De la emergencia a la responsabilidad: el desafío del sistema de apoyos y cuidados
El cambio de gobierno ha marcado algo más que una alternancia política: ha significado el paso de una lógica de emergencia (propia de la campaña del entonces candidato José Antonio Kast) a una toma de responsabilidades que no admite respuestas de corto plazo. En ese tránsito, uno de los desafíos más exigentes recae sobre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que deberá asumir la implementación de la Ley del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (Chile Cuida).
Este sistema, derivado de la Ley 21.805, aprobada en febrero de 2026, pasa a constituir un mandato institucional. Esto implica avanzar en plazos acotados (agosto de 2026) en la dictación de 10 reglamentos y decretos, así como en la puesta en marcha de sistemas de información interoperables y en la formalización de la oferta de cuidados.
Si bien la ministra María Jesús Wulf ha señalado ante el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados que los cuidados serán una de sus prioridades, dicha definición tendrá que traducirse en acciones concretas. En particular, requerirá fortalecer la participación social de todos los sectores, consolidar un enfoque de derechos y fortalecer las capacidades del Estado y de los diversos sectores que se hacen cargo de los cuidados para desempeñar un rol efectivo en ellos. Este escenario tensiona la retórica de "un Estado en emergencia".
Aquí es donde la noción de "crisis" adquiere un sentido más profundo. Desde su origen en el griego krisis, remite a la acción de decidir y optar entre distintos cursos de acción. En este campo, confrontamos distintas miradas sobre la crisis de cuidado. Existe una crisis de los cuidados planteada por la sociedad: niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores y, especialmente, mujeres, sobre quienes históricamente ha recaído de manera desproporcionada el trabajo de cuidados no remunerado, requieren respuestas concretas. Sin embargo, este bloque político se inscribió en la crisis de la economía, de la seguridad y del Estado durante la campaña. Este encuentro de perspectivas debe ahora trasladarse al plano técnico. Esto implica asumir procesos de innovación pública con recursos limitados, fortalecer la gestión de recursos frente al desafío fiscal y desarrollar capacidades en los equipos que buscan reducir.
Es importante considerar que este proceso de traspaso contó con un acto de transición sustantivo entre las administraciones. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia del gobierno del presidente Gabriel Boric entregó a la ministra los aportes generados por la Mesa Técnica Biministerial de Servicios y Programas de Cuidados para la Atención a la Dependencia, tales como un informe que recoge consideraciones y recomendaciones para la implementación del Sistema, junto con informes de sistematización de la oferta sociosanitaria existente y marcos teóricos intersectoriales.
Asimismo, se cuenta con un consenso técnico relevante. Tanto la Universidad de Chile como la Pontificia Universidad Católica han presentado propuestas para su implementación y han destacado la relevancia de esta etapa del sistema de cuidados, por su enfoque de derechos, la corresponsabilidad social y la igualdad de género, incluyendo comunidades y familias. En particular, el policy brief de la Universidad de Chile enfatiza que, dada la diversidad territorial y cultural del país, es necesario incorporar, además, principios como la pertinencia sociocultural, la intersectorialidad y la participación social vinculante.
El desafío del nuevo gobierno es, entonces, exigente, especialmente ante la retórica del primer mes: tendrá que sostener lo avanzado y, al mismo tiempo, acelerar su implementación mediante decisiones que fortalezcan la institucionalidad y amplíen los derechos. No hay espacio para el retroceso.
Los cuidados ocurren día a día, replicando y profundizando las desigualdades descritas; no esperan a la política pública. Con el tiempo, estos aumentarán y se volverán más complejos, especialmente porque todas las personas somos interdependientes. Este marco está ampliando la mirada con la que vemos los apoyos para la autonomía. Como sociedad, no podemos quedar atrapados en la urgencia, ya que debemos pensar en la sostenibilidad. Esa decisión define, en última instancia, el tipo de responsabilidad de Estado que está dispuesto a asumir.