Impresiona el ligero e irresponsable uso de las cifras de una eventual disminución del gasto público y además, se ha vuelto común que cada ciclo político venga acompañado de un diagnóstico alarmista: "Chile se cae a pedazos". Claramente no es así. Pero debemos reconocer que el país enfrenta un desafío estructural: optimizar el gasto público y hacerlo con responsabilidad.
Durante 2024, la deuda pública chilena alcanzó el 41,7% del PIB (bcentral.cl). Para tener una referencia, Argentina roza el 85%, Brasil el 88%, México el 58%, Estados Unidos el 122% y Francia el 113%. No somos, por tanto, un país sobreendeudado. Pero sí uno que gasta de forma sistemática más de lo que produce: desde 2008, salvo en 2015 y 2022, nuestro presupuesto anual ha cerrado con déficit.
Solo en 2024 gastamos USD 9.300 millones más de lo que teníamos, y otros USD 3.500 millones se fueron solo en intereses de deuda. Es evidente que este ritmo no es sostenible.
Transportes: un ejemplo de cómo mejorar
El Ministerio de Transportes gastó en 2024 un total de $1.446.629 millones en subsidios al transporte público (dtpr.cl), lo que representa un aumento de 45% respecto a 2022, es decir, unos USD 465 millones adicionales. Tres cuartas partes de ese gasto se concentran en la Región Metropolitana. No deja de sorprender que un incremento de semejante magnitud y la fuerte concentración en Santiago pase casi inadvertido en el debate público.
Dos aspectos adicionales ilustran el potencial de ahorro sin afectar el servicio:
En conjunto, estas dos medidas representarían ahorros cercanos a USD 170 millones anuales, sin recortar subsidios ni afectar a los usuarios. Son ejemplos concretos de eficiencia y de una gestión razonable.
Hacia una gestión más integrada: un área supraministerial de desarrollo y control
Casos como éste seguramente no se limitan al Ministerio de Transportes. Probablemente podríamos encontrar oportunidades similares en varios ministerios y empresas públicas. Por eso, resulta razonable pensar en la creación de un área supraministerial de desarrollo y control, dedicada a supervisar los gastos operacionales significativos y a asegurar que los recursos más estructurales generen impactos integrales -en transporte, vivienda, salud o educación- y no se pierdan en compartimentos estancos.
Una instancia de este tipo no solo mejoraría la coordinación y la transparencia, sino que seguramente "se pagaría sola" gracias a las eficiencias que generaría.
Responsabilidad compartida
Chile no necesita una política del miedo, sino una cultura de la responsabilidad. El país no está en crisis, pero sí requiere una administración inteligente, rigurosa y estratégica del gasto público. Cada peso mal gastado es una oportunidad perdida para mejorar la vida de las personas; y cada peso bien administrado es una inversión en la escasa confianza que nos rodea, en desarrollo y en nuestro futuro.
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