Impostergable. Acceso y libre elección de medicamentos

En la era de la pos pandemia, Chile no podrá seguir siendo el mismo. Al igual que el resto de los países, tiene por delante la ardua tarea de reformar sus políticas públicas en Salud, para volver a poner a la persona en el centro de ellas. Hablamos, literalmente, de un nuevo ciudadano incluso más complejo que el del post estadillo social.

Este nuevo paciente, por ejemplo,  es el que va a la farmacia a exigir disponibilidad de vacunas e insumos sanitarios como mascarillas, alcohol gel y vitaminas.

Al no encontrarlos o ver como su precio se ha incrementado debido a la escasez internacional, desconfía de su centro de salud, sospecha de la persona que lo atiende, se siente violentado y solo.

Misma impotencia que siente el dueño o profesional de farmacia que lo atiende al no poder brindarle lo que requiere, porque bien sabe que su rol es satisfacer sus necesidades de medicamentos y productos, orientarlo y velar por su mejoría. 

La pandemia Covid 19 corroboró, entre otras muchas cosas, la situación de vulnerabilidad de nuestro país como importador de muchos de los insumos médicos y medicamentos, que se dispensan en la red de salud pública y privada.

Además, ya veníamos arrastrando un desabastecimiento histórico en genéricos, no atendido por la autoridad sanitaria. Esta actual dependencia, impulsada desde los años 80’, tiene costos importantes en países como el nuestro.

¿Cómo le explicamos a cada chileno y chilena, que nuestras farmacias e incluso el Estado, dependen en un 100% de las políticas de precios de laboratorios internacionales y proveedores, con casi ningún poder para negociar?

Sobre todo en relación al valor de productos innovadores (nuevos) y en aquellos que sufren un aumento exponencial de su demanda ante crisis sanitarias como la que vivimos.

En este escenario, es fundamental pensar cómo las leyes chilenas se adaptarán para  abordar esta problemática asegurando la profundidad de stock que la población requiere para el tratamiento de sus patologías, a un menor costo para ella.

El proyecto de ley Fármacos II contiene un conjunto de indicaciones que apuntan, acertadamente, en esa dirección. Aunque por si solas estén lejos de zanjar en forma definitiva el problema del elevado gasto de bolsillo, lo solucionan en parte.

Una de estas medidas es la que impulsa la obligatoriedad de que la receta médica sea prescrita por los médicos haciendo uso de la Denominación Común Internacional (D.C.I.) o nombre genérico del medicamento.

Los laboratorios internacionales son, claro está, sus más fervientes detractores y quienes, para proteger sus marcas, han iniciado una campaña en contra aduciendo que esto entrega a las farmacias toda la decisión de compra. 

Lo cierto es que esta medida, en conjunto con la bioequivalencia, apunta a ir empoderando cada vez más al paciente.

Al eliminar el conflicto de interés entre médicos y laboratorios, se fortalece al sujeto de tratamiento y se le da libertad de elección en un segmento de medicamentos donde el ISP le da garantías de igual efectividad y el mercado farmacéutico brinda precios totalmente accesibles a la comunidad.

Esto obligaría, también por ley, a las farmacias a contar con un petitorio mínimo de medicamentos en DCI o nombre genérico, de modo de garantizar un rango de precios bajos y evitar cualquier sesgo por parte de éstas en la oferta obligatoria de medicamentos que deban disponer para los pacientes.

A su vez, también resguarda tratamientos más complejos y la decisión de los médicos a prescribir  un medicamento de marca en particular, en aquellos casos en que el producto cuente con tres o más principios activos y donde se justifique su finalidad terapéutica.

Y es en este otro segmento de medicamentos “de marca” donde, precisamente, tenemos el grave problema de los más altos precios que impiden a la población acceder a su oportuno tratamiento.

Ahí, la ley cojea, donde “hecha la ley se hace la trampa”. Justamente, donde los laboratorios con sus marcas siguen teniendo el control absoluto y, como dioses del mercado farmacéutico y de la salud nacional, deciden quién muere o vive,  de acuerdo al poder adquisitivo de cada uno.

Es ahí, en el eslabón más alto,  donde hace total sentido regular precios, y en los niveles de precios medios-bajos permitir la competencia donde su efecto sí es positivo. 

En definitiva, el actual contexto social y sanitario de Chile requiere una revisión profunda de la nueva normativa, específicamente, en el mercado de la producción e importación de medicamentos e insumos.

En ese sentido, esperamos que nuestros legisladores disminuyan las barreras legales para participar en el  y den el marco para políticas públicas que  permitan  al sector afrontar en forma eficiente esta pandemia y las muchas enfermedades que nunca tocan la puerta y silenciosas se instalan en cada familia.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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