Anticipación y futuros posibles: ¿Institucionalidad para navegar en la incertidumbre?
En el contexto actual de transformaciones rápidas y profundas a nivel global, la capacidad de anticipación se ha convertido en una herramienta esencial para los Estados que buscan navegar en la incertidumbre y proteger a su población. Cada vez es más evidente que desarrollar capacidades prospectivas no es solo una opción deseable, sino una necesidad para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que plantea un mundo en constante cambio. Desde los cambios climáticos, la evolución tecnológica y los mercados emergentes, hasta las profundas transformaciones culturales, requieren un abordaje sistémico, que incorpore el conocimiento disponible y con perspectiva de largo plazo.
Países como Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido y Singapur ya cuentan con institucionalidades consolidadas para la prospectiva. Estos países han establecido instancias reguladas que incorporan el conocimiento científico en los procesos de toma de decisiones públicas, asegurando así la preparación frente a posibles escenarios futuros. En el caso de España, el Instituto Español de Estudios Estratégicos ofrece un ejemplo destacado al coordinar esfuerzos entre ciencia, tecnología y políticas públicas. Finlandia, a través de su Comité de Futuro del Parlamento, aborda las incertidumbres mediante un enfoque interdisciplinario que combina prospectiva y sostenibilidad. Otro caso interesante es el Centro para el Futuro Estratégico de Singapur (CSF) que se orienta a desarrollar capacidades de anticipación para el diseño de políticas públicas desde la oficina del Primer Ministro, desde donde se articula el esfuerzo con los otros organismos del Estado.
En Chile, aunque se han dado pasos importantes, como la creación del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (con diferentes nombres desde 2004), éste aún no ha alcanzado la relevancia ni el impacto necesario. Desde la Red de Innovación del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh) vemos en la propuesta de ley para una nueva institucionalidad basada en conocimiento, una oportunidad crucial para incorporar principios de desarrollo sostenible y anticipación en las políticas públicas y decisiones estratégicas. Este proyecto busca transformar el actual consejo (CTCI) en un organismo de mayor peso, con rango legal y capacidad de asesorar al Ejecutivo en estrategias de mediano y largo plazo. Sin embargo, durante las últimas semanas, el avance del proyecto de ley se ha estancado debido a diferencias políticas y pragmáticas relacionadas con el número de consejeros que integrarán esta nueva institucionalidad y sus características.
El objetivo de la Estrategia Nacional de Futuro y Desarrollo es claro: Abordar los desafíos y oportunidades de desarrollo sostenible con una visión de largo plazo y de forma integradora. Esto implica orientar las políticas públicas hacia el desarrollo productivo, la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, actualizándose cada cuatro años para responder a los cambios globales. La iniciativa está alineada con modelos internacionales, pero es fundamental ampliarla más allá de la composición de un consejo: se trata de integrar capacidades de anticipación de manera transversal en todo el aparato estatal.
Las universidades tienen un papel crucial en este proceso. En todo el mundo, estas instituciones han demostrado ser fuentes esenciales de innovación y transferencia de conocimiento. Como universidades del Estado contamos con capacidades de investigación aplicada, que podrían permitir la generación de tecnologías y la formación de nuevos profesionales para enfrentar problemas contemporáneos. Esto incluye desde la reducción de los riesgos climáticos -como incendios forestales, olas de calor y marejadas- hasta la creación de medidas de adaptación basadas en escenarios posibles de transformación tecnológica y cultural. Por ejemplo, tal como se ha hecho con los terremotos, donde las proyecciones han permitido diseñar infraestructura resiliente, es urgente aplicar enfoques similares en otras áreas para reducir las consecuencias negativas de los procesos de cambio.
En Finlandia, por ejemplo, las universidades colaboran estrechamente con el Comité de Futuro para desarrollar soluciones a los desafíos nacionales. En los Estados Unidos, universidades como el MIT trabajan en escenarios prospectivos que abordan desde el cambio climático hasta la inteligencia artificial. Además estás instituciones cumplen el rol clave de formar a nuevos profesionales en el uso de herramientas prospectivas para el desarrollo de planificación estratégica en diferentes tipos de organizaciones.
En este contexto, es alentador que en Chile se discuta cómo dotar al Estado de capacidades de anticipación, pero es vital ampliar y profundizar el enfoque. La institucionalidad prospectiva no debe limitarse a un consejo específico, sino integrarse en un plan más amplio que contemple la participación de diversos actores. Esto incluye no solo al gobierno, sino también a universidades, sector privado y sociedad civil. De este modo, se podrán desarrollar nuevos modelos de gestión que articulen las capacidades ya existentes en algunos ministerios y en universidades para impactar de forma transversal al desarrollo del país. Es necesario crear, al interior de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, nuevas unidades dedicadas a estas tareas, o bien asignar el rol de construcción de futuros a unidades ya existentes.
Una adecuada institucionalidad de este tipo debería actuar como un puente efectivo entre la ciencia y la política, entre sector público y privado, promoviendo el diálogo continuo, la integración del conocimiento científico en la toma de decisiones y el pensamiento a largo plazo. Su estructura debería ser flexible, multidisciplinaria y participativa, funcionando como una red distribuida que facilite la adaptabilidad en contextos de alta incertidumbre. Además, debería contar con mecanismos de evaluación y retroalimentación para garantizar la efectividad de las políticas generadas y su alineación con los objetivos estratégicos de largo plazo, basados en una cultura de aprendizaje continuo y reflexión crítica que involucre a los diferentes actores. Dado estos objetivos de largo plazo su estructura organizativa debe garantizar independencia de los ciclos políticos, asegurar representatividad y contar con financiamiento y jerarquía institucional adecuada. Sin duda estas características están aún lejos de ser abordadas en el proyecto que se está discutiendo.
Finalmente, las capacidades de anticipación permiten proyectar escenarios posibles, facilitando una mejor preparación frente a las incertidumbres. No se trata de predecir el futuro, sino de construirlo, preparando a la sociedad para enfrentarlo. En este sentido, el proyecto de ley es un paso en la dirección correcta, pero su éxito dependerá de cómo se articule con un esfuerzo colectivo más amplio para instalar estos temas en el centro del debate nacional y de forma transversal. La Red de Innovación CUECh juega un rol crucial en este proceso, al impulsar y coordinar la contribución de las universidades estatales en el desarrollo de capacidades de anticipación y en la formulación de políticas públicas innovadoras.
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