Acompañamiento

La aprobación del Proyecto de Ley de despenalización del aborto en tres causales en la Cámara, refleja el individualismo actual imperante en la sociedad chilena, donde cada persona piensa que puede hacer lo que estime conveniente, en circunstancias en que vivimos en sociedad y necesitamos de la vida en comunidad para desarrollarnos.

En este sentido, la lógica de que la mujer puede hacer lo que quiera con su propio cuerpo no hace más que acrecentar la cultura del descarte y del individualismo donde se pretende imponer la libertad personal por sobre la inocencia de un individuo en potencia que se está desarrollando dentro del vientre materno.

El estar a favor de la vida implica, no sólo estar en contra de la ley de aborto, sino que también, crear las condiciones económicas y sociales para que toda mujer que tenga un embarazo pueda desarrollarlo de forma sana, sin presiones y con apoyo de toda la sociedad, incluido el apoyo estatal, si fuera necesario.

Optar por una cultura pro-vida quiere decir que el país tiene que avanzar en facilitar y promover la participación laboral de las mujeres, con mejores condiciones laborales, que se traduce en jornadas de trabajo más flexibles, con opción por ejemplo, de teletrabajo, permisos especiales, sueldos equitativos frente a los hombres, sin discriminación y un acompañamiento en el periodo mismo del embarazo.

Claramente la reforma laboral actualmente en discusión no considera estas condiciones para la mujer y más al debe aún está el Proyecto de Acompañamiento en el embarazo propuesto por el Ejecutivo.

Actualmente en Chile existe un potencial de  43.953 mujeres que requieren de  un acompañamiento integral al año, para lo cual se necesitarían $27.700 millones, que significan alrededor de $630.000 por mujer al año. Sin embargo, hoy el Gobierno está destinando sólo $1.600 millones, cifra que alcanza para sólo 2.550 mujeres al año y deja  más del 94% de ellas abandonadas.

Si bien, son varias las organizaciones de la sociedad civil -como la Fundación Chile Unido y la Fundación San José de la Adopción- que se hacen cargo de esta realidad, todavía no es insuficiente.

Esto es algo que  debiera ser política de Estado. Una iniciativa de este tipo no requiere un gran esfuerzo para el presupuesto de la nación, si consideramos que lo que costaría este programa es menos que los  $31.000 millones que se gastan mensualmente en el Transantiago para cubrir el déficit.

Un país solidario no es sólo aquél que contribuye en los periodos de catástrofe o en la Teletón, sino que es un país que valora a sus mujeres y no las deja solas.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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