Ciencia pública y universidades estatales: motor de un Chile en transformación
Las universidades estatales han sido pilares fundamentales en la construcción del Chile moderno. Desde sus aulas y laboratorios han surgido avances científicos, movimientos sociales, líderes políticos y soluciones concretas a los grandes desafíos del país. A lo largo de la historia, estas instituciones no solo han formado profesionales desde Arica a Punta Arenas: han ampliado horizontes, democratizado el conocimiento y permitido que generaciones de familias chilenas -muchas de ellas primeras generaciones universitarias- den un salto decisivo en sus proyectos de vida. Ingresar a una universidad estatal no fue solo acceder a la educación superior, fue abrir una puerta de esperanza y transformación que antes parecía lejana.
Hoy, recogiendo esa herencia de transformación y compromiso, las universidades estatales enfrentan nuevos desafíos en un país que cambia a una velocidad inédita. El histórico descenso en la natalidad -documentado recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y analizado por diversos centros de estudios- plantea un futuro donde habrá menos estudiantes jóvenes ingresando a la educación superior. Este escenario nos desafía a reimaginar el rol de las universidades estatales: no solo como instituciones dedicadas a la formación de pregrado, sino también como centros dinámicos de educación continua y de formación de postgrado, capaces de acompañar a su ciudadanía en todas las etapas de su desarrollo.
Conscientes de que este nuevo Chile también exige instituciones más abiertas, inclusivas y representativas, las universidades estatales han fortalecido su compromiso democrático. Gracias a la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales, promulgada en 2018, y al proceso de adecuación que culminó en 2024, se aprobaron nuevos estatutos que consagran una gobernanza más inclusiva y participativa.
En la Universidad de Santiago de Chile, mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 publicado el 30 de septiembre de 2024, se oficializó que académicas/os, estudiantes y funcionarias/os podían elegir a sus autoridades colegiadas. Este proceso, que se realizó la semana pasada, marcó un hito: fue la primera universidad estatal de gran tamaño en restituir plenamente el voto triestamental en órganos colegiados tras la dictadura. Esta recuperación no es solo un acto simbólico: es un reconocimiento profundo de que las buenas ideas, los liderazgos y los sueños para una mejor universidad pueden surgir desde cualquiera de los estamentos que componen nuestra comunidad. Aunque aún persisten desafíos, como avanzar en la plena incorporación de las/os profesoras/es por horas de clases en la participación institucional, este avance representa una renovación del espíritu democrático, inclusivo y de responsabilidad social que caracteriza a nuestras universidades públicas.
No obstante, es necesario reconocer que aún subsisten inconsistencias que deben ser resueltas para fortalecer de manera definitiva la democracia y la excelencia universitaria. La elección de rector o rectora, que sigue realizándose exclusivamente entre académicos/as -a diferencia de la elección de Enrique Kirberg en 1969, donde la participación triestamental era una realidad-, mantiene requisitos de elegibilidad que no exigen poseer grado de doctorado, a pesar de que este es el estándar requerido hoy para ingresar como académico/a a las universidades estatales. Esta incongruencia normativa resulta particularmente llamativa: mientras que a un nuevo académico o una nueva académica se le exige acreditar estudios de postgrado, para liderar toda la institución basta con contar con un título profesional de cinco años de duración. Esta brecha no solo es anacrónica, sino que también atenta contra el objetivo de alinear la excelencia académica con el liderazgo institucional.
Estas brechas, si bien aún persisten, no deben hacernos perder de vista el horizonte mayor: este avance debe ir inseparablemente unido al compromiso con la excelencia académica. Chile necesita universidades estatales de alto prestigio y calidad, que sigan siendo motores de movilidad social y de desarrollo nacional. Asegurar la acreditación institucional y de todas las carreras de pregrado y programas de postgrado ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), mejorar continuamente los indicadores de desempeño en estándares internacionales reconocidos por la comunidad académica global -y no mediante redefiniciones locales alejadas de la realidad competitiva mundial-, y trabajar de manera sostenida para posicionar a nuestras universidades estatales entre las 10 mejores de América Latina, son metas ineludibles para honrar la confianza que el país deposita en su sistema público de educación superior.
Asegurar calidad y prestigio también implica comprender que la esencia de las universidades estatales no radica únicamente en transmitir conocimiento existente, sino en crearlo, cuestionarlo y expandirlo. En este sentido, la Ley N° 21.094 reafirma una verdad que ha estado presente desde el origen de nuestras universidades públicas: que la ciencia, la creación artística y la innovación son funciones esenciales de su misión. Desde sus inicios, las universidades estatales chilenas han sido centros de pensamiento crítico, de avances científicos y de exploraciones creativas que no solo impactan al país, sino que transforman la experiencia educativa del estudiantado.
Formarse en una universidad que investiga, que innova, que genera conocimiento nuevo, es profundamente distinto a estudiar en una universidad que se limita a la docencia. En una universidad científica, los y las estudiantes no solo aprenden respuestas: aprenden a formular preguntas, a pensar con rigor, a buscar soluciones en campos donde todavía no existen manuales. Ese es el verdadero sentido de la educación superior pública: formar personas capaces de pensar con rigor, de crear soluciones nuevas y de liderar los cambios que Chile necesita. No es construir castillos en el aire: es cimentar los pilares de una sociedad libre, justa y resiliente. Generar conocimiento libre y socialmente pertinente es, hoy más que nunca, la mejor herramienta para fortalecer la democracia y construir un país más sostenible y más humano.
Para impulsar esta misión, no basta la voluntad institucional. Se requieren también instrumentos de apoyo estratégico. En esta línea, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ha implementado el Programa de Financiamiento Estructural para Universidades (FIU), que entrega recursos para fortalecer la investigación científica, modernizar la infraestructura y consolidar redes de innovación y transferencia tecnológica en nuestras instituciones estatales. Pero el FIU no está solo: iniciativas como los programas de Innovación en Educación Superior (InES) -en sus componentes de I+D, Género y Ciencia Abierta- promueven el fortalecimiento de capacidades científicas, la equidad de género en investigación y la democratización del conocimiento. Asimismo, proyectos de transformación como Ingeniería 2030 -en el ámbito de las ingenierías-, Ciencia 2030 -focalizado en fortalecer las ciencias naturales y exactas- y Conocimientos 2030 -que impulsa la modernización de las humanidades, las artes y las ciencias sociales- están promoviendo una profunda renovación de la formación, la investigación y la vinculación con la sociedad en las universidades chilenas.
Hoy, Chile necesita universidades estatales fuertes: instituciones democráticas, de excelencia y profundamente comprometidas con el desarrollo de su ciudadanía. La ciencia pública, cultivada en sus aulas y laboratorios, no es solo un patrimonio que debemos preservar: es la energía vital que permite imaginar, construir y habitar el país que soñamos. Una universidad que investiga, que crea y que innova no solo forma profesionales: forma ciudadanas y ciudadanos críticos, creativos y capaces de liderar los cambios que la sociedad exige.
Fortalecer la ciencia en nuestras universidades estatales es fortalecer la democracia, la equidad y el futuro de Chile. Este año, en que nuevamente como ciudadanía elegiremos a quienes liderarán los destinos del país, sería fundamental que las y los candidatos presidenciales reconozcan el aporte histórico de las universidades estatales y se comprometan a fortalecerlas, entregándoles las herramientas necesarias para que, desde la ciencia y el conocimiento, puedan contribuir a resolver los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad. Hoy más que nunca, las universidades del Estado están llamadas a ser el corazón vivo del conocimiento, la conciencia crítica y la esperanza de un país que está en transformación.
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