Viviendo en las nubes

Hace poco, una vocera del comando de un candidato presidencial señalaba en un matinal que el costo de las viviendas en nuestro país era de 10 a 20 millones de pesos, y dadas las réplicas, ya que no parecía acertada esa aseveración, indicó que el subsidio de la vivienda es de 20 millones de pesos.

Más tarde para defender su punto, puso el ejemplo de casas prefabricadas que cuyo costo está más bajo incluso que el valor que señaló en un principio. De estas aseveraciones, hay varios temas que sirven para aclarar el problema de la vivienda en nuestro país.

Primero, hay que señalar que las casas prefabricadas no incluyen las especialidades, como agua potable, alcantarillado ni instalación eléctrica, por lo que no se puede comparar con las viviendas que uno compra, que por defecto incluye el valor del terreno y la urbanización.

Respecto al valor del subsidio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, eso es un poco más complejo, ya que si bien el subsidio básico es de un poco más de 11 millones de pesos, se le suman subsidios complementarios, pudiendo llegar fácilmente a los 30 millones de pesos el valor para la construcción por vivienda de un conjunto habitacional, que incluye el valor del terreno y la urbanización (calle, agua potable, alcantarillado, etc.).

Otra cosa es la tasación de la vivienda para que sea considerada como vivienda social, que se define según la norma del Minvu y cuyo valor es de un poco más de 12 millones para viviendas y 16 millones para departamentos. Dichos montos incluye el costo del terreno, como tasación fiscal, y el costo de edificación, según una tabla de valores del Estado, pero que no representa el costo real de la vivienda.

Lo anterior significa que el costo de un departamento con subsidio del Minvu -en promedio- está en los 30 millones de pesos, con una superficie de 55 metros cuadrados, aproximadamente.

Es importante tener clara esta situación, ya que quien sea que gane la elección, va a tener que abordar el problema de la vivienda de nuestro país el próximo período, y no se ve para nada fácil. Estamos llegando a un punto en que las familias vulnerables podrán optar a la propiedad de una vivienda, pero las clases emergente y media tendrán que convertirse en arrendatarios, dado los altos precios de las viviendas en el mercado nacional.

Por ejemplo, en Antofagasta un departamento de 30 m2 puede costar fácilmente 60 millones de pesos. Si uno busca uno del tamaño mínimo que construye el Minvu puede costar cerca de 100 millones de pesos. En Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, un departamento de un poco más de 50 m2, cuesta cerca de 42 millones de pesos. Más al sur, en Talca y en Chiguayante, podemos encontrar departamentos de 50 m2 a 56 millones de pesos.

El escenario no es bueno, dada las restricciones al acceso al crédito hipotecario y los costos que hay en el mercado, tendremos una generación de clase media y emergente que no tendrá su casa propia, no por opción, sino que porque no tendrá otra alternativa, en cambio, grupos vulnerables que se organizan en comités de vivienda, si tendrán esa alternativa.

Es imperativo buscar nuevas vías de acceso a la vivienda para apoyar a estos grupos, como las cooperativas de profesionales u otras figuras que puedan surgir para abordar el déficit habitacional, incluida la opción de arriendo como paso intermedio, por lo que si bien el desliz de la vocera pudo ser considerado como anecdótico, el tema del derecho a la vivienda está lejos de serlo.

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