China, entre protección laboral y una nueva universidad en la era de la IA
Durante los últimos dos años, prácticamente todas las conversaciones sobre inteligencia artificial han estado dominadas por la misma pregunta: ¿Qué profesiones desaparecerán primero? Cada nuevo modelo que aparece alimenta la misma ansiedad colectiva. Si una máquina ya puede escribir informes, traducir documentos, programar software, analizar radiografías o redactar contratos, ¿qué ocurrirá con quienes hoy viven precisamente de hacer esas tareas? Hasta ahora, la discusión parecía inevitablemente recluida dentro del mismo entorno tecnológico.
Hay una paradoja difícil de ignorar. Mientras buena parte de las democracias occidentales, construidas sobre economías de mercado y extensos sistemas de protección social, todavía discuten cómo enfrentar el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y la educación, es China la que se adelanta a ensayar respuestas institucionales concretas sobre poner límites jurídicos al reemplazo de trabajadores por IA y rediseñar su universidad para las profesiones que exigirá la nueva economía. La pregunta un tanto incómoda no es si debemos parecernos a China, sino por qué algunas de estas discusiones no comenzaron primero en nuestras propias sociedades.
Desde que ChatGPT irrumpió masivamente en nuestras vidas existe una pregunta que aparece prácticamente detrás de cada conversación sobre inteligencia artificial, ¿nos va a quitar el trabajo? La pregunta atraviesa profesiones, empresas, universidades y gobiernos. Periodistas, abogados, programadores, diseñadores, profesores, médicos, contadores y trabajadores administrativos comienzan a observar cómo algunas de las tareas que durante décadas justificaron sus puestos de trabajo pueden hoy ser realizadas por una máquina en segundos. Hasta ahora, buena parte del debate mundial se ha desarrollado entre dos extremos, quienes anuncian una destrucción masiva del empleo y quienes sostienen que, como ocurrió con revoluciones tecnológicas anteriores, aparecerán nuevas ocupaciones que reemplazarán a las que desaparecerán. China acaba de introducir una tercera dimensión en esa conversación, qué dice el derecho cuando una máquina efectivamente puede sustituir el trabajo de una persona.
El caso ocurrió precisamente en Hangzhou, una de las ciudades que se ha convertido en símbolo del nuevo ecosistema tecnológico chino. Un trabajador de apellido Zhou se desempeñaba desde 2022 en una empresa tecnológica vinculada a inteligencia artificial. Su labor era especialmente interesante para esta discusión ya que supervisaba calidad de modelos de lenguaje, relacionaba consultas de usuarios con modelos y revisaba contenidos problemáticos, ilegales o que pudieran afectar la privacidad. Es decir, trabajaba justamente en una de aquellas zonas donde hasta hace poco la supervisión humana parecía indispensable. Con la evolución de los grandes modelos de lenguaje, parte importante de esas tareas comenzó a automatizarse. La compañía concluyó que necesitaba menos trabajo humano, le propuso otro puesto con una reducción salarial cercana al 40% y, cuando rechazó las nuevas condiciones, terminó su contrato.
Zhou llevó el caso ante los tribunales. El tribunal no declaró ilegal la inteligencia artificial. Tampoco prohibió que las empresas automaticen procesos, ni estableció que un trabajador tenga derecho perpetuo a conservar exactamente la misma función. Lo que determinó fue bastante más sofisticado, la decisión de una empresa de introducir inteligencia artificial forma parte de su estrategia empresarial y, por sí sola, no constituye aquella modificación objetiva e inevitable de las circunstancias que permite terminar unilateralmente una relación laboral. La automatización es una decisión del empleador. Por lo tanto, sus costos no pueden ser trasladados íntegramente al trabajador. La justicia de Hangzhou consideró ilegal el despido y reconoció una compensación de 260.000 yuanes al trabajador.
La diferencia conceptual es enorme. Durante años hemos tratado el desplazamiento tecnológico casi como un fenómeno meteorológico. La inteligencia artificial eliminará empleos, repetimos, como si estuviéramos describiendo la llegada inevitable de una tormenta. El razonamiento del tribunal chino introduce una pregunta distinta ¿quién toma la decisión de automatizar y quién debe asumir sus consecuencias?
Así, China acaba de convertir esta discusión en una pregunta jurídica y política que cambia el eje del debate, un tribunal comienza a establecer que incorporar inteligencia artificial no otorga automáticamente el derecho a reemplazar trabajadores. La IA podrá ser cada vez más eficiente, pero eso no elimina las obligaciones construidas para proteger el trabajo humano. Puede parecer una distinción jurídica menor, pero podría convertirse en uno de los precedentes más importantes de la era de la inteligencia artificial.
Mientras tanto, entre 2021 y 2025, sus universidades incorporaron aproximadamente 10.200 nuevos programas de pregrado y cancelaron o suspendieron otros 12.200. No se trata simplemente de abrir algunas carreras de inteligencia artificial, sino que el sistema educativo está siendo utilizado como instrumento de política industrial.
Los nombres de algunas de las nuevas carreras son de embodied intelligence, una disciplina que combina inteligencia artificial, percepción, robótica y capacidad de interacción física con el entorno. También aparecen programas relacionados con economía de baja altitud, vinculada a drones, vehículos aéreos autónomos y nuevos servicios aéreos urbanos, robótica agrícola, biomanufactura; comercio digital; cultura y turismo digital; ciencia e ingeniería de tierras raras; tecnologías oceánicas inteligentes y sistemas no tripulados, entre muchas otras. En 2026 se añadieron otras 38 especialidades al catálogo nacional.
No se está preguntando solamente qué quiere estudiar hoy un joven chino. Se está preguntando qué capacidades necesitará la economía china dentro de diez o veinte años. Y aquí ambos fenómenos -la sentencia laboral y la reforma universitaria- empiezan a conectarse.
China parece estar diciendo simultáneamente dos cosas. A las empresas, pueden automatizar, pero la transformación tecnológica no elimina automáticamente sus responsabilidades respecto de los trabajadores. A los trabajadores y al sistema educativo, el mundo productivo está cambiando y las competencias profesionales también tendrán que cambiar. Es una especie de contrato implícito para la era de la inteligencia artificial, protección durante la transición, pero adaptación permanente frente al cambio tecnológico.
El caso de Hangzhou no responde completamente la gran pregunta de nuestra era. Pero, lo recordaremos porque pudo haber sido el primer fallo que intentó responder uno de los dilemas del siglo XXI: ¿Cómo protegemos la dignidad del trabajo cuando las máquinas comienzan a hacer el trabajo mejor que las personas? Que exista una tecnología capaz de reemplazarte no significa que desaparezcan automáticamente las obligaciones que una sociedad construyó durante décadas para proteger las relaciones laborales.
Mientras buena parte del mundo sigue concentrando el debate en cuál será el próximo modelo de inteligencia artificial o qué profesión desaparecerá primero, China parece haber desplazado la conversación hacia otra pregunta ¿qué reglas laborales necesitamos para proteger a las personas durante esta transición y qué capacidades deberán tener las próximas generaciones para desenvolverse en una economía donde convivirán con sistemas inteligentes?
La respuesta china podrá ser discutida, criticada o incluso rechazada. Pero al menos existe una respuesta. Sus tribunales comienzan a definir los límites entre la automatización y los derechos laborales, y a gestionar sus efectos sociales. Sus universidades están formando profesionales para industrias que apenas comienzan a emerger. En otras palabras, China está construyendo nuevas capacidades institucionales a la velocidad que requiere la revolución tecnológica. Y ahí aparece esta paradoja, mientras el régimen chino se plantea cómo proteger el trabajo y preparar su sistema educativo frente a la inteligencia artificial, muchas democracias neoliberales siguen confiando en que será principalmente el mercado el que ordene esa transición.
Quizás la verdadera competencia de esta era no sea tan solo tecnológica, sino institucional, de aquellas sociedades capaces de adaptar sus reglas, su educación y su modelo de desarrollo al ritmo que impone la inteligencia artificial.