La lucha por los derechos sociales es comprensible y dignifica a quien lo hace. La destrucción de los bienes públicos y privados es otra cosa. Confundir escenarios tan distintos puede ser ignorancia o ideología contumaz.
Acceder para liberar -una vez comprobado el delito- a quienes cometen actos vandálicos, sea por presiones políticas y/o populismos programáticos; es autoritarismo y/o totalitarismo.
Se han ofendido de modo grave los valores y principios de la Nación. Una burla descarada a las personas que luchan y se sacrifican toda una vida para levantar su fuente laboral. Buscar estrategias y nombres artificiales para no llamar al delito como tal y proceder conforme a ello son soluciones deleznables.
Considerando que el Derecho Penal estipula medidas alternativas- aunque insuficientes- a la privación de libertad, se podría aumentar -significativamente- un elenco de nuevas posibilidades que correspondan a aquellos hechos.
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