Un paso hacia la dignidad en los campos clínicos

Paulina Núñez Urrutia

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La formación de los futuros profesionales de la salud en Chile enfrenta un problema crítico y, hasta ahora, invisible: El maltrato y abuso sistemático que sufren muchos estudiantes en sus prácticas clínicas. Este escenario de desprotección se traduce en consecuencias personales y profesionales que, en algunos casos, han tenido desenlaces trágicos. Ante este contexto, impulsé una ley -que cuenta con apoyo transversal- para proteger a los estudiantes del área de la salud en sus internados y prácticas, regulando la relación con sus tutores y las instituciones. Se trata de un avance necesario que no puede esperar más.

Cifras recientes ilustran la gravedad de la situación. Un estudio de 2021, publicado por la Sociedad Médica de Santiago, reveló que el 98.1% de los estudiantes encuestados experimentó algún tipo de maltrato en sus prácticas. Las formas de abuso van desde la subvaloración de su desempeño hasta la violencia verbal y el abuso de poder. La situación es tan alarmante que el 25% de los estudiantes de medicina declaró que habría preferido estudiar otra carrera de haber conocido este clima de abusos antes de iniciar sus estudios. Estos porcentajes hablan de un problema profundo, en el que la falta de normativas claras para proteger a los estudiantes deja a muchos de ellos en un estado de vulnerabilidad y desamparo.

El proyecto de ley que presenté responde a esta urgencia. Se trata de una propuesta concreta que busca asegurar a los estudiantes un ambiente libre de violencia y discriminación durante sus prácticas, con derechos claros, como el respeto de sus horarios y la confidencialidad de su salud física y mental. Esta normativa les permitirá denunciar cualquier situación de maltrato sin temor a represalias, estableciendo un marco de protección en el cual su integridad sea la prioridad. En caso de incumplimientos, las instituciones de salud y educativas enfrentarán sanciones, que incluso podrían afectar su acreditación, y los profesionales involucrados deberán responder ante sus instituciones.

Esta normativa no surge sólo del análisis de cifras; surge también de los testimonios de familias que han perdido a sus hijos debido a la presión y al maltrato que experimentaron en sus campos clínicos. Cada caso resuena como un llamado urgente: El de Catalina, joven estudiante de Terapia Ocupacional, quien en marzo de este año fue encontrada sin vida, dejando una nota que pedía disculpas por no haber soportado "tanto dolor". Casos como el suyo no pueden quedar en silencio. Este proyecto busca transformar la indignación en protección real y efectiva.

La formación en el área de la salud es un proceso demandante y complejo, en el que muchos jóvenes deciden involucrarse con un sentido de vocación y de compromiso social. Es deber de nuestra sociedad, y particularmente de las instituciones educativas y de salud, no solo formar a estos futuros profesionales, sino también proteger su dignidad y bienestar.

Este proyecto de ley es un primer paso, pero un paso firme, hacia un sistema de formación más justo, en el que los estudiantes se sientan valorados y seguros.