantes venezolanos -muchos de ellos familias con niños y ancianos- han atravesados miles de kilómetros en condiciones extremas, poniendo en riesgo su vida para poder acceder a mejores condiciones de existencia, y en muchos casos para reunirse con familiares y amigos establecidos en Chile. Estas personas no son turistas. Son, para todos los efectos, refugiados, es decir "personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público" (Declaración de Cartagena sobre Refugiados).

De acuerdo a la doctrina de la responsabilidad para proteger (R2P por sus siglas en inglés) cuando un estado (en este caso Venezuela) es incapaz de garantizar las condiciones básicas de existencia de sus ciudadanos, las comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a dichas personas. Esa responsabilidad recae primeramente en estados y organizaciones internacionales y no-gubernamentales de la región, quienes deben prestar ayuda humanitaria, así como cumplir con el derecho a asilo de aquellos que han conseguido huir de su país de origen. Por el contrario, al deportar ciudadanos venezolanos a Venezuela, el Estado chileno no solo está ignorando dicha responsabilidad internacional, sino que está violando el principio de no devolución que es un pilar básico del derecho internacional de refugiados.

Es incomprensible que el gobierno chileno haya reconocido el carácter dictatorial y violador de derechos humanos de la administración de Nicolás Maduro, para que acto seguido deporte a ciudadanos venezolanos a ese país gobernado por la misma dictadura bajo el argumento de que no cumplen con la normativa nacional vigente, es decir con una visa consular de turismo. Lo que el gobierno chileno debe hacer es implementar un mecanismo de admisión transitoria que, primero garantice el bienestar de las personas que han ingresado al país bajo condiciones extremadamente difíciles y -no lo olvidemos- durante una pandemia, y segundo, que evalúe a través de un debido proceso el estatus en que cada una de esas personas han entrado al país. En esa línea van las medidas adoptadas por el gobierno colombiano de Iván Duque. En caso de que se compruebe el estatus de refugiado, el gobierno chileno tiene el deber de garantizar el derecho a asilo.

El Gobierno ha dicho que con estas medidas buscan dar una señal internacional para que no vengan a Chile más "migrantes irregulares". Chile copia así un viejo guion tristemente invocado anteriormente por el gobierno de Donald Trump en el contexto de la migración centroamericana, así como por gobiernos europeos ante el arribo de refugiados principalmente sirios y libios.

La única señal que el Gobierno de Piñera da es de un desconocimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado chileno. Es, además, una señal equívoca que entra en contradicción con el discurso democrático y pro-derechos humanos que su administración ha enarbolado. Tampoco puede argüir que las medidas adoptadas buscan aliviar la situación en los puntos de recepción, como Colchane. Otra triste lección aprendida de la experiencia europea es que las localidades de entrada sufren las consecuencias de una migración masiva principalmente por las faltas de coordinación gubernamental y la falta de logística necesaria para distribuir a los inmigrantes en puntos de acogida repartidos territorialmente.

Lo menos que uno puede exigirle a un gobierno democrático y respetuoso del Estado de Derecho es que sea consistente en sus políticas y respetuoso de sus compromisos internacionales. La población migrante, sobre todo aquellos que ni siquiera ha podido establecerse en territorio nacional, tienen nulas capacidades de pedirle "rendición de cuentas" a Chile por su inconsecuencia. La asimetría de poder es absoluta. Sólo nos queda a nosotros, ciudadanos con derechos políticos, demandar coherencia y legalidad por parte de nuestras autoridades y mostrar un poco de solidaridad con aquellos que viven en condiciones extremadamente más difíciles que en las que nos ha tocado vivir a nosotros.

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