Un antojo presidencial

En la edición del domingo 10 de junio pasado El Mercurio publicó el editorial ¿Extensión o densificación de la ciudad? refiriéndose a estas dos distintas formas existentes para abordar el crecimiento de la megalópolis de Santiago, inserta en una de las regiones más contaminadas del país, la que por ese motivo cuenta desde el año 1997 con un fracasado Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA).

En esa editorial se decía que “recientemente 63 organizaciones ciudadanas requirieron a la Contraloría que no tome razón de esa resolución”, aludiendo a un acto administrativo de la Intendenta, mediante el cual se le daba curso a un intento del gobierno en orden a seguir expandiendo la ciudad a extramuros. Para que sea realidad la tentativa presidencial la Contraloría debería tomar razón de tal acto, lo que creemos no sucederá por lo que diremos más adelante.

Recordemos que la Cámara de la Construcción, interesada en la materia, basada en un informe de una universidad privada que recibe cuantiosos recursos del Estado, pregona a través de la prensa con inusitada insistencia que en el Gran Santiago quedarían solo 1.800 hectáreas para construir viviendas, lo que nos trae a la memoria pretéritas campañas del terror.

Ahora bien, vía la modificación PRMS-100 del Minvu, se desea transformar 10.000 hectáreas agrícolas a urbanas, localizadas en 8 comunas periféricas, contemplándose en estos nuevos territorios la ejecución de proyectos inmobiliarios que tendrían una insignificante exigencia para construir viviendas sociales.

El gobierno para satisfacer las ansias de los especuladores con el recurso suelo, sin escuchar al Colegio de Arquitectos de Chile ni a esas 63 organizaciones ciudadanas, está empeñado en sacar adelante su proyecto que modifica los límites urbanos regionales para que en estas 10.000 hectáreas se puedan ejecutar negocios inmobiliarios llamados condicionados por sus avispados promotores.

Como es una falacia  lo  que plantean los interesados en los cambios de usos de suelo, en cuanto a que quedarían solo 1.800 hectáreas para construir casas o edificios residenciales, traemos a colación lo que afirma Pablo Trivelli, editor del “Boletín del Mercado del Suelo en Santiago”, documento que es utilizado recurrentemente por aquellos que se desenvuelven en estos negocios y por los propios funcionarios del Minvu.

Utilizando una entrevista que le hizo el lunes pasado una radio al especialista mencionado, transcribo lo siguiente para que los lectores saquen sus propias conclusiones : “Las áreas urbanas ya ocupadas tienen como 83 mil hectáreas en la Región Metropolitana y las áreas normadas con uso urbano tienen 123 mil, eso significa que quedan 40 mil hectáreas. Hay un informe del año 2010 que dice que el consumo de suelo urbano en la Región Metropolitana es de 700 hectáreas, nos quedan 40 mil, son como casi 60 años. Hay terrenos de sobra”.

Trivelli, que no está en el juego de la especulación, porque es un reconocido académico dijo lo que muchos saben, pero que lo callan. Luego está claro que la propaganda comunicacional para distorsionar los hechos ha quedado al descubierto.

Es del caso señalar que el proyecto PRMS-100, ya fue rechazado en su oportunidad por la Contraloría por motivos de forma y fondo, pero majaderamente después de ciertos arreglos cosméticos, fue ingresado de nuevo por el gobierno en la Contraloría y por ello la campaña desinformativa.

Pero el gobierno, para evitar la necesaria nueva votación en el Consejo Regional (CORE) Metropolitano, ingresó directamente en la Contraloría su proyecto regalón, para así evitarse el riesgo del rechazo; tampoco contó con la forzosa Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), exigida por la nueva legislación ad hoc, y hasta estos días la opinión pública desconoce los nombres de aquellos particulares que obtendrían las plusvalías patrimoniales derivadas de los nuevos usos de suelo; no existió un adecuado proceso de participación ciudadana y se vulneró la restrictiva legislación que tienen los predios rústicos de 0,5 ha (parcelas de agrado) acogidos al DL 3.516 de 1980, habida consideración que en esas 10.000 hectáreas hay un cierto porcentaje de esas subdivisiones que se deben mantener como agrícolas.

En síntesis, estamos ante una situación absolutamente surrealista, propia de los países en donde las cosas se hacen de acuerdo a la decisión del jefe supremo y por ello estaremos atentos al desarrollo de los hechos.

En todo caso, El Mercurio diario que orienta al gobierno en sus políticas públicas, terminaba su editorial con la siguiente expresión: “el mercado no puede resolver por sí solo este dilema, por lo que se requiere una dosis de planificación prudente y consensuada con la población en cuanto a estética, calidad de vida, transporte y contaminación, y una institucionalidad eficaz que vele por un futuro urbano sustentable”.

Compartiendo plenamente lo que dice el decano, ahora esperamos que prime la racionalidad y sana práctica por parte de Piñera, con lo cual pronto se debería iniciar un abierto proceso democrático para establecer las reglas del juego urbanístico en esta colapsada región metropolitana.