La reciente aprobación en el Parlamento de una ley de protección de salud mental constituye un avance, principalmente en términos culturales, pero aún está lejos para responder a las necesidades urgentes de la población y agravada por la pandemia.
Esta ley al ser promulgada, permitirá que Chile deje de pertenecer al pequeño grupo del 30% de los países que no cuentan con una legislación al respecto. Entre los aspectos a destacar de la nueva normativa están el derecho de toda persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual a ser reconocida como sujeto de derechos, el consentimiento libre e informado de todo tratamiento o alternativas terapéuticas que les sean propuestos, incluidos los efectos secundarios del consumo de fármacos, así como la hospitalización psiquiátrica como medida excepcional, la atención interdisciplinaria con personal idóneo, entre otras.
Sin embargo, una legislación que no esté dotada de los recursos suficientes, y que necesariamente debieran incrementarse ante este nuevo marco jurídico, será como un Sernac sin atribuciones, un placebo o un vaso de agua en el desierto. El gasto público en salud mental no ha superado el 2,2%, siendo que el promedio de la OCDE es tres veces más, y llega al 6%. Incluso nuestro país, está bajo el promedio mundial, que es en torno al 3%.
Con los actuales recursos, los profesionales de la salud mental, sobre todo a nivel público, a pesar de sus grandes esfuerzos, solo alcanza para cronificar los padecimientos de quienes logran acceder a algún tipo de cobertura. Es decir, cada cierto tiempo, ir a buscar medicamentos, sin ninguna posibilidad de la atención específica y singular que requiere cada caso. Donde una enfermedad muy difundida son los diagnósticos y estigmas, con la creciente patologización de la vida cotidiana.
Con esto se refuerza solo el modelo biomédico y la industria farmacéutica, que año tras año, y con mayor razón en estos tiempos, ve incrementado el consumo de psicofármacos de todo tipo. Estos muchas veces, sobre todo cuando su uso es el único tratamiento, son como tocar el piano con guantes de box. Pulsar en parte la tecla correcta pero también muchas más a la vez. No se asume que detrás de cada padecimiento, incluida la locura, no hay un enfermo, sino un sujeto.
Junto con lo anterior, es necesario integrar en el nuevo cuerpo legal de protección de salud mental aspectos no considerados aún; como el establecer la paridad en costos y cobertura entre la salud física y la mental, con requerimientos similares de financiamiento y limitaciones a los tratamientos, dispositivos de atención en salud mental infanto-juvenil y de grupos vulnerables, como por ejemplo, el personal de salud, sometido a una extenuante sobredapatación, física y emocional, a condiciones límites. También la necesidad la participación de comunidades organizadas en torno a la temática, que incorpore enfoques y abordajes multidisciplinarios.
De acuerdo a datos de la OMS, un millón de chilenos padece de cuadros de ansiedad y 800 mil de depresión. A esto se suma los masivos efectos del Covid-19. Chile tiene en salud mental una pandemia silenciosa, agravada por la incertidumbre y la vulnerabilidad psicosocial provocada por la emergencia sanitaria. Es de esperar una vez más, que la nueva ley de salud mental, no solo sea un titular o un nuevo calmante transitorio. El anterior fue el programa gubernamental "Saludable-mente", anunciado con bombos y platillos.
Como siempre en salud mental, siempre hay muchos ruidos y pocas nueces.
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