La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei en Argentina no es solo un proceso interno, es una señal política para toda la región y, particularmente, debe ser considerada como una advertencia para Chile. Cuando el trabajo se redefine desde la lógica de la competitividad desde la perspectiva de los empleadores sin que tengan contrapesos sociales, los derechos laborales pasan a ser vistos como costos, y no como pilares de la democracia.
Lo que hoy ocurre en Argentina -flexibilización arbitraria de jornadas, debilitamiento de la negociación colectiva, facilidades para el despido y restricciones al derecho a huelga- responde a una concepción del desarrollo donde el crecimiento económico se plantea como el retroceso total en condiciones laborales e incompatible con la organización sindical. Es una mirada que ya conocemos en América Latina: cada vez que se instala, el resultado es precarización, fragmentación del mundo del trabajo y concentración del poder en el empleador.
Chile no está ajeno a este escenario. La llegada de un nuevo gobierno abre un ciclo en que el debate laboral volverá a estar en el centro de la discusión pública. Las señales en materia programática apuntan a mayor flexibilidad del mercado del trabajo, énfasis en la productividad y fortalecimiento de la negociación individual. A esto se suma el nombramiento de un ministro del Trabajo con una trayectoria marcada por el enfoque técnico-económico del empleo, lo que anticipa reformas donde el "excel" quiera disfrazar la eficiencia, lo que a la larga termina primando por sobre la protección de derechos.
No se trata de comparar realidades de forma mecánica. Argentina y Chile tienen historias sindicales distintas, institucionalidades diferentes y correlaciones de fuerza propias. Pero sí es evidente que el continente atraviesa un momento en que el trabajo vuelve a ser terreno de disputa ideológica, política y técnica, siendo quizás uno de los pilares más importantes del proceso de contrarreformas que impulsan los sectores de extrema derecha en diferentes partes del mundo. Es el rol del trabajo y los trabajadores una de las principales disputas de la "batalla cultural" que vemos día a día.
Y en ese terreno, la experiencia histórica es clara: cuando el sindicalismo se debilita, los derechos retroceden.
Nada de lo que hoy entendemos como derechos laborales -jornada, indemnización, negociación colectiva, seguridad social- fue un regalo. Todo ha sido resultado de organización, movilización y lucha social. Esa memoria no es nostalgia; es una advertencia.
Chile enfrenta, por tanto, una tarea mayor. El movimiento sindical debe asumir un rol articulador frente a un escenario donde podrían instalarse reformas que tensionen las conquistas históricas del mundo del trabajo. No basta con reaccionar cuando los proyectos estén presentados. Se requiere anticipación política, capacidad de unidad y construcción de mayoría social.
En ello la Central Unitaria de Trabajadores tiene en esto una responsabilidad histórica. No solo como actor gremial, sino como articulador de un proyecto de país donde el desarrollo no se construya a costa del trabajo, sino con trabajo digno como base. Eso implica fortalecer la organización en los territorios, recuperar la capacidad de movilización y volver a instalar en la agenda pública una idea fundamental: el trabajo no es una mercancía, es un derecho social.
El riesgo de este tiempo es que el debate laboral quede atrapado en cifras de productividad, crecimiento o inversión, sin considerar la vida concreta de millones de trabajadores y trabajadoras. Cuando eso ocurre, el empleo se precariza y la democracia se debilita, porque el trabajo es también integración social, estabilidad y dignidad.
La experiencia argentina muestra que las reformas laborales no son neutras. Reconfiguran el poder en la sociedad. Por eso, la respuesta no puede ser solo técnica ni institucional. Debe ser política y social.
El sindicalismo chileno debe volver a mirarse como actor histórico. Capaz de convocar, de proponer, de movilizar y de disputar el sentido del desarrollo. No desde la nostalgia ni la resistencia pasiva, sino desde la convicción de que sin derechos laborales no hay cohesión social ni democracia sólida.
El momento exige unidad del movimiento sindical, articulación con organizaciones sociales y una CUT activa, con iniciativa y presencia en la discusión nacional. Porque cuando el trabajo se debilita, se debilita el país.
Y cuando las y los trabajadores se organizan, la historia vuelve a moverse.
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