Inclusión en salud en medio de la pandemia
La inclusión de personas con discapacidad (PcD) se entiende como la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan en la sociedad. De esta manera, el Estado debe garantizar que todos tengan las mismas oportunidades a la hora de tener acceso a la salud, sin discriminación alguna.
No hay que olvidar que las PcD tienen una mayor demanda de atención médica en comparación con aquellas que no presentan discapacidad, sin embargo, esto no siempre se da en la vida cotidiana, pues la igualdad en la salud se logra cuando todas las personas tienen el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin ser discriminadas. Recordemos que a fines de mayo Óscar Díaz, de 38 años y con síndrome de Down, quien estaba contagiado de COVID-19, falleció por no haber recibido una pronta atención médica, según lo denunciado por su familia.
Claramente, tuvimos que esperar que sucediera el caso de Óscar para que se tomaran medidas a favor de un acceso a la salud digna y sin discriminación para las PcD. La Organización Mundial de la Salud ya se había referido al respecto, entregando las recomendaciones para evitar este tipo de situaciones, pero lamentablemente llegamos tarde.
Es más, Chile se ha adscrito a varias convenciones internacionales, como son la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, que en sus artículos hace referencia a la no discriminación, a la protección de la vida, a la protección de las PcD ante una catástrofe, contra todo trato inhumano y al acceso en igualdad de condiciones a la salud, entre otros.
Por otra parte, tenemos la Ley N°20.422, que establece Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social para las PcD, que nos señala la no discriminación por causa de la discapacidad e indica adoptar medidas de compensación de desventajas, es decir, realizar “ajustes razonables”, definidos por la misma ley como aquellas medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas de las personas con discapacidad, que de forma eficaz y práctica y sin que supongan una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una PcD en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
Es un hecho que la pandemia afecta aún más a las personas con discapacidad, ya que en su gran mayoría tienen enfermedades relacionadas, lo que aumenta su factor de riesgo.
No obstante, hemos sido testigos de cómo ha afectado el acceso a la salud para esta población, debido a la falta de estos “ajustes razonables”.
En esta materia (y en muchas otras que serán tema para otro momento), faltan protocolos que entreguen las indicaciones adecuadas de atención a los profesionales de la salud: que señale la probabilidad de que la persona no sea independiente, que necesita documentación en braille, lengua de señas, entre otros, y que por ende necesitará de una cooperación adicional del mismo profesional, más días de tratamiento, mayores cuidados, etc.
Finalmente, una de las lecciones que nos deja Óscar y esta pandemia es que, si logramos ser más inclusivos en el diseño de políticas públicas, en la toma de decisiones, en los protocolos de salud, no considerando sólo al “paciente/usuario promedio, sino a la diversidad de usuarios, podremos hablar de igualdad de oportunidades e Inclusión Social para las PcD.
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