Prioridades cruzadas: la salud de las familias no se negocia
Detrás de cada cifra en una planilla hay realidades que no se pueden borrar con discursos de austeridad. Y eso es precisamente lo que hoy parece no entender el Gobierno. En los últimos días hemos conocido millonarios recortes que golpean directamente a la salud pública. Pero quizás lo más grave no son solo los recortes en sí, sino la naturalidad con que se intenta justificar lo injustificable.
Hemos escuchado al ministro de Hacienda afirmar que "a veces, con menos recursos, se hace más". Y desde la derecha incluso se ha intentado instalar la idea de que estos ajustes afectarían la gestión hospitalaria, pero no a los pacientes. Eso no solo es falso. Es una demostración brutal de desconexión con la realidad que viven millones de personas en Chile.
Cualquiera que use o trabaje en el sistema público sabe perfectamente lo que significa quitar recursos a los hospitales: listas de espera más largas, cirugías suspendidas, menos especialistas y programas comunitarios debilitados. No hablamos de gastos innecesarios. Hablamos del derecho a la salud y, muchas veces, literalmente, del derecho a vivir.
En nuestra región esto tiene consecuencias concretas. ¿Le van a decir a las familias usuarias del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca o del Hospital de Quilpué que ahora tendrán que "hacer más con menos"? Recintos que ya enfrentan enormes desafíos en tiempos de espera y cobertura médica, no pueden transformarse en el laboratorio de los ajustes presupuestarios del gobierno.
Y la situación es todavía más grave cuando hablamos de programas de atención domiciliaria. Equipos de salud que atienden a personas postradas, enfermos terminales o pacientes con dependencia severa podrían verse afectados mientras el gobierno insiste en hablar de "eficiencia". Pero no hay nada eficiente en abandonar a las familias más vulnerables y trasladar aún más carga a las cuidadoras, que en su mayoría son mujeres.
Y aquí aparece la contradicción política más brutal de todas. Mientras el Gobierno recorta millones en salud, educación, deporte y programas sociales, al mismo tiempo impulsa una megareforma tributaria encubierta que garantiza beneficios y estabilidad a grandes grupos económicos por los próximos 25 años.
Ese es el verdadero debate de fondo. Nos dicen que "no hay recursos" para sostener hospitales o fortalecer servicios esenciales. Pero sí aparecen recursos y rapidez legislativa cuando se trata de asegurar certezas tributarias a los sectores más ricos del país.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿La austeridad solo aplica para las familias? Porque cuesta aceptar que un gobierno que ajusta recursos en áreas sensibles pretenda al mismo tiempo hipotecar recursos futuros del Estado para favorecer a quienes más tienen.
Y eso no es eficiencia. Son prioridades políticas. La salud pública no puede transformarse en la variable de ajuste para financiar privilegios tributarios. Porque gobernar también es decidir a quién se protege primero, y hoy el Gobierno está dejando demasiado claro cuáles son sus prioridades.