¿Qué muertes cuentan como urgencia pública?
Esta semana el Gobierno, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, comenzó a reportar de manera preliminar y semanal la cantidad de homicidios ocurridos en el país. En su primera entrega, correspondiente al período entre el 6 y el 12 de abril, informó 21 víctimas en siete días y señaló además que entre el 1 de enero y el 12 de abril de 2026 se registraron 272 homicidios consumados. La decisión es correcta. Cuando el Estado mide con frecuencia, informa y hace pública una cifra, no solo produce datos, sino que también construye prioridad, instala seguimiento y reconoce que hay problemáticas que exigen vigilancia permanente.
Pero esa decisión deja abierta una pregunta incómoda para quienes trabajamos en seguridad vial: ¿Por qué seguimos sin tratar con la misma urgencia a las muertes por siniestros viales? En el reporte diario de Conaset correspondiente al domingo 12 de abril de 2026, el acumulado de fallecidos por siniestros viales llegaba a 420 personas. No hablamos de hechos aislados ni marginales. Hablamos de una mortalidad cotidiana, persistente y, sobre todo, socialmente naturalizada. Tal vez ahí está el punto más preocupante. No solo en la cifra, sino en el nivel de costumbre que hemos desarrollado frente a ella. Porque si una muerte deja de conmover, de exigir respuesta o de alterar prioridades institucionales, entonces el problema ya no es únicamente vial, es también político y cultural.
Durante años hemos intentado instalar que estas muertes son evitables. Por eso insistimos en hablar de siniestros y no de accidentes. No es una discusión semántica menor. Es una forma de recordar que aquí también hay responsabilidad, negligencia, imprudencia, decisiones evitables y, muchas veces, ausencia de fiscalización oportuna. Sin embargo, seguimos enfrentando una barrera difícil de romper: nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a los balances, a los fines de semana largos con fallecidos, a la cifra acumulada, a la noticia policial breve, al pésame protocolar y al siguiente titular. Y cuando una sociedad se acostumbra a una forma de muerte evitable, lo que se instala es tolerancia. Por eso, quizás ha llegado el momento de cambiar de estrategia. Si la seguridad vial no ha logrado instalarse con la fuerza necesaria en la agenda pública, entonces ya no basta con seguir acumulando cifras o repitiendo llamados generales a la prevención. Se requiere una narrativa distinta, una fiscalización sostenida, más inversión, mejor información pública y una decisión política clara de tratar esta violencia como parte de la seguridad pública.
La seguridad vial también distribuye de manera desigual sus daños. No se expone igual quien conduce un vehículo que quien camina por una vía, cruza una carretera que atraviesa un pueblo, se desplaza en motocicleta por razones laborales o depende del transporte público. Aquí también hay cuerpos más vulnerables, territorios más expuestos y protecciones desigualmente repartidas.
Hoy esa urgencia se ve con claridad en otro ámbito. Mientras esperaba en la sala de un centro de salud y veía un matinal, en apenas media hora aparecieron tres controles positivos de narcotest. Uno de ellos correspondía a un conductor de transporte público. Probablemente la reciente tragedia vinculada al transporte público influyó en esta intensificación de controles de drogas. Pero ese es justamente el problema, no podemos seguir dependiendo de la tragedia más reciente para fiscalizar como corresponde. Si la conducción bajo drogas representa una amenaza real, entonces la respuesta no puede seguir siendo episódica. Menos aun cuando el propio sistema sigue operando con recursos limitados, como ocurre con la baja disponibilidad de kits para narcotest. Así, la fiscalización corre el riesgo de convertirse más en escena de impacto que en política pública sostenida.
Chile está dando una señal correcta al transparentar semanalmente la estadística más delicada de la crisis de seguridad. La pregunta es si estamos dispuestos a aprender de ese gesto también en materia vial. Porque si ya nos acostumbramos a estas muertes, entonces no basta con seguir lamentándolas, es tiempo de cambiar la estrategia con que intentamos evitarlas. La seguridad vial no puede seguir siendo una tragedia secundaria. Mientras no la tratemos como una urgencia pública real, seguiremos contando muertes sin alterar de verdad las condiciones que los producen.