Embarazo y reproducción, responsabilidad social

Uno de los hechos llamativos de la evolución de la sociedad humana de las últimas décadas es la llamada transición demográfica. Disminuyen los embarazos y los nacimientos, se extiende la expectativa de vida y este fenómeno se distribuye desigualmente en la población.

Los nacimientos tienden a crecer mayormente en las mujeres muy jóvenes, menores de 20 años y mayoritariamente solteras  y de menores ingresos, por una parte y, por otra en las mujeres mayores de 30 de niveles más altos en lo socio-económico. La creciente incorporación de la mujer al mundo profesional y laboral ha llevado también a una disminución de la nupcialidad y fertilidad de las mujeres de clase media, fuerte componente del desarrollo contemporáneo.

La tendencia decreciente de la natalidad en Chile ha llevado a que algunos expresen esta preocupación como un tema de alta relevancia para el país. En la medida en que nacen menos niños la pirámide poblacional pierde armonía y se recarga a las edades  intermedias con una mayor responsabilidad en la sustentabilidad inter-generacional en muchos aspectos, particularmente en la seguridad social y la capacidad de financiar las pensiones para las personas que se retiran.

Se han propuesto incluso estímulos monetarios a la procreación de hijos siguiendo la tendencia que ocurrió en algunos países de Europa Occidental ante semejante asunto.

Por otra parte ha sido tema de intenso debate en estos meses la reforma al sistema de la previsión social en salud y muchos han sostenido que nuestros entes privados de salud previsional deberían tener mucho más evidente su pertenencia al sistema de seguridad social que al mundo financiero. Ello implica someterse a los principios de la seguridad social: universalidad, solidaridad, equidad, entre otros.

La decisión del gobierno de establecer vía circular la invalidez de discriminar como preexistencia para negar contrato a una mujer que cursa un embarazo es una medida que busca restablecer la condición natural y no patológica de la reproducción humana. Más aún, es un reconocimiento de la función natural y necesaria del crecimiento de la población y de las familias y de la obligación de la sociedad de sufragar los costos y absorber los riesgos que este proceso implica.

La medida restablece la equidad frente a las mujeres en edad fértil y obliga a los entes aseguradores a absorber solidariamente los mayores recursos necesarios para ser parte del proceso de reproducción de su población a cargo. No se entiende que esto haya ocurrido por tantos años en nuestro sistema de salud y por ello la medida ha sido bien recibida por la mayoría de las autoridades, incluyendo las jerarquías eclesiásticas.

Queda sin embargo mucho por avanzar. La discriminación por pre-existencia de enfermedades es otro elemento de inequidad en el sistema privado de salud. Nadie busca enfermarse y muchas de ellas están determinadas social o genéticamente y con su presencia obligan a las familias y las comunidades a incurrir en gastos enormes en relación a su patrimonio.

El gasto directo de los más pobres en Chile  es en salud excesivo y el mayor proporcionalmente de los países OECD. Las personas piden equidad y acceso, esa es la tarea permanente para el sistema de salud y para el país.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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