Un cambio riesgoso, injusto y costoso
¿Arturo Merino Benítez o Pablo Neruda? Desde hace poco más de dos meses ésta es una pregunta que ronda en el escenario político y parlamentario, transformándose en un tema atractivo en redes sociales, programas de televisión y notas periodísticas.
Quienes pertenecemos al mundo aeronáutico sabemos que cambiar el nombre actual del aeropuerto internacional de Santiago no es solo un asunto político o de debate público respecto a la importancia de una u otra figura para el país.
Ante el verdadero impacto que esto tiene, los controladores de tránsito aéreo consideramos prioritario entregar nuestra visión, especialmente cuando creemos estar frente a un debate político-ideológico, promovido por quienes no han considerado las implicancias económicas, técnicas, operativas y también de seguridad aérea.
Además, esta iniciativa resta tiempo y recursos a otras necesidades de vital importancia que deberíamos abordar como país en materia de seguridad operacional.
En primer lugar, sin desconocer la relevancia que tiene la figura de nuestro Premio Nobel de Literatura, creemos que cambiar el actual nombre significaría desconocer el innegable legado aeronáutico del Comodoro Arturo Merino Benítez, su merecido sitial en la historia de nuestro país.
No estamos frente a un chileno común. Su nombre ocupa merecidamente el primer aeropuerto de Chile. Sacarlo de allí no es otra cosa que reducirlo a otra posición en la historiografía nacional, lo que para el Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo AG. resulta particularmente sensible, ya que reconocemos en Arturo Merino Benítez, a uno de los precursores de nuestra actividad.
Fue el fundador de Club Aéreo de Chile (actual de Santiago), de LAN (actual LATAM, la 2ª aerolínea más antigua de Latinoamérica en funciones), de la FACH y de la DGAC (ambas plenamente vigentes).
Dispuso la redacción del DS 221, actual Código Aeronáutico. Creó las bases aéreas de Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. Construyó Los Cerrillos y la red aeroportuaria al extremo norte. Instaló la primera red de telecomunicaciones aeronáuticas y fue un precursor a nivel mundial, adelantándose en veinte años a la OACI, con la creación del Servicio de Escucha de Aeroplanos asimilables a los actuales Servicios de Navegación Aérea y de la creación y empleo del Plan de Vuelo para los fines de la prestación del Servicio de Búsqueda y Salvamento.
Fue también el primero que realizó un vuelo sin escalas de Arica a Santiago y que llegó por la vía aérea a Magallanes, legándonos la conectividad aérea que hoy disfrutamos.
Sin duda, el desconocimiento generalizado de su vida y la escasa valoración que tradicionalmente le hemos dado a la aviación en Chile, como herramienta esencial para el desarrollo económico y social del país, juegan en contra de este insigne patriota, pero eso en vez de restarle méritos debiera hacernos reflexionar sobre el personaje y sobre la magnitud y alcance de su obra.
En segundo lugar, tal como lo ha informado hace unas semanas la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), un eventual cambio impactará de manera importante las arcas fiscales y las operaciones, justo en una etapa en que estamos en pleno desarrollo estructural y que, por ende, necesitamos responder a los numerosos desafíos que este crecimiento requiere, sin contratiempos ni sobresaltos que puedan afectar la seguridad aérea.
En lo macro, la modificación implica un gasto superior a los 500 millones de pesos, solo considerando las actividades relacionadas a los cambios y reemplazos de la normativa vinculada, los cambios en las tarjetas de identificación de acceso y horas hombre requeridas.
La totalidad de las empresas aéreas (nacionales e internacionales); los centros de mantenimiento aeronáutico; los prestadores de servicios en los rubros de apoyo directo a las aeronaves (alimentación, aseo, combustible, tratado, bodegaje, etc.) deberán actualizar manuales y toda su documentación operacional.
Además, las autoridades aeronáuticas mundiales deberán modificar el nombre del aeropuerto en sus respectivas publicaciones (AIP) con los inconvenientes que ello puede significar a la seguridad de las operaciones aéreas.
En este escenario, es necesario que se dé prioridad a lo realmente urgente, considerando todos los desafíos que debemos enfrentar con el desarrollo proyectado para nuestro aeropuerto internacional.
En dos años más se espera que el nuevo Terminal esté plenamente operativo para recibir a 30 millones de pasajeros anuales, con todo lo que esto representa no solo a nivel horizontal sino también vertical, en un espacio aéreo que debe también atenderse con alta tecnología y procesos acordes al país al que aspiramos.
Confiamos en que nuestros parlamentarios sabrán decidir en pro del bien común y las reales demandas que enfrentamos en el ámbito aeronáutico, velando también por la seguridad de las operaciones y de quienes confían sus vidas en nosotros cada vez que suben a una aeronave.
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