En Chile, todos los días mueren en torno a 35 mujeres de cáncer.
Sí: 35. Cada día.
Siete de ellas mueren de cáncer de mama o cervicouterino. Y esto no es porque la ciencia haya fallado. Existe una vacuna para prevenir el cáncer cervicouterino. Existe tamizaje. Existe tratamiento. Lo que no llega a tiempo es el sistema. Esa es, quizás, la otra cara del mes de la mujer. La que no aparece en los indicadores de participación ni en los avances institucionales, pero que se expresa con crudeza en salud: seguimos llegando tarde donde más importa llegar a tiempo.
Un estudio del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo mostró que, en 2025, el cáncer cervicouterino fue la patología con mayor retraso en las garantías GES. Y detrás de cada diagnóstico tardío hay una verdad que incomoda, porque no es la innovación biomédica lo que falló, sino nuestro sistema, nuestra política pública.
No son cifras abstractas. Son madres, hijas, mujeres en plena vida. Y, muchas veces, son historias que podrían haber sido distintas si el sistema hubiera llegado antes. Por eso, la alerta sanitaria oncológica recientemente declarada es una señal relevante. No solo porque reconoce la magnitud del problema -más de 27 mil personas esperando atención, de las cuales más del 60% son mujeres-, sino porque abre una oportunidad para hacer las cosas mejor. Y sabemos que es posible.
En 2024, el Hospital El Carmen de Maipú abrió sus puertas a un piloto: un trabajo colaborativo entre el sistema público, la academia -a través del Centro de Innovación Pública de la UC- y la Cámara de la Innovación Farmacéutica como sector privado, que logró reducir en 32,5% los tiempos de diagnóstico oncológico. Sin nuevos recursos. Sin infraestructura adicional. Solo mejorando la gestión, ordenando procesos y poniendo a las personas en el centro.
Esa experiencia deja una enseñanza clara: cuando alineamos capacidades, los resultados cambian.
Pero hay una segunda dimensión que no podemos seguir postergando. Muchas de las mujeres que hoy están en lista de espera llegarán al sistema con cáncer en etapas más avanzadas, donde el acceso a la innovación es clave como condición para mejorar su pronóstico de vida. Y ahí el cuadro es igualmente preocupante.
El estudio Patient W.A.I.T. Indicator 2025 revela un dato que merece leerse dos veces: de cada cuatro medicamentos oncológicos registrados en Chile, tres no están disponibles en el sistema público. El 54% existe solo en el sistema privado; apenas el 25% alcanza alguna cobertura pública y solo el 4% cobertura universal. Dicho de otra manera, en Chile hay innovación farmacéutica disponible, pero a ella acceden mayoritariamente quienes tienen salud privada. Para las mujeres con Fonasa -que son la mayoría, y las que concentran la mayor mortalidad por cáncer- la frontera del acceso no está en la ciencia ni en la regulación: está en el ingreso.
Aquí es donde herramientas como los acuerdos de riesgo compartido cobran especial relevancia. Permiten vincular el financiamiento de tratamientos a resultados concretos en salud, alineando incentivos entre el Estado y la industria, y facilitando el acceso oportuno a terapias innovadoras sin comprometer la sostenibilidad fiscal. No son una promesa teórica: son una política aplicada con éxito en múltiples países, y que en Chile aún es incipiente. No son una promesa teórica: hoy forman parte de la política pública chilena y el propio Ministerio de Salud los ha utilizado recientemente para ampliar cobertura oncológica.
Los ensayos clínicos, por su parte, muestran un potencial enorme que hoy estamos desaprovechando. Chile ha sido líder regional en esta materia, y cada estudio abre una puerta concreta a tratamientos de última generación. Sin embargo, en el último tiempo, los procesos se han ralentizado y muchos pacientes del sistema público siguen sin acceder a estas oportunidades.
Recuperar esa capacidad no es solo una apuesta por la innovación o la competitividad del país; es también una forma concreta de contribuir a acortar la brecha de la lista de espera oncológica. Cerrar esa brecha no requiere partir de cero. Requiere coordinación, decisión y una mirada compartida de futuro.
Porque esta no es solo una discusión sanitaria. Es una definición de país. Si queremos un sistema de salud más equitativo, más oportuno y conectado con los avances de la ciencia, este es el momento de dar ese paso.
Las mujeres que hoy esperan no necesitan discursos. Necesitan algo mucho más simple, y mucho más exigente: que el sistema llegue a tiempo. Y en esa tarea, nadie sobra. El desafío es colectivo. Y también lo es la oportunidad.
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