Día de las Telecomunicaciones: más banda ancha, más inclusión, más inversión en infraestructura digital

Rodrigo Ramírez Pino

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En Chile se ha consolidado una industria independiente en la provisión de infraestructura de torres y de fibra óptica que ha mejorado el desempeño del sector, medido de manera objetiva por la mayor eficiencia del capital invertido, del acelerado despliegue de redes, de la mayor adopción de servicios, del aumento de la calidad y de la mejor experiencia del usuario.

En palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el registro del catastro de bienes de capital los principales proyectos privados de inversión para los próximos meses son el despliegue de redes 5G, fibra óptica, data centers y servicios cloud. Es decir, los mayores aumentos de inversiones en Chile al año 2024 son las del sector Telecomunicaciones y Tecnología, consolidándose lo que hace seis años definimos como la ruta para convertir a Chile en el hub digital del Cono Sur.

La compartición de infraestructuras neutras acelera la conectividad digital, ya que reduce los costos de inversión y los gastos operativos para los operadores, al tiempo que beneficia a los consumidores al mejorar la competencia, reducir los precios y aumentar la calidad del servicio, presenta así un escenario de mayor competencia en la industria móvil y fija, que es más intensa al reducir la presión sobre el gasto de capital, permitiendo a los operadores de telecomunicaciones centrarse en mejores y diferenciados servicios.

En nuestro país la consolidación de los operadores de infraestructura neutra ha llevado a:

• Mayor cobertura 4G que en el resto de los países de la región (97% de la población, frente al 90%)
• La banda ancha inalámbrica es 12% más rápida que el resto (33 Mbps contra 29 Mbps)
• La inversión de capital es 31% mayor en los países con una mayor proporción de operadores independientes
• Los precios de banda ancha móvil como porcentaje de la renta per cápita representan 1/3 más bajo en los países con mayor base instalada de operadores de infraestructura independientes, en relación con el resto de los países
• Chile mantiene el liderazgo en el despliegue de torres independientes y de fibra óptica neutral, presentan a una población con la mayor adopción de banda ancha móvil y fija que en el resto de la región (65% frente al 58%)
• Así lo reportó Ookla en su informe más reciente, en el que destacó que el país sudamericano pasó de una media de 50.3 Mbps en 2020 a 205.96 Mbps en la segunda mitad de 2022
• América Latina y el Caribe invierte en telecomunicaciones móvil una cifra ponderada de 35,2 USD per cápita, por debajo de los 52 USD media mundial
• Chile 83 USDy Barbados 95 USD son los que más invierte por persona en toda la región

Este modelo ha sido exitoso hasta ahora, pero no hay posibilidad de avanzar y cumplir con más hogares conectados a una red fija, de extender la red hacia zonas rurales y suburbanas y desplegar una red 5G en tres años, con la interminable tramitología, con un mecanismo sobre burocrático y errático que retrasa el despliegue de infraestructura en promedio 20 meses. Sencillamente no es posible. La promesa de enfrentar la desigualdad digital, llegar con banda ancha a la actividad productiva campesina, aplicar inteligencia de datos y de computación a las pequeñas empresas y emprendedores locales, en el actual escenario no es posible.

El BID en el año 2022 identificó12.594 localidades subconectadas o desconectadas en el país, afectando a 814.598 de personas y 379.286 viviendas. El Ministerio de Agricultura reportó que en 96 comunas rezagadas, rurales y campesinas, hay 492 localidades donde no existen oferta o capacidad de la demanda para acceder a servicios de internet.

Chile no cuenta con una estrategia que promueva el despliegue de infraestructura digital, tiene uno que lo desincentiva. La paradoja es que son esas berreras aún así Chile se presenta liderando los indicadores en la región, pero con un enorme desafío para que nadie se quede atrás.

Se observan varias brechas digitales que afectan la demanda de servicios de telecomunicaciones e inhiben el desarrollo digital de Chile. Las principales brechas de acceso que se observan en la población son por nivel educativo (40 puntos de diferencia entre personas con nivel educativo bajo y alto); grupos de edad (45 puntos de diferencia entre el grupo de 16 a 24 años y el grupo de 55 a 74 años); ingreso del hogar (11 puntos de diferencia); entorno rural-urbano (12 puntos de diferencia). Asimismo se observa una brecha importante en la digitalización de las micro y pymes con respecto a las grandes empresas. En términos de competencias digitales de la población e innovación digital de las empresas, estamos entre los más rezagados con respecto a varios países de América Latina y de la OCDE (OCDE, 2021).

La OCDE le ha dicho a Chile en sus últimos reportes que se debe hacer cargo de las barreras identificadas para el despliegue de redes de transporte de internet.

Así, la existencia de varias regulaciones, distintas normas no armonizadas en distintos niveles del Estado; ausencia de una entidad única y centralizada que provea una guía y estándares unificados para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones; la regulación actual no contempla incentivos para la cooperación y compartición de infraestructura pasiva; no existe una concesión única para prestar servicios de telecomunicaciones; no existe incentivos para llegar a zonas desatendidas; no existe promoción para proveedores locales; sin regulación para facilitar los derechos de paso; no existe facilidad para que otras industrias como la eléctrica, agua, obras públicas, compartan sus con el sector telecomunicaciones; no existe una plataforma o mecanismo en donde el Estado compartan el inventario de sitios, construcciones o derechos de paso disponibles para desplegar infraestructura de telecomunicaciones; cada Dirección de Obras Municipales impone sus propios criteriosy no hay un mecanismo para apelar la negativa de los municipios, entre otros.

El desarrollo de la industria de infraestructura digital, vibrante y sostenible es fundamental para el desarrollo económico y social del país, lo que hace imperativo que la autoridad actualice las políticas y regulaciones para generar los incentivos adecuados para un sector que se ha convertido en el gran habilitante para el crecimiento y bienestar de la nación.