Transporte público: ¿Ni mercado ni Estado?
La desregulación del transporte público se inicia en 1974 y se profundiza en los años siguientes, hasta completar la total liberalización de recorridos, frecuencias y tarifas. Los militares, influidos por los "Chicago Boys", impulsaron este nuevo marco para el transporte convirtiendo al empresariado del rubro en un actor monopólico. Esta transición implicó terminar con los ferrocarriles y que el Estado delegara en el gremio del rodado varias de sus históricas funciones en un servicio altamente sensible para la población. (Castillo Simón - Vila Waldo 2023 - La desregulación de la Locomoción Colectiva - Revista Tiempo Histórico).
El resultado: Carteles familiares y de amigos se adueñaron del transporte público en todas las regiones del país. No es ni será el primer sector que, con la visión teórica de "libre mercado", se transforma en un cartel, afectando precisamente el libre mercado y a sus usuarios.
A la vista los resultados, tarifas unilaterales y abusivas, incumplimiento de servicios, fuertes deseconomías y externalidades negativas (congestión, contaminación, etc.), en 1992 el Presidente Patricio Aylwin decide intervenir e iniciar un proceso de regulación (Decreto 212). Se busca, vía licitación o negociación directa, entregar en concesión el uso de vías, establecer las condiciones de operación, modalidades de servicio, tarifas y su reajustabilidad. El Estado solo regula y empresarios privados aportan buses y la operación.
Llevamos 32 años de regulación y desde el Estado, este ultimo año 2024, hemos desembolsado en subsidios para el transporte para todo el país la suma de $1.466.629.184.960, equivalentes a USD 1.550 millones.
Con el Estado a cargo solo de regular hay muchos matices. En la Región Metropolitana para obtener una calidad de servicio razonable se requieren pagar $1.096.608.399.578, unos USD 1.160 millones (año 2024). Para las restantes 15 regiones y sus 12 millones de habitantes, con USD 390 millones, el transporte no alcanza siquiera a mínimos aceptables. En la RM se licitan los servicios y en regiones, principalmente, se logran acuerdos con los empresarios locales (antiguas familias) y no se ha avanzado en una efectiva regulación, más bien solo registros.
¿Ni mercado ni Estado? Así como no fue posible el libre mercado para el transporte (los carteles son inherentes), la regulación desde el Estado también ha sido limitada y poco eficiente, en especial en regiones. Pareciera entonces necesario en primer lugar acotar-reducir los gastos en la RM y en segundo lugar avanzar en una participación activa del Estado en la operación directa de servicios de transporte. En especial en regiones, y en particular en los servicios que no son negocio para los empresarios y que sin embargo son indispensables para las personas.
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