Ley IVE: Siete años protegiendo derechos de mujeres y niñas

Camila Maturana

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Este 27 de septiembre se cumplen siete años desde la dictación de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, tiempo suficiente para evaluar su implementación. Lo más importante a destacar es que se trata de una ley que ha permitido salvar vidas de mujeres y niñas, así como proteger su salud, integridad y dignidad humana.

Entre 2018 y junio de 2024 se registran 5.370 embarazos que califican en alguna de las tres causales previstas en la ley, con 46,3% por causal inviabilidad, 30,1% por riesgo vital y 23,6% de embarazos producto de violación. El 87,8% de los casos corresponde a atenciones en el sistema público y 12,2% al sistema privado.

Cabe resaltar que, del total de casos, 7,8% corresponde a niñas menores de 14 años y adolescentes de 14 a 17 años (184 niñas y 234 adolescentes). Y que en la causal violación, de 1.267 casos, 354 son niñas y adolescentes, es decir el 27,9%.

En el periodo se han observado obstáculos al adecuado cumplimiento de la ley, como la ausencia de campañas públicas sobre los derechos que protege, lo que dificulta a mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales contar con la información para exigir la atención que requieren. También se identifica debilidad en las capacitaciones a los equipos de salud, necesarias para que conozcan los derechos de las mujeres y niñas, y puedan acompañarlas en este proceso. Asimismo, la amplitud de la objeción de conciencia que se permite a parte de los equipos de salud -e incluso a instituciones privadas, bajo la figura denominada "objeción de conciencia institucional"- no garantiza debidamente la atención de mujeres y niñas en los establecimientos a que acuden.

Por ello, en mayo de este año el Ministerio de Salud presentó una propuesta de modificación al reglamento sobre objeción de conciencia, orientado a asegurar la atención de las pacientes, disponiendo que los establecimientos de salud, públicos y privados, "adoptarán todas las medidas necesarias para que el ejercicio de la objeción de conciencia no afecte de modo alguno el acceso, la calidad y la oportunidad de la prestación médica de interrupción del embarazo".

En la propuesta de modificación del reglamento sobre objeción de conciencia se consideran medidas para asegurar el acceso a la información sobre la ley IVE y a las atenciones de salud correspondientes, estableciendo disponibilidad de equipos no objetores, la reasignación y derivación, entre otras medidas.

Habiendo transcurrido 4 meses desde que el nuevo reglamento fuera ingresado a la Contraloría General de la República, esperamos conocer su pronunciamiento, confirmando que se ajusta a la ley y a las obligaciones internacionales sobre derechos humanos de mujeres y niñas, como asimismo a los derechos de profesionales de la salud.

A 7 años de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, contar con un nuevo reglamento sobre objeción de conciencia que asegure a todas las mujeres y niñas la atención que requieren, es una medida necesaria para resguardar y fortalecer los derechos consagrados en ella.