Mucho se ha escrito sobre la crisis de las isapres, pero no tanto sobre cómo resolver el problema. Justamente allí reside su complejidad, ya que han sido los tribunales, tanto el Constitucional como los de Justicia, los que de modo persistente han ido presionando para que el Poder Legislativo de una vez por todas tome cartas en el asunto y legisle para resolver los graves fallos del sistema de salud privado.
¿Cuáles son dichos problemas? Primero, que se discrimina por sexo y edad. Segundo, que descreman a quienes tienen mayor riesgo (no se puede olvidar que un alto directivo señaló que las isapres no eran para personas enfermas) y, por tanto, terminan desprotegiendo a aquellos quienes más lo necesitan; establecen preexistencias, obligan a estar cautivos a quienes tienen padecimientos crónicos y ofrecen miles de "planes" (al gusto del consumidor) que son atractivos para personas y grupos familiares jóvenes y sanos, pero una frustración para quienes tienen el infortunio de envejecer y enfermar.
Además de lo anterior, no generan ningún incentivo a la prevención y a anticipar el daño en salud y no tienen ningún mecanismo de control de costos, por lo que todo el riesgo se lo transfieren al usuario. En fin, fueron diseñadas en los '80 como una efectiva máquina de lucrar y no para ser comprendidas como entidades de seguridad social en salud. Si los problemas son tan graves, la pregunta obvia es sobre por qué sobrevivieron sin cambios significativos por tanto tiempo. La respuesta a ello es compleja, por una parte, posibilitaron el acceso a prestadores privados a un sector de la población que valora el poder elegir y tener una atención oportuna; por otra, ejercieron un eficiente lobby para bloquear por décadas cambios substantivos al status quo (la mayoría de los parlamentarios son beneficiarios del sistema) y lo que es más lamentable, jamás se logró voluntad ni capacidad política para resolver este espinoso tema.
Curiosamente hoy, son los tribunales los que han dado jaque mate al sistema, revelando que las isapres ya no son negocio. Las alternativas son dar a las isapres un perdonazo o salvataje, lo que a mi juicio sería simplemente inmoral (afortunadamente ello no es apoyado por la opinión pública, así lo señalan las encuestas), o decidirse a legislar por un sistema de seguridad social en salud, donde los fondos se mancomunen y el riesgo se comparta solidariamente (como sucede en todos los países con buenos sistemas de salud valorados por sus ciudadanos), superando la actual injusta e inequitativa segmentación y fragmentación de nuestro sistema de salud.
Las herramientas técnicas para avanzar hacia un sistema universal de salud (compromiso que Chile tiene desde 2014 con organismos internacionales) no son únicas y en Chile se deberá considerar las expectativas y requerimientos de distintos sectores, especialmente con respecto a la colaboración público-privada en la prestación, con el objeto de viabilizar políticamente una solución urgente.
El peor de los mundos sería que un Gobierno que propuso un sistema universal y un fondo solidario termine, por incapacidad de generar acuerdos, salvando a las isapres y manteniendo el status quo. Tengo esperanzas de que ello no ocurra.
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