Hace unos días atrás, apareció una noticia internacional muy relevante. Un cable era el responsable de que tres funcionarios chilenos perdieran sus visas para ingresar a Estados Unidos. Ante la cantidad de información y desinformación existente al respecto -especialmente en torno a lo que constituye un cable submarino, el concepto de soberanía y los alcances de esta medida- es necesario analizar esta situación.
En primer lugar, cuando se habla de comunicaciones, los satélites no son los únicos que transportan la información, sino que, bajo el mar, existe una compleja red de cables que nos comunican con el mundo. Los cables submarinos cumplen una importantísima labor, llevar los datos (públicos, privados, gobiernos, empresas o civiles) a diferentes países, pues se encuentran conectados entre sí.
Desde el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera se estaba estudiando un cable que conectara Chile con el mundo, y luego de varias reuniones se aprobó uno, con la empresa Google, que uniría Chile con Australia (proyecto Humboldt). Una de sus principales características es que Chile participaba de la propiedad de este, por lo tanto, resguardaba soberanía en el plano digital, pero además este cable en Australia se uniría a otros que se dirigen al continente asiático.
¿Qué sucedió entonces? Estados Unidos sorprendió con las sanciones a tres funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones: el ministro Juan Carlos Muñoz, el subsecretario Claudio Araya y su jefe de gabinete Guillermo Petersen, a raíz de un nuevo proyecto de cable submarino que conectaría Chile (Valparaíso) y China (Hong Kong). Lo que se mantuvo como una negociación de bajo perfil durante meses, mostró que el gobierno estaba en conversaciones con una empresa china en torno a una concesión de este tipo (China Mobile, a través de su filial CMI Chile SpA) donde este nuevo cable tenía una gran diferencia, ya que la propiedad se encontraba en manos chinas.
Esto significa que cualquier información de las bases de datos chilenas, quedaría al resguardo del gobierno chino -dueño de la compañía China Mobile- lo que claramente constituye un riesgo, pues en materia de telecomunicaciones es conocido el sistema de férreo control chino en variados aspectos, como redes sociales, acceso de la información por parte de la población e inclusive vetando empresas que no pueden funcionar en su territorio (ejemplo Google). Todos los datos de Chile quedaban con este proyecto en manos de China, porque la propiedad del cable les pertenecía a ellos.
En este juego geopolítico, Estados Unidos interviene, pues quien tenga acceso a la información puede comprometer la seguridad hemisférica. En esta lógica de disputa entre las potencias, el cable de Google era factible, porque accedía a datos, no a su soberanía, no así su contraparte china, que si se quedaba con ellos.
Aunque muchos no lo consideren, el ejemplo de Chancay es una muestra clara de lo que ocurre en ciertas negociaciones, pues Perú mostró su nuevo puerto como salida de mercaderías de América del Sur posteriormente el gobierno se percató -mediante un fallo judicial- que no puede fiscalizar dichas instalaciones porque es propiedad privada, de la cual un 60% es de una empresa china (Cosco Shipping Ports Limited, parte de Cosco, naviera propiedad del gobierno chino).
Los alcances de esta situación son, hasta el momento, acotados, ya que solo afecta a tres funcionarios chilenos y sus familias, pero podrían ser mayores si Estados Unidos cancelara el programa de Visa Waiver para todos los chilenos. En este momento, nuestro país se encuentra en medio de una disputa geopolítica que se debe manejar con cautela y precaución, porque nos esta mostrando el escenario internacional en que nos estamos moviendo en pleno siglo XXI.
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