El World Resources Institute señaló que Chile enfrenta un estrés hídrico alto debido a que la demanda de agua excede significativamente su disponibilidad. Esta crisis está desde hace más de 20 años, generando estragos en distintos rincones del país, sobre todo en la Región del Maule debido a su intensa actividad agrícola. Preocupante, si observamos que de la demanda por agua en Chile, 70% se destina al cultivo. En consecuencia, en el Congreso tomamos el toro por las astas y se elaboró un proyecto de ley para agilizar la construcción de embalses agrícolas.
Pensemos en las familias que históricamente han vivido de la actividad agrícola, y que han tenido que enfrentar distintas adversidades como la sequía, falta de lluvia y el no contar con la cantidad de embalses suficientes; destrabar, al menos, la burocracia con los entes que forman la cadena es un beneficio y un paso gigante.
Fue una larga y extensa discusión que se dio en el Congreso, y tras su publicación en el Diario Oficial, hoy podemos decir que es una realidad esta normativa que modifica el Código de Aguas para eximir de permisos de la Dirección General de Aguas (DGA) a ciertos tranques y embalses, reduciendo los tiempos de espera y fortaleciendo la infraestructura de riego en el país, en beneficio de pequeños y medianos agricultores. Con esto, esperamos superar el impacto negativo sobre la inversión y el crecimiento económico, en términos agrícolas.
¿Por qué esto es tan importante? La iniciativa viene a eliminar exigencias innecesarias de permisos por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), siempre y cuando las obras cumplan con criterios específicos de capacidad y de altura. Dicho lo anterior, no requerirán autorización los tranques construidos fuera de un cauce natural con capacidad de hasta 150 mil metros cúbicos o muros de hasta 7 metros de altura. En tanto, la legislación también beneficia a los tranques dentro de un cauce natural con capacidad de hasta 50 mil metros cúbicos o muros de hasta 5 metros de altura.
Esta nueva legislación representa un avance clave para el postergado mundo agrícola en un contexto de sequía prolongada y crisis hídrica, ya que muchos pequeños y medianos agricultores veían en la burocracia un obstáculo para invertir en el almacenamiento de agua. Por el contrario, esta ley simplifica trámites, entrega certezas y promueve la seguridad del riego, asegurando así la continuidad de la producción agrícola nacional. Que la cadena no se vea interrumpida por externalidades que no tienen relación con el trabajo propiamente tal es lo más importante.
Por lo mismo, es imprescindible que los agricultores se informen y se preparen para aprovechar los beneficios y bondades que proporciona esta nueva ley, sobre todo en las temporadas más fértiles para la agricultura.
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