En salud, decir la verdad no es solo una virtud moral, es un principio clínico y político indispensable para cuidar adecuadamente a las personas y fortalecer la confianza social. La práctica sanitaria se sostiene sobre una relación profundamente humana: aquella que vincula a profesionales y personas en momentos de vulnerabilidad, incertidumbre y esperanza. En ese espacio, la verdad constituye una forma esencial de respeto.
Es un deber ético de los profesionales de la salud informar de manera oportuna y veraz sobre el padecimiento, el pronóstico y las alternativas terapéuticas disponibles, incluyendo las consecuencias de tratar o no tratar una enfermedad, así como las posibles complicaciones y efectos adversos que todo tratamiento conlleva. Pero la verdad no se agota en entregar información, exige asegurar que la comunicación sea efectiva, verificando que la persona comprenda integralmente lo que se le comunica. Solo entonces puede ejercerse una verdadera autonomía y tomarse decisiones compartidas con sentido y dignidad.
Este mismo estándar ético debe orientarse el diseño e implementación de las políticas públicas en salud. Toda acción humana implica beneficios, costos y desafíos, y simplificarlos erosiona la confianza ciudadana y debilita la legitimidad institucional. La transparencia no es una debilidad, sino una condición para construir acuerdos sostenibles.
Actuar con la verdad también implica reconocer un límite ineludible: en salud es imposible ofrecer "todo para todos". Los recursos siempre son finitos frente a necesidades potencialmente infinitas, lo que obliga permanentemente a priorizar. Estas decisiones deben sustentarse en razones de salud pública, evidencia de efectividad, criterios de justicia y principios de equidad, comunicados con claridad a la ciudadanía. Transparentar la necesidad de priorizar y los criterios en que dicha priorización se basa, no significa renunciar a derechos, sino administrar responsablemente los recursos para generar el mayor bienestar posible.
Un ejemplo elocuente son las listas de espera para atención de especialidad y cirugías electivas. Históricamente, las autoridades han sido prudentes al señalar que eliminarlas completamente es imposible, sin embargo, sí han dicho que es un desafío alcanzable ir reduciendo los tiempos de espera priorizando según el impacto real que los problemas de salud generan en la calidad de vida de las personas. No corresponde el mero "orden de llegada", sino criterios clínicos y sociales como la edad, la evolución natural de la enfermedad y el efecto del padecimiento en el bienestar del paciente y su núcleo familiar.