Derecho al aborto, debate pendiente

Camila Maturana

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Cada vez que los medios de comunicación informan de una mujer denunciada por aborto impacta la indolencia con que se las describe y lo que supuestamente han hecho. No se problematiza que la gran mayoría de denuncias proviene de hospitales, ni el rol de los profesionales de la salud, que es resguardar su vida y salud y guardar el secreto profesional en lugar de delatarlas.

Tampoco se profundiza en quienes son estas mujeres, en su inmensa mayoría jóvenes, pobres y en gran medida extranjeras, es decir, mujeres en extremo vulnerables. El estigma y la necesidad de castigo, sin atender a la situación en que se encontraban o que las llevó a tomar dicha decisión. 

Desde la recuperación de la democracia, organizaciones de mujeres y feministas hemos demandado el reconocimiento y protección a nuestro derecho a decidir, abogando por medidas preventivas y por la maternidad como una opción en la vida de las mujeres, no un mandato social y menos una obligación jurídica que pueda imponerse por leyes penales. De ahí la importancia de iniciativas, como las presentadas el año pasado ante el Senado y la Cámara de Diputados, orientadas a la despenalización del aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo. 

Al cumplirse un año desde la presentación de nuevas mociones parlamentarias sobre despenalización del aborto, preocupa la falta de debate legislativo al respecto, que evidencia la brecha entre las prioridades de los y las representantes de la ciudadanía y la realidad de las mujeres y las niñas en Chile. 

Es ampliamente conocido que criminalizar a las mujeres no ha permitido en ningún país del mundo evitar o disminuir el aborto, ni disuadir a las mujeres de practicarlo. Por el contrario, las leyes punitivas, como la que rige en Chile que solo permite la interrupción del embarazo en tres causales sumamente acotadas y bajo numerosas barreras según ha quedado en evidencia al cabo de casi dos años de la dictación de la ley Nº 21.030 sobre aborto en tres causales, únicamente redundan en la ilegalidad en que las mujeres interrumpen sus embarazos cuando esa es su decisión.

En condiciones de clandestinidad, mujeres y niñas son estigmatizadas y se ven enfrentadas a graves riesgos para su vida y su salud.

Y se exponen a la persecución criminal puesto que en ocasiones los equipos de salud transgreden sus obligaciones éticas y jurídicas de confidencialidad e igualmente las denuncian. 

Además de ineficaz, se trata de una ley injusta pues los riesgos derivados de la ilegalidad del aborto no nos afectan a todas las mujeres por igual, sino en mayor medida a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Debido a la desigualdad social, son las mujeres pobres, las niñas y las adolescentes, las mujeres inmigrante e indígenas, que no cuentan con los recursos o las redes necesarias para acceder a un aborto seguro, las más expuestas a los riesgos de secuelas, daños o persecución criminal. 

Debatir sobre la legalización o despenalización del aborto resulta urgente pues se trata de una realidad que por muchos años se ha eludido enfrentar. Es importante que las autoridades gubernamentales, senadores/as, diputados/as, dirigentes políticos y sociales y organizaciones de la sociedad civil se pronuncien. Las mujeres en Chile tienen el derecho de conocer la posición de sus representantes y líderes al respecto. 

Cualquier iniciativa de ley sobre legalización o despenalización del aborto no conlleva una imposición a ninguna mujer en orden a interrumpir su embarazo, puesto que siempre se protegerá su decisión. No caigamos en caricaturas que desvirtúan el debate. Las mujeres queremos saber quiénes son las autoridades gubernamentales, parlamentarias, políticas, sociales y otras que sostienen que, frente a la decisión de interrupción del embarazo, se considera que esa mujer o niña debe ser enjuiciada y encarcelada, o sí se respetará su decisión. 

Las organizaciones de mujeres y feministas reconocemos la legalización del aborto en tres causales como un avance importante que permite proteger a las mujeres y niñas que enfrentan las situaciones más críticas (ley N.º 21.030). Pero, es un secreto a voces que estos derechos mínimos enfrentan obstáculos importantes, como la objeción de conciencia, entre otros, y que las causales legales no responden a la realidad de todas las mujeres, que por diversas razones requieren ejercer su derecho a decidir libremente. 

Para proteger los derechos de las mujeres y las niñas se necesita implementar una educación sexual, laica y no sexista, garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva integrales en las diversas etapas del ciclo vital, a métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual.

Pero también garantizar el acceso a servicios de aborto respetuosos de la decisión de las mujeres, no sujetos a causales o limitados por la decisión de terceras personas o instituciones que puedan anteponer sus valores o creencias.