Activismo judicial y sistema de salud: ¿Justicia para uno o injusticia para todos?

Rodrigo Poyanco

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El derecho a la salud está dejando de ser solo un asunto de políticas públicas y está entrando a las salas de los tribunales. Pero, ¿qué pasa cuando decisiones judiciales adoptadas para casos individuales terminan afectando a muchos? ¿Quién debe tomar las decisiones sobre políticas de salud en un país? ¿Los expertos que diseñan políticas públicas o los jueces que resuelven casos individuales? Esa es una de las grandes preguntas que enfrentamos hoy en Chile, y no es solo un debate académico: afecta directamente cómo funciona el sistema de salud y cómo se reparten sus recursos.

Desde la década de 2010, nuestros jueces -especialmente en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional- han cambiado la forma en que entienden el derecho a la salud, extendiendo sus decisiones a cuestiones tales como el funcionamiento de las isapre y los beneficios y servicios médicos que debe otorgar el Estado. Lo que era antes un tema político y técnico, hoy se está resolviendo en los tribunales. Ya no se trata solo de si una política es legal, sino de si le parece justa a un juez. Y eso lo cambia todo.

Tómese el caso de la Ley Ricarte Soto. Esta ley crea todo un sistema destinado a financiar medicamentos de alto costo que pueden arruinar económicamente a una familia (los relativos a las llamadas "enfermedades catastróficas"). Pero como el presupuesto que la respalda no es infinito, la ley también creó un sistema de evaluación técnica, que incorpora tanto la perspectiva médica como la económica, para decidir cuáles medicamentos cubrir y cuáles no. Mientras el sistema incluye a algunos medicamentos, atendida su eficiencia y cobertura, excluye a otros por razones muy fundadas. Ese sistema ha sido elogiado incluso por el Banco Mundial.

Sin embargo, ello no ha impedido que cientos de personas cuyas enfermedades no están cubiertas por esa ley hayan acudido a la Corte Suprema exigiendo que se cubran medicamentos que están fuera de esa lista. Y muchas veces el tribunal les da la razón, incluso si eso pone en riesgo la viabilidad financiera del sistema o existen cuestionamientos técnicos a su eficacia. Pero así, lo que antes se entendía como una política pública legítima -y, en el contexto latinoamericano, de carácter avanzado-, hoy puede quedar en entredicho si un juez considera que no es lo suficientemente justa. De esa manera, el Poder Judicial comienza a ocupar un espacio que tradicionalmente era del Ejecutivo o el Congreso.

Esto no es un fenómeno aislado. En países como Colombia o Brasil ha ocurrido algo similar desde hace décadas, con consecuencias tales como el endeudamiento crónico de los sistemas públicos y la creación de vías de privilegio para la atención de algunos enfermos y algunas enfermedades. En Chile, la tendencia se ha fortalecido desde 2017, y el efecto es claro: las políticas públicas de salud se judicializan. Y con eso, muchas veces quienes tienen más recursos o más acceso a abogados terminan obteniendo beneficios que no están al alcance de todos. Se abre una vía paralela al sistema general de salud, pero no necesariamente más justa.

Por eso el autor de esta columna, junto a otros siete académicos, decidimos reflexionar sobre este cambio en el libro "El Derecho a la Salud en Chile: un nuevo paradigma", editado por Tirant Lo Blanch. Participan voces diversas, pero la pregunta que recorre todos los capítulos es la misma: ¿Pueden los jueces entender mejor las necesidades sociales que las autoridades elegidas por la ciudadanía?

No hay una respuesta única, pero sí una advertencia clara: cuando los tribunales asumen el rol de decidir qué políticas son justas o no, sin considerar sus efectos globales, corremos el riesgo de que el sistema se vuelva insostenible. Lo justo para uno puede terminar siendo injusto para todos los demás.