Cobertura complementaria de Fonasa: una oportunidad que debe llegar a buen puerto
La aprobación en el Congreso, en el contexto de la Ley Corta de Isapre, de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), representa un avance significativo en la búsqueda de una mayor protección financiera para millones de chilenas y chilenos. Este sistema, que operará como un seguro voluntario, permitirá a las personas afiliadas al seguro público acceder a prestaciones ambulatorias y hospitalarias en clínicas y centros privados, ampliando así sus posibilidades de atención.
Este nuevo instrumento responde a una demanda ampliamente sentida, especialmente por parte de la clase media, que en muchas ocasiones ha debido endeudarse para recibir atención en el sistema privado al no contar con una cobertura suficiente ni con una alternativa pública inmediata. Frente a este escenario, el fortalecimiento de Fonasa y la incorporación de esta cobertura complementaria surgen como un mecanismo necesario para garantizar el derecho a la salud, diversificar la oferta prestadora y proteger financieramente a las familias.
La implementación de esta modalidad debe ser exitosa. No solo porque ha sido respaldada por una amplia mayoría del Congreso Nacional, sino porque responde a una sentida necesidad. En este sentido, es fundamental recordar que ningún interés particular, por legítimo que sea, puede estar por sobre el bien general y el bienestar de las personas. Las legítimas preocupaciones del sector privado -ya sean clínicas, prestadores o aseguradoras- deben ser consideradas, pero no pueden convertirse en obstáculos que impidan el avance de una política pública ampliamente debatida y aprobada democráticamente.
Chile enfrenta el desafío de construir un sistema de salud más solidario, mixto y eficiente, donde los sectores público y privado colaboren en función de un objetivo común: garantizar un acceso oportuno, digno y de calidad para todas las personas. La cobertura complementaria representa una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección. Que ello se materialice dependerá del compromiso de todos los actores, especialmente del Estado, cuya responsabilidad es velar por el interés público, por sobre cualquier presión sectorial.
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