Viendo en el horizonte que se aproxima un nuevo gobierno de distinta línea al actual, llama la atención los anuncios realizados por las autoridades luego de perder la elección. El primer caso que viene a la mente es el ingreso del proyecto de ley de Pensión Garantizada Universal, que ha sido criticado por personeros como Repetto y Engel, señalando que no hay financiamiento para ese anuncio y que aumentará los desequilibrios fiscales, considerando que hay un déficit estructural cercano al 4% del PIB.
Otro caso que hay que tener en consideración es el anuncio hecho dos días después de la derrota electoral, en que el Presidente Piñera anuncia el programa "Compromiso Vivienda", que va a destinar terrenos fiscales para dar solución habitacional a más de 50 mil familias. Suena bien, pero todavía queda por revisar la letra chica.
Este anuncio recuerda la modificación que se hizo en el primer gobierno del Presidente Piñera, en que entregaron subsidios sin proyectos asociados, es decir, básicamente un vale por una vivienda, lo que es distinto a lo que se hace históricamente en el Minvu, en que se asigna el subsidio a las familias para un proyecto determinado y aprobado por el Serviu.
Cuando asumió la ministra Paulina Saball la cartera de Vivienda y Urbanismo en el año 2014, informó que se identificaron 41 mil subsidios sin terreno asignado y sin proyecto habitacional, por lo que gran parte de los esfuerzos de esa administración fue dar solución a las familias que tenían ese voucher sin proyecto ni terreno asociado.
Este anuncio de "Compromiso Vivienda" realizado hace pocas semanas parece una versión 2.0 del desastre que fueron los subsidios sin proyectos, ya que esta asignación de terrenos se hará a través de un oficio de compromiso entre un comité de vivienda y el Serviu respectivo, legalmente no quedarán a nombre del comité de vivienda y lo más preocupante es que no está asociado a un proyecto aprobado.
Dentro de las dudas que surgen en este anuncio está la metodología que se establecerá para asignar esos terrenos a los comités, no se sabe si se definirá por puntaje según el nivel de vulnerabilidad de las familias o es a dedo.
Tampoco se sabe si los terrenos que se comprometerán tienen la normativa necesaria para poder construir el número de viviendas que necesita el comité o si será necesario implementar una modificación del Plan Regulador para poder construir ese conjunto habitacional. Es decir, no se cumple con los principios que se estableció para el banco de suelos planteados el año 2015 por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, tal como lo recordara Luis Eduardo Bresciani, su ex presidente.
Sin lugar a duda, el desafío en materia de vivienda que se viene es difícil, tenemos un déficit cercano al medio millón de viviendas, lo que es cerca de 100 mil más de lo que existía en el año 2015. El Gobierno saliente no realizó mayores innovaciones en materia de vivienda para paliar el déficit, sino que administró políticas realizadas en el período anterior, como la Ley de Aportes al Espacio Público o el programa de Subsidios de Integración Social.
Estos anuncios de última hora se pueden considerar como un regalo para las familias, pero si uno revisa en detalle se parece más al Caballo de Troya, algo aparentemente agradable, pero que trae consecuencias graves para la nueva administración que asume y que tendrá que solucionar con la soga al cuello y de manos atadas, para no jugar con la ilusión de las familias.
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